Inversión para la investigación agropecuaria, una tarea pendiente

Vivimos en un contexto donde más que nunca la agricultura es crucial para la seguridad alimentaria y se requiere de más inversión en investigación para la producción y productividad en el campo.

Y aunque los gobiernos han puesto su granito de arena en esta contribución, los conocedores de la materia consideran que aún hace falta dotar a las universidades de más recursos para desarrollar las investigaciones agropecuarias, porque es ahí donde se forma a los expertos del campo y está el futuro de la comida para todos.

Chiriquí, por ejemplo, es reconocida como la principal provincia productora de alimentos del país. Más del 70% de los alimentos que comen los panameños proviene de los campos chiricanos.

La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá (UP), sede de Chiriquí, es un ente importante para continuar produciendo, pero no cuenta con un presupuesto o subsidio para la investigación agropecuaria y gestión de las actividades universitarias. Se sustenta con lo que genera de los campos y el suelo.

Hace 30 años, en el periodo del presidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), tenía un presupuesto de investigación de $100 mil, pero después de ahí se eliminó ese subsidio para la investigación. “Hay que estimular la producción y financiar la investigación, porque la investigación es la que puede contribuir a incrementar la producción y la productividad”, afirmó Eldis Barnes Molinar, decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, sede Chiriquí. mientras promovía la alimentación saludable con productos nacionales en un evento conmemorativo al Día Mundial de la Alimentación.

Durante las últimas décadas la investigación ha dependido de la autogestión de la facultad o de algún apoyo que le dé la rectoría, aseguró. “Eso es parte de los errores históricos que se cometen en los países. Aquí hay que estimular la producción y hay que financiar la investigación”, reclamó Barnes.

A la producción de arroz este año en la facultad chiricana le fue “bien”, con un rendimiento de 153 hectáreas de arroz comercial; y en arroz de semilla también se tuvo buenos promedios. “Lo que rinda la venta de esos productos es lo que utilizamos para las actividades de autogestión y académicas, y algo de apoyo que nos da la administración central”, añadió Barnes.

En las instalaciones productivas de esta universidad, además de arroz, se produce pasto para el ganado en el verano, ganado bovino y porcino, que sirve para suplir las necesidades alimentarias tanto de la facultad en Chiriquí como de las cafeterías en Panamá.

También tienen un programa avícola (que había sido suspendido por la pandemia, y ahora se está retomando) y uno de inseminación (venta de semen tanto da ganado bovino como porcino). “Tenemos unas líneas de trabajo que están desarrollando los investigadores nuestros”, reforzó Barnes.

Actualmente la Facultad de Ciencias Agropecuarias cuenta con sede en Chiriquí y el Campus Universitario Octavio Méndez Pereira. También cuenta con centros de investigaciones, entre ellos el más reciente, La Porcelana en Tortí, Chepo.

En las instalaciones universitarias chiricanas hace tres años se construyó una planta de procesamiento de carne, bien equipada y con las certificaciones debidas, pero desde entonces no ha podido empezar a operar, porque están en espera del refrendo por parte de la Contraloría General de la República.

La planta procesadora de carne bovina y porcina fue inaugurada a mediados de diciembre de 2019, por el entonces viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlo Rognoni, y el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, en una ceremonia a la que también asistió el propio Barnes, y otras autoridades.

La construcción de la planta surgió mediante un acuerdo público privado entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la empresa Agroindustrial Chiriquí, por el orden de $350 mil.

El representante de la empresa Agroindustrial Chiriquí, Enrique Athanasiadis, dijo que la Universidad de Panamá recibiría el 40% de las utilidades del valor agregado de lo que se generara.

“La Universidad va a vender los productos (de la planta procesadora) a las cafeterías de la Universidad Nacional, que necesitan la producción para la venta de productos para comer, porque no se puede estudiar con hambre”, expresó el empresario.

Y es que a través del proyecto se estableció un acuerdo específico para que se pudieran procesar las carnes con mejor calidad, mejores cortes, más inocuidad, más limpieza en el área, y se supliría del producto a la Universidad de Panamá para 10 cafeterías del campus y cualquier cafetería de los centros regionales que necesitasen la proteína, incluyendo la sede de Chiriquí. Se crearían así nuevos mercados y también se promovería que los estudiantes ingresaran en la agroindustria y no se quedaran como simples productores.

La planta, que está “lista y preparada para empezar a operar”, tiene unas instalaciones que incluso les permitirían a los estudiantes practicar ahí y aprender el procesamiento industrial de la carne. Pero “ese documento (acuerdo) calculamos que tiene como tres años de estar en la Contraloría, y seguimos esperando el refrendo”, manifestó Barnes.

El decano lamentó que la empresa privada haya confiado en que la universidad era un buen aliado “para no solo desarrollar las tareas tecnológicas, sino también para hacer ensayos prácticos y estudios, para ellos implementarlos en otros lados de sus negocios”, y que “todavía no hayamos podido salir de ese atolladero del refrendo por parte de Contraloría”.

La Estrella de Panamá trató de obtener la versión de la Contraloría General de la República, a través de su departamento de Relaciones Repúblicas, para conocer el estado del refrendo, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

“Los universitarios necesitan urgentemente áreas prácticas para desarrollar su aprendizaje teórico y la planta de proceso de carne sería una buena oportunidad para ellos adquirir experiencia. No cuentan con suficientes estructuras para hacer sus prácticas profesionales”, comentó Estibalys Martínez, representante del Programa Nacional de Juventudes Rurales de Chiriquí (Pronajur).

Barnes, por otro lado, añadió que no solo está en la Contraloría en espera del refrendo el convenio de la planta procesadora de carne, sino también el contrato de compra de una finca en Darién, por $3,8 millones, para las investigaciones agropecuarias de la Universidad de Panamá.

El Consejo de Gabinete aprobó a finales de agosto la compra de la finca en Darién, que sustituye la parcela que se tomó en Tocumen (2012) para ampliar el aeropuerto internacional. La nueva parcela, de 325,2 hectáreas, está ubicada en Chepo, sobre la vía Panamericana, a 5 km de Cañita.

El decano exhortó al Contralor a que “le preste más atención a estos contratos” y que tome en cuenta que la actividad que realizan en la facultad es fundamental no solo para la formación del recurso humano, sino también para la contribución a la producción nacional en renglones importantes como el arroz.

“La semilla que se utiliza en la mayoría de las parcelas de arroz en el país, por ejemplo, es la que produce la Facultad de Ciencias Agropecuarias; y eso requiere recursos, como fertilizantes, abonos, controladores químicos, y demás insumos para las tareas, que se solicitan a través de convenios que hay que atender, y nos gustaría que la Contraloría nos apoyara”, aseguró.

A juicio de Barnes, parte del problema en el país es que “probablemente los funcionarios no discriminan entre el tipo de actividad que realiza cada entidad. Mi impresión es que los funcionarios que tienen la responsabilidad de auditar, valoran lo mismo la compra de una resma de hojas que la compra de los alimentos para los animales, y tenemos que pasar por los mismos procesos”.

A producir lo nuestro

La inversión en la investigación agropecuaria cobra gran relevancia en estos tiempos de crisis climática, presiones inflacionarias y conflictos de guerra que amenazan la seguridad alimentaria mundial, luego de que durante la pandemia, el sector productor demostró resiliencia.

“Lo que garantiza la soberanía y la seguridad alimentaria de un país es que sus productores nacionales sean los responsables de la producción”, resaltó el decano. Además del esfuerzo de los productores chiricanos, Barnes considera que también se requiere estimular la producción en todo el país: –Panamá este, Darién, Coclé, Los Santos, Herrera, Veraguas e incluso en las comarcas– y que se adecúen a la dinámica nacional de producción, incluso que se diversifiquen e intenten producir alimentos de gran calidad.

Política agroalimentaria

El pasado 5 de octubre, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 855 que establece la política agroalimentaria del Estado y dicta otras disposiciones.

La iniciativa ha sido aplaudida tanto por las autoridades del gobierno como por los productores e investigadores del sector. Barnes, particularmente, dijo sentirse muy satisfecho con esa aprobación porque “era lo que faltaba en el sector, un proyecto político para salvaguardar y blindar al productor nacional para que no tenga los altibajos y las vicisitudes que han sufrido en estos últimos 30 años, producto de que en cada gobierno venían con su librito y terminaban implementando una política agraria individual e independiente y divorciada totalmente de los productores nacionales”.

Ahora espera que en la reglamentación se fijen con mucha claridad las responsabilidades de cada sector y de cada agente, tanto internacional como regional, y se les permita a los productores avanzar en la dirección de cubrir sus necesidades, y apoyen al consumidor panameño en la producción de alimentos de buena calidad e inocuos sobre todo.

“Este proyecto de ley pretende llenar un marco de referencia para una política de Estado, que brinde seguridad a los productores y la producción nacional agroindustrial, en los próximos 20 años, así como se hizo con otros sectores económicos del país, como las entidades bancarias, Zona Libre de Colón, entre otros”, dijo en su momento, el ministro de Desarollo Agropecuario, Augusto Valderrama.