Movilización: los nuevos y criticados gastos al erario público

Parece que sigue la cultura del juega vivo, heredada y construida con ejemplos al más alto nivel. La ley señala el salario que deben devengar los alcaldes, sin embargo, algunos ejemplos indican que los acuerdos con los consejos municipales rinden frutos, y es a través de ese mecanismo que se hacen de otras partidas y recompensan lo que el salario no permite. Por otra parte, tampoco se activan los controles que otras instituciones deben tener.

Es totalmente injusto, desigual y contradictorio a la ley, es una práctica de abuso de los recursos que los contribuyentes pagan. Cuando cada una de las autoridades elegidas se candidatizaron, sabían qué salario devengarían. Pretender por otros mecanismos hacerse de recursos adiciones, define la calidad de la persona y el respeto que tiene a su circunscripción electoral.

Creo que frente a eso, hay que revisar la ley de salario y gastos de representación de los funcionarios elegidos; además, revisar qué implica asignar gastos adicionales como movilizaciones superiores a los salarios devengados para las arcas municipales, y la disparidad entre los municipios por aquellos de los que son sostenibles por las contribuciones que generan, y los municipios subsidiados que con esfuerzos logran mantener un balance presupuestario. Informaciones dan cuenta, según datos de la Contraloría, que el 40% de los 77 alcaldes de Panamá gozan de licencia con sueldo.

El papel que la Contraloría juega en toda esta maraña de funcionarios que buscan mecanismos quizá lícitos, pero no siempre éticos, me parece insuficiente y opaco.

Creo que es difícil definir el desempeño de las autoridades elegidas en términos generales, pues siempre hay muchos que ejercen sus funciones de manera ética, con responsabilidad. Sin embargo, esto se ve empañado por los pocos que en atención al ejercicio de poder se hacen de los recursos, contribuyendo con ello a mantener prácticas de corrupción que en nada benefician a las comunidades ni al país.

En medio del llamado a austeridad lanzado por el presidente del país, manda un mensaje confuso y negativo que algunos alcaldes y ediles, sin justificación alguna, se incrementen sus ingresos. Resulta aún más disonante cuando más de 60 mil panameños han quedado cesantes de sus trabajos, siendo los nuevos desempleados de la nación. Sin duda algunas autoridades elegidas conciben la administración pública como un festín, donde las arcas del Estado parecieran ser la piñata.

Por supuesto que no. Con tantas necesidades por las que atraviesa nuestra ciudadanía, y con la cantidad de tareas pendientes de los municipios no tiene sentido el aumento en el renglón de movilización para unos cuantos ediles que actualmente gozan de salarios no solo atractivos, sino superiores a los de la mayoría de panameños.

Un engranaje judicial enfermo, fallido y selectivo, donde en toda la geografía se conocen sus falencias y poca efectividad para juzgar a personas vinculadas a puestos políticos, gobiernos, clanes familiares y grupos económicos, no solo alienta la impunidad, sino que permite a estas personas operar con la completa certeza de que nada les ocurrirá.

Un contralor distante de las diversas denuncias y situaciones irregulares sobre los fondos públicos, que aparenta desconocer las cascadas de corrupción que inundan la administración estatal, difícilmente se pronuncie sobre este nuevo escándalo.

Sin duda en los 30 meses de gestión el fracaso es innegable. Una estrella de la educación que nunca encendió, calles en mal estado en todo el país, personal médico que combate la pandemia en primera línea –que se mantiene sin cobrar–, impunidad en casos de alto perfil –como el de los menores abusados en albergues supervisados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia–, una Caja de Seguro Social al borde de la quiebra –sin que de los diálogos emanen soluciones–, minería salvaje que despoja a campesinos de la riqueza de sus tierras mientras los enferma –sin que las autoridades exijan la defensa de nuestras tierras–, en fin, sería casi infinita la enumeración de hechos por los cuales califico pobremente la gestión de la mayoría de nuestras autoridades.