'Panamá primero, hasta ahora hemos sido promundi beneficio'

El recién aprobado proyecto de Ley 598, que regula el Cabotaje y el Comercio Interior en las Aguas de la República de Panamá, ha llegado para corregir la distorsión de mercado que sufre la Industria Marítima auxiliar en este momento, la cual se encuentra en total estado de indefensión frente a un grupo de empresas extranjeras que están luchando por mantener las ventajas competitivas de las que gozan, en detrimento de los intereses del país, denunció Juan Felipe Pitty, asesor legal de la Asociación de Armadores Panameños.

Pitty explicó, en una entrevista con La Estrella de Panamá, la situación que enfrenta la industria marítima local ante la falta de una legislación que regule el sector y denunció los intereses económicos que hay detrás de unos “escasos individuos panameños” que se benefician de la toma de las aguas nacionales por parte de unas cuantas empresas, que argumentan precisamente, infracciones al mismo libre mercado ya violentado por el actuar de sus clientes y mecenas.

El debate ha dejado claro una cruda realidad: La industria marítima panameña no pertenece a Panamá. Pese a que nuestro país cuenta con intereses marítimos legítimos alimentados por la infraestructura única de un Canal Interoceánico, por donde transita el 5% del comercio marítimo mundial, un pabellón respetado a nivel planetario y recursos naturales amplísimos y dada la extensión comparativamente inusual de su zona económica exclusiva, no cuenta con una industria marítima con una fuerza acorde con este proverbial mar de posibilidades. Tanto es así que, aunque el Canal y las industrias conexas generan alrededor de un 15% del PIB en país, el aporte de la industria marítima auxiliar no aporta significativamente en este conglomerado, estando este más acorde a un margen de error que a un subsector pujante de la industria panameña.

Existen intereses que han incidido en mantener por años tal situación: Las empresas marítimas extranjeras que traen sus buques a realizar trabajos de distinta índole en aguas panameñas, se han estado aprovechando del tráfico de buques, el mismo tráfico aumentado que fue prometido durante el evento de la ampliación del Canal de Panamá que beneficiaría a los panameños, situación que las estadísticas más optimistas, han desmentido inmisericordemente.

Estas empresas, en teoría, “gastan en el país” y “traen inversión”, sin embargo, el esquema del que disfrutan, les exime de pagar impuestos en el país, de emplear colaboradores panameños, y les permite que los réditos de tales inversiones se fuguen de las aguas que les permitieron en primer lugar.

La competitividad no es una genuflexión y no presupone el dominio de los extranjeros por encima de los nacionales. Resulta irónico que aún quienes pertenecemos al sector marítimo nos quejemos de que “Panamá vive de espaldas al mar”, cuando sus beneficios son gozados casi con exclusividad por extranjeros, mientras que la industria marítima auxiliar panameña debe competir, a contrario sensu, pagando impuestos, planillas, salarios, seguro social, violentándose en las mismas aguas que los vieron nacer a ellos y sus colaboradores. A lo que apelamos es a que se cumpla el principio esencial del libre mercado: La igualdad de condiciones en la competencia comercial.

Esta es una medida parecida a la tomada en la materia por países como Chile, Estados Unidos y los países miembros de la Unión Europea, todas potencias marítimas. Cabe destacar que la mayoría de estos países reservan el 100% del cabotaje para sus nacionales y emiten otros tipos de restricciones para los extranjeros, es decir que ningún panameño podría realizar actividades en las aguas de esos países.

Esta propuesta de ley contiene varios tipos de disposiciones de relevancia marítima y ambiental: Aumenta la facultad de inspectoría de la Autoridad Marítima de Panamá a los diferentes tipos de embarcaciones, establece un procedimiento para la atención a las especies náufragas y otros peligros de la navegación, así como varias medidas tendientes a operativizar la Estrategia Marítima Nacional, la cual, al día de hoy, ha sido un tema abstracto en el panameño común. También garantiza la estabilidad de la mano de obra panameña al establecer que la tripulación de naves que presten servicios marítimos auxiliares deberá estar integrada por al menos 90% de nacionales panameños.