La seguridad en las fronteras

Es obvio que es función del gobierno mantener el orden público en todo el territorio nacional. Para el cumplimiento de esa obligación las leyes existentes determinan cuáles son las entidades encargadas de la preservación del ordenamiento jurídico del Estado panameño.

En una comunidad que solo registre brotes turbulentos en su interior, generados por sus asociados, la Fuerza Pública es suficiente y única para mantener o restablecer la paz. A nadie se le puede ocurrir solicitar a otro gobierno que venga en auxilio del gobierno territorial para sofocar a los “nativos” en sus amotinamientos o desórdenes.

La paz interior se puede complicar aún más si fuerzas armadas de otros países invaden nuestro país. Esas fuerzas podrían tener distintos signos y según la gravedad de la presencia extraña, el Estado tomaría las medidas correspondientes. Ante tal eventualidad, la primera tarea es identificar el grupo invasor en cuanto a procedencia y fines.

Apliquemos las ideas que vienen expuestas a los conflictos suscitados en Darién.

Si las fuerzas invasoras son dirigidas, v.g., por el Gobierno de Colombia, Panamá tendría que abocarse a un estado de guerra, convocaría a toda la población para asumir la defensa nacional y subsidiariamente podría buscar los auspicios pacificadores de las Naciones Unidas. Pero si los invasores son simples delincuentes que no responden a una organización militar madre y solo están motivados por el saqueo y el crimen, en tal caso bastaría la acción punitiva de la Fuerza Pública y la gestión política simultánea ante el Gobierno de Colombia para que impida con energía, que malhechores sin Dios ni ley crucen el territorio panameño.

Existe, sin embargo, otra posibilidad, según denuncia de otros sectores, y es que los actores sean las fuerzas guerrilleras colombianas. Si las bandas armadas que transitan con sus desafueros en Darién obedecen a los mandos de las históricas guerrillas de las FARC o del ELN que tienen decenas de años de lucha sin ser vencidas por el Ejército más fuerte de la región, entonces Panamá seria víctima de una agresión que bien podría provocar la internacionalización del conflicto que se suscita a intervalos en la frontera. En presencia de esta posibilidad, la Fuerza Pública panameña no estaría en capacidad de lograr lo que no ha logrado el Ejército de Colombia para derrotar a los insurgentes. Nos queda únicamente la búsqueda del apoyo de las Naciones Unidas si la intensidad de las agresiones lo llega a recomendar. Tal es el procedimiento que siguen los Estados miembros de la ONU ante problemas semejantes.

Presentado así el panorama de la frontera, es preciso analizar, por la vía de la exclusión, cuál es la real identidad de la fuerza que intranquiliza en Darién y cuál es su exacta consecuencia.

En primer lugar, se debe descartar absolutamente cualquier participación oficial colombiana en la causa del conflicto. Igualmente se debe excluir la posibilidad de que lo que ocurre en la frontera tenga su origen en las guerrillas que combaten al Gobierno colombiano. La exclusión obedece a una lógica elemental o a una sencilla apreciación de la estrategia de los insurgentes. Estas guerrillas por muchísimos años se han venido manteniendo y consolidando en un tinglado bilateral. Ni el Ejército ha podido vencer a las guerrillas ni estas han vencido al Ejército. Esta resignada conclusión tiene a las partes en la tambaleante mesa del diálogo de paz.

A estas alturas del conflicto, es posible acaso presumir que en la mente de los líderes guerrilleros anide la idea de sacar del marco bilateral la confrontación y de llevarla a rango internacional. Si hoy existe un virtual empate, ¿cuál sería el objeto de convertir a Panamá en víctima de la agresión? ¿Busca la guerrilla que Panamá como nación agredida recurra a las Naciones Unidas para abrir frentes con resultados insospechados?

No tengo noticias de que la dirigencia guerrillera sea de escasos conocimientos.

Descartada –por lo que se expone– la participación guerrillera en la zona fronteriza. Queda una sola alternativa. A mi juicio, la única. En la frontera operan bandas de delincuentes, asaltadores de caminos, rufianes y criminales, por cuyos actos no corre peligro la seguridad nacional. Es la tesis también de quien conoce el meollo del asunto, el director de la Fuerza Pública, Carlos Barés. Bastaría y basta para aniquilar tales bandas la acción represiva y disuasiva de la policía panameña y cooperación enérgica de Colombia, para que sus nacionales en gestión delincuencial no invadan Panamá.

No debemos olvidar que ciertas enmiendas de los tratados del Canal son tan peligrosas, que obligan a los panameños a manejar un lenguaje cauteloso cuando se ocupan de la seguridad nacional. Expresar que las bandas de rufianes que pululan en la frontera ponen en peligro la seguridad de nuestro territorio nacional es un grave error. Esas bandas con sus ilicitudes no ponen en peligro la seguridad del país y debemos repetirlo hasta el cansancio (¿qué se podría decir de España, donde el terrorismo lleva 740 asesinatos y ese país está a la cabeza de la predilección turística en Europa?). Si en Panamá se produjera ese peligro que algunos sustentan, habría inseguridad de frontera a frontera, incluyendo todo lo que allí se ubica, como el Canal. Ante tal premisa, no sería de extrañar que algunos nostálgicos propongan la creación de un nuevo ejército que preserve con “armas sofisticadas” la seguridad nacional y, por ende, la del Canal. No faltaría, de igual modo, algún personaje de opereta que ponga en aviso a Mr. de Concini para que estrene su famosa enmienda intervencionista.

Felizmente la presidente de la República ha sido muy clara al desechar para el futuro toda presencia militar extranjera en el país. Y puntualizo esta posición oficial, por que oído cuanto he venido comentando como que corre por un cauce que lleva a nuevos enclaves blindados. Y como quien llueve sobre lo que viene mojado, la última en cuesta Gallup repite lo que ya informó en otra consulta de 1990 al expresar que la inmensa mayoría de la población anhela la presencia militar estadounidense en Panamá. Para completar una carambola de cuatro bandas, la encuesta agrega que casi toda la nación piensa que no hay seguridad en la frontera, que el gobierno no la propicia, y que la popularidad de la presidente Moscoso –la que se opone a las nuevas fortificaciones extranjeras– cae vertiginosamente, en picada.

El epiléptico drama de Darién de convulsiones esporádicas, protagonizado por maleantes y seguramente por mercenarios o sicarios, nos debe invitar a proceder con prudencia en todo juicio y en toda decisión. Estimo que en la hora en que vivimos, los encuestados adictos al daño o los agoreros de inseguridades y tinieblas de moda en el pasado, no tienen cabida en las convicciones de los panameños del siglo XXI.