Corrupción y falta de transparencia, problemas según informe de DDHH de EE.UU.

El Reporte de Derechos Humanos 2021 del Departamento de Estado de Estados Unidos relativo a Panamá, hizo alusión a la falta de condenas penales en casos de corrupción lo cual, según el documento, apoya la muy diseminada opinión pública de que el sistema judicial es susceptible a influencias corruptas tanto internas como externas.

Se destaca en el informe que la mayoría de las alegaciones de manipulación en la justicia se relacionan a la influencia de actores políticos y, en ese sentido, se mencionó el proceso legal por las escuchas ilegales seguido al expresidente de la República Ricardo Martinelli.

“El (segundo) juicio finalizó el 9 de noviembre con la exoneración de Martinelli, una decisión condenada por muchos miembros prominentes de la sociedad civil”, destaca el informe.

En materia de corrupción y falta de transparencia se concluyó que esta sigue siendo un problema grave en los órganos Ejecutivo, Judicial y Legislativo, al igual que en los estamentos de seguridad.

En tal sentido, se numeraron algunos casos judiciales como el seguido contra 25 personas acusadas de usar $43 millones en fondos públicos para comprar un grupo de periódicos local y la acusación contra los expresidentes Martinelli y Juan Carlos Varela, y tres exministros por corrupción relacionada con el caso Odebrecht.

También mencionan el escándalo luego de que periodistas encontraran que una clínica privada administraba clandestinamente vacunas Pfizer y cobraba por ello, cuando en ese momento eran manejadas por el Ministerio de Salud.

De igual manera se indicó que no hubo desarrollos en las investigaciones de 2020 por el Ministerio Público relacionadas al supuesto sobreprecio pagado por instituciones del Gobierno nacional por ventiladores y la compra de ventiladores usados para tratar a pacientes de covid-19.

En el informe también se refieren a la corrupción, y la falta de rendición de cuentas en los estamentos de seguridad continuó.

En tal sentido se señala que los estamentos de seguridad públicos no tenían un ente investigativo imparcial para investigaciones internas.

“La ausencia de claros procedimientos operativos estándar permitió discreción a los agentes en cada caso. La falta de auditorías periódicas a las operaciones para vigilar la eficiencia, eficacia, rendición de cuentas y la transparencia contribuyó al problema”, detalla el informe.

En cuanto a libertad de expresión, incluso para miembros de la prensa y otros medios, se indica que el gobierno en general respetó este derecho, pero los periodistas y los medios observaron que continuaron las demandas penales y civiles por difamación y calumnia, las cuales consideraron “una amenaza” a la libertad de expresión y a la libertad de prensa.