Olga de Obaldía: Corrupción, principal problema del país

La población panameña está despertando. Hace algunos años, los ciudadanos no veían la corrupción como un problema que les afectara, pero en estos tiempos lo perciben como el principal escollo que tienen que enfrentar.

En 2019, el Barómetro Global contra la Corrupción dictaminó que la mayoría de la población panameña consideró que los actos de corrupción en el país habían aumentado, y los veían como el problema más grave que sufre el país.

“Y esa percepción aumentó en 2020”, asegura Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, quien advierte que tenemos una crisis de gobernabilidad desde el punto de vista de la confianza ciudadana en el gobierno que ejerce el poder ahora mismo.

Lo que sucede en Panamá es preocupante y peligroso, afirma de Obaldía, y asegura que una de las razones por las que la gente está despertando es porque está viendo en números lo que el país pierde como consecuencia de la corrupción.

El Fondo Monetario Internacional calcula que en Panamá se pierde cerca del 2% del producto interno bruto (PIB), a causa de la corrupción. El PIB está por los 52 mil millones de dólares al año, y el 2% corresponde a mil 40 millones de dólares que se embolsillan los corruptos en detrimento de la población.

Cuántas cosas se hubiesen podido hacer con esa plata para beneficio del país y de su gente, en materia de educación, salud y otros, reflexiona de Obaldía, quien siempre ha estado involucrada en las luchas en favor de la democracia, la libertad y la justicia.

Con tono de voz que denota preocupación, afirma que tenemos que armar un mejor sistema para las próximas generaciones, que no acabe con los recursos. Para lograrlo, subraya, tenemos que erradicar la corrupción que es la raíz del problema. “Se trata de personas que se aprovechan de los accesos al poder, de la información privilegiada... son conflictos de intereses que al final lo que dan son resultados para sus bolsillos... lamentable”.

Conversamos con de Obaldía con motivo de los resultados del Reporte Sombra de la Implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, en Panamá, el cual se refiere a la paz, la justicia e instituciones sólidas.

Definitivamente, Panamá tiene fortaleza en el marco normativo. Tal y como señalas, se han ido aprobando normas en estos últimos años, especialmente con la idea de fortalecer la capacidad de evitar los flujos ilícitos o el lavado de activos. Sin embargo, la investigación también arroja que tenemos una especie de vacío en la aplicación de ese marco normativo, porque cuando vas a ver en el tema del lavado de activos, por ejemplo, tenemos que hasta la fecha no hay un solo banco procesado por blanqueo de capitales.

Sabemos que aquí ha habido blanqueo de activos en el tema de contrataciones públicas con la empresa Odebrecht, también está el caso Blue Apple. Estos son los casos más grandes, porque tienen una denominación en cuanto a la cantidad de dinero, pero también en casos pequeños vemos que existe la normativa, mas no necesariamente existe la prevención desde la aplicación de la norma.

En cuanto a normas tenemos grandes vacíos, por ejemplo, en Panamá la normativa sobre sobornos es dirigida al funcionario que la recibe. ¿Y qué pasa con esa empresa del sector privado cuando paga sobornos? Eso es un problema, porque si creemos que la corrupción solamente se va a resolver normando el ámbito público, entonces no estamos viendo el tema de la corrupción en todos los sentidos.

Lo que dices es muy cierto, la Ley de Contrataciones Públicas ya lleva su reforma número 14, en 15 años. La reforma de 2020 queda incompleta si queremos hablar de una verdadera transparencia en la contratación pública y, efectivamente, existen otras normativas, inclusive, fuera de la Ley de Transparencia, como el Código Fiscal y otras normativas que ya establecen limitaciones y prohibiciones a las compañías que hayan sido condenadas por actos de corrupción o de fraude, aquellas que hayan producido una lesión patrimonial al Estado y además culposa, y vemos cómo, en la práctica, todavía son contratadas por el Estado, lo que genera esa falta de confianza gigantesca que estamos teniendo en la gestión del Estado.

En Panamá lo que se produce son acuerdos tras acuerdos, donde se permite que el que está confesando mantenga o disponga o se quede con parte de lo robado; también se han producido algunos acuerdos en los que la persona devolvió por delante lo obtenido de manera ilícita y eso lleva como consecuencia que ni siquiera la procesen, y eso no es correcto, pues esa acción no es un eximente de responsabilidad.

El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, el último día de la última legislatura antes que iniciara este periodo legislativo, presentó tres proyectos de ley ante la Asamblea, uno de ellos es, precisamente, sobre la extinción de dominio de bienes adquiridos de forma ilícita. Esa ley sí nos pudiera llevar a recuperar los bienes obtenidos de manera ilícita.

Existe una gran brecha entre el número de casos por corrupción de alto perfil y el número de sentencias, lo que denota impunidad de hecho, y es por la falta de acción de la justicia frente a lo que dice la ley, porque nosotros tenemos todo un capítulo en el Código Penal sobre corrupción de servidores públicos, pero cuanto se aplica en la realidad, vemos que, efectivamente, existe una gran brecha.

En la medición global de la corrupción realizada en 2020, Panamá todavía descendió un punto más y quedamos 35 sobre 100, siendo cero lo más opaco y 100 lo más transparente, estamos 10 puntos por debajo de la media de la región latinoamericana, lo que abona a lo negativo que nos ven los otros países y cómo nos califican.

En cuanto a tu pregunta específica sobre el Barómetro Global, te informo que la encuesta se hizo cara a cara, entre los tres primeros meses del año 2019, justo antes de las elecciones y ya había una gran  percepción en el país de que la corrupción es un gran problema.

Tenemos una  crisis de gobernabilidad desde el punto de vista de la confianza ciudadana en el gobierno que ejerce el poder ahora mismo, y cuando tú me preguntas cuál es mi impresión de esto, por qué la ciudadanía tiene esa opinión, te puedo responder que hay distintas teorías, una de ellas está en los números de lo que el país pierde producto de la corrupción; la otra es la experiencia directa que tiene la gente de ver los manejos clientelistas que se dan desde el gobierno central, el poder ejecutivo y el legislativo; la otra cosa que también ha impregnado el imaginario popular es que la brecha que hay con la justicia no es simplemente producto de la falta de recursos o de errores de la gestión, sino que también tiene que ver con la corrupción.

Ese impacto que causa la corrupción produce un doble efecto negativo: por un lado, va socavando la confianza ciudadana en todos los procesos de los servicios que el Estado da, y, por el otro, va generando una confusión en la ciudadanía.

Por supuesto. A raíz de todo lo que sucede, la gente se pregunta si la democracia le sirve o no le sirve, y eso nos está llevando a un camino muy peligroso donde hay discursos políticos que se van separando de los principios democráticos y es allí donde realmente el efecto de esto puede tener un impacto que va directamente a la gobernabilidad, porque nuestros políticos no han aprendido que el voto ciudadano no es un cheque en blanco.

Es un elemento esencial que el Estado a veces no quiere atender. El lavado de activos y la información pública están íntimamente relacionados. En acceso a la información pública, tenemos una calificación media, porque contamos con la ley, pero estamos viendo un retroceso en la transparencia proactiva de las instituciones y en la voluntad de transparentar.