Proyecto de ley sobre cannabis medicinal aún genera inquietudes entre pacientes

Con la aprobación en tercer debate del proyecto de ley 153, que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados, Panamá avanza en materia de derechos de salud pública. No obstante, la iniciativa genera inquietudes a los pacientes agrupados en la Asociación de Cannabis en Panamá (Apacon) y en la Fundación Buscando Alternativas, ambas en formación, porque no les queda claro algunos de los 83 artículos que lo componen.

A Gabriel Menasche, miembro de Apacon, le preocupa el tema de la licencia que otorgarán a las farmacéuticas que distribuirán los productos, ya que en Panamá las que cumplen con los requisitos de una licencia por más de 10 años solo lo cumplen algunas empresas, lo que pareciera a la luz un "negociado", ya que lo limita, cuando para recibir la licencia debería darse un tipo de fiscalización del Ministerio de Salud, y así otros negocios locales e internacionales con la capacidad pueden aspirar a obtener la licencia.

"Nos preocupa y no nos queda claro el tema de farmacéutica, ya que en Panamá solo seis empresas cumplen con los requisitos, lo que cierra y limita al mercado en lugar de abrirlo tanto para empresas locales como aquellas extranjeras interesadas en invertir", dijo Menasche.

El representante de la Apacon también cuestionó el hecho del uso de vaporizadores eléctricos, ya que otra ley los prohíbe, cuando estos dispositivos son la única forma de atender a pacientes con patologías como la epilepsia.

"En un momento de crisis, la forma de que un medicamento estabilice a una persona es llegar al torrente sanguino a través de inyectables, la otra forma es a través de inhalación o pulmonar; no obstante, un paciente epiléptico con la ley queda desprotegido, ya que al momento de la convulsión se dificulta la inyectable y los vaporizadores están prohibidos", afirmó el representante de la organización en formación.

A Menasche le parece curioso que el mismo diputado que propuso la iniciativa del cannabis medicinal sea el mismo que también prohibió el uso en Panamá de los vaporizadores eléctricos, cuando estos dispositivos son especiales para los medicamentos con CBD o cannabidiol.

En Panamá, la comercialización de estos productos es ilegal a falta de una ley, por lo que los pacientes se ven en la necesidad de importar el medicamento ya sea en gotas, sublingual, tópico, loción, comestibles y vaporizador desde otros países con mayor experiencia en el tema.

Por su parte, Carlos Ossa, quien padece desde hace cuatro años de esclerosis múltiple, ve la iniciativa con buenos ojos.

Al mes Ossa invierte $100 para aliviar su padecimiento, y aunque cree y sabe que Panamá se estaría convirtiendo en el primer país de Centroamérica con una ley sobre el cannabis medicinal, indicó que una vez el presidente avale la propuesta de ley, lo primero será conseguir la reglamentación, ya que allí es donde se define, pues muchos de los artículos no tiene pie ni cabeza.

Tal es el caso de establecer que las importaciones de productos con cannabis medicinal, que se realizan hoy de forma ilegal, sean por apenas dos años tras la entrada en vigencia. "No me parece justo, ya que llevó años consumiendo el mismo producto y marca".

Ossa se refiere a que quién le garantiza que un nuevo producto cumplirá con la calidad y las propiedades del que hoy de forma ilegal al no existir una ley consume.

Los productos con cannabis medicinal son consumidos por pacientes de epilepsia refractiva, dolor crónico, artritis, esclerosis múltiple, párkinson y cáncer, que este último funciona como complemento de la quimioterapia.

"Como paciente estoy contento de los avances, esto es un gran logro. No es una ley perfecta ni tal vez la ideal, pero definitivamente el primer paso de algo justo y necesario".

Y agregó: "Igual la lucha apenas empieza, esto sigue después viene lo más importante que es la reglamentación (que se haga bien y a tiempo) porque hasta que no se reglamente seguiremos en lo mismo, obligados a cometer ilegalidades por necesidad y seguiremos estando expuestos al mercado ilegal donde no se garantiza un producto sano, seguro, accesible ni de calidad".