Constituyente: Los tropiezos en el camino para la recolección de las firmas

El proceso de recolección de firmas para convocar a una asamblea constituyente paralela ha enfrentado obstáculos que se han visto reflejados en el número de personas que respaldan la iniciativa.

La escasez de recursos económicos, el desconocimiento y la desconfianza de la ciudadanía en el tema, los novedosos medios para colectar las firmas y las restricciones de movilidad impuestas para reducir los contagios de la enfermedad del coronavirus son algunos de los problemas que mencionan políticos, abogados y activistas, que son miembros de distintas iniciativas que promueven el cambio constitucional.

Al corte del 9 de julio de 2021, el Movimiento Justicia Social, Movimiento Ciudadano Panamá Decide y Firmo por Panamá (5,052) sumaban 10,479 firmas de las más de medio millón que se requieren para que se convoque a un proceso constituyente.

En promedio, las tres iniciativas deben reunir al menos 96 mil firmas mensuales para alcanzar lo exigido por la ley en un periodo de seis meses. Los miembros de las diferentes organizaciones que promueven los cambios al contrato social son optimistas y esperan que con el pasar de los meses y la docencia, los panameños tomen conciencia de la importancia y respalden con sus rúbricas los cambios constitucionales.

A cuatro de los seis meses exigidos para la recolección de 580,742 firmas, el Movimiento Justicia Social, que es presidido por el abogado, José Luis Galloway Logan solo ha logrado 311 firmas.

“Sabíamos que no sería fácil, pero vamos a luchar y a alcanzar la victoria. Vamos a conseguir esas firmas. Y, si tenemos que unirnos con otros grupos, lo vamos a hacer”, comentó previamente el abogado.

El Movimiento Ciudadano Panamá Decide, que preside Carlos Ernesto González Ramírez, ha recogido 4,000 en los primeros veinticinco días.

Juan Mackay, vocero y directivo del Movimiento Ciudadano Panamá Decide, reconoció que las restricciones de movilidad impuestas para reducir los contagios del virus SARS-CoV-2, la escasez de fondos y la falta de libros para estampar las firmas, han entorpecido el proceso.

“(Quisiera) que el Tribunal Electoral (TE) nos hiciera la vida más fácil. Las aplicaciones para hacerlo existen. Ojalá existieran fondos…”, añadió.

El movimiento tuvo que prescindir de los servicios de Antonio Sanmartín, asesor político, porque no contaban con los recursos económicos para mantenerlo en la estructura. Aún así el grupo se mantiene optimista.

“Esta no es una carrera de velocidad sino de resistencia”, dijo Mackay, quien recordó que los panameños acostumbran a dejar todo para última hora. Con esa filosofía, el vocero del movimiento ciudadano espera que en el transcurso de los meses la población se vuelque a estampar sus firmas.

Firmo Por Panamá, que está conformado por una coalición de partidos políticos de oposición, tiene mayor cantidad de firmas. Ha recogido en los primeros 17 días, 10,479.

Raúl Rodríguez, miembro de Partido Alternativa Independiente Social (PAIS), una de las agrupaciones políticas que conforma Firmo por Panamá, cree que una de los tropiezos que ha experimentado el proceso es consecuencia de la plataforma del TE, que permite colectar las firmas. Afirma que es lenta y que provoca que las personas se cansen de esperar la conclusión del trámite.

El político recomendó al TE colocar mesas estacionarias con libros a nivel nacional para facilitar el proceso.

Rafael Ponce, abogado y miembro de la secretaría jurídica del partido Cambio Democrático (CD), otro de los tres partidos opositores que conforma Firmo por Panamá, concuerda en que los métodos establecidos para la recolección de las firmas no han facilitado el trabajo.

Ponce reveló que en los próximos días esperan comenzar con proyectos publicitarios que promuevan la iniciativa ciudadana y ayuden a abrir el camino para un nuevo contrato social.

En una histórica jornada, en el Parque de Santa Ana, escenario de importantes luchas patrióticas, Firmo por Panamá organizó un evento para recolección de firmas, el sábado.

El abogado y presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz reconoce que existe desconocimiento de los ciudadanos del tema.

“Creo que el mayor reto es que el ciudadano comprenda el mecanismo contemplado en la constitución en su Artículo 314. Para esto siempre se requiere un diálogo franco sobre el futuro del país”, expresó Araúz.

A juicio del presidente del gremio de juristas, el número de firmas solo puede ser analizado en función de las personas ilustradas sobre el tema. Pero, mientras no exista el mismo nivel de comprensión de los ciudadanos, podría interpretarse que existe un margen de rechazo a la iniciativa ciudadana. Sin embargo, no se puede rechazar lo que no se comprende plenamente, explicó. “Por esa razón, el mecanismo aún no puede ser analizado como una fórmula de rechazo”, aclaró el jurista.

“Enfrentamos un gran reto, sobre todo, tomando en cuenta los desafíos políticos, sociales y económicos que atravesamos todos. El proceso es dinámico y requiere que todos nos involucremos”, dijo Abraham Carrasquilla, abogado y miembro del movimiento Firmo por Panamá.

Carrasquilla reconoce que el proceso de cambio social es complejo y que existe una gran desconfianza y descontento en la ciudadanía que podría incidir en el proceso de recolección de firmas.

Sin embargo, Carrasquilla apuesta a un país de luchas, a una democracia que debe fortalecerse con el ejercicio ciudadano.

El decreto 2 del 4 de febrero de 2021 reglamenta el trámite de recolección de firmas para la convocatoria a la asamblea constituyente paralela por iniciativa ciudadana. La norma indica que varias iniciativas pueden organizarse simultáneamente y las firmas que obtengan se podrán sumar para consolidar una sola propuesta, si lo deciden expresamente por escrito y lo comunican al TE.

El magistrado del TE Heriberto Araúz aseguró que siempre es propicio que el país revise su Constitución Política. Y estima que de recolectar las firmas, todo el año 2022 y gran parte de 2023, el país estará abocado al fenómeno de la asamblea constituyente. Incluso, el proceso de la constituyente podría coincidir con los planes para el desarrollo de las elecciones de 2024.

En cuanto a costos, Araúz explicó que solo el referéndum para decidir sobre la constituyente se estima entre $15 millones y $20 millones.

En una entrevista previa con La Estrella Panamá, el abogado Carlos Bolívar Pedreschi reconoció que es necesario hacer cambios a la Constitución Política de la República de Panamá. Sin embargo, aclaró que “si se producen cambios aun positivos en la constitución política, pero no se producen cambios en la constitución moral, cívica y cultural de nuestros dirigentes políticos y de nuestros electores, ningún cambio positivo debemos esperar de una nueva y aun buena constitución”.

El también abogado y constitucionalista Edgardo Molino Mola coincide con su amigo y colega Pedreschi.

“Creo que es necesario una nueva Constitución, porque el sistema electoral actual favorece el clientelismo político y una representación que solo busca sus intereses personales en detrimento de los intereses nacionales y regionales, en la existencia de un excesivo poder presidencial que hay que reducir para poder tener un mejor equilibrio de los poderes legislativo y judicial, reducir el número de diputados, eliminar suplentes, restringir la reelección a períodos alternos o a una sola vez, que los diputados no juzguen a los magistrados y que se prohíban todos los privilegios por razón del cargo de diputados”, concluyó el constitucionalista.