Defensoría exige más supervisión en el traslado de personas migrantes

La Defensoría del Pueblo exige a las autoridades realizar todo lo que esté a su alcance para evitar que sucesos como el lamentable accidente del bus en los Planes de Gualaca y el reciente incendiado, ambos con personas migrantes como pasajeros, vuelva a repetirse.

Es imperante que las entidades a cargo de la supervisión del traslado de las personas migrantes corroboren el estado real tanto del equipo rodante y los perfiles de los conductores, como de garantizar a las personas migrantes sus derechos humanos para que el corredor humanitario sea seguro, ordenado y digno; permitiéndoles una parada para alimentarse o para sus necesidades fisiológicas tomando en cuenta que, en la mayoría de los viajes, van niños, niñas y adolescentes, así como personas mayores.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo destaca que en las Estaciones de Recepción de Migrantes (ERM) en Darién y en Chiriquí, los oficiales de derechos humanos, junto a representantes de organismos internacionales han monitoreado los derechos humanos de las personas migrantes a su llegada al país y siguen dando acompañamiento en temas como: derecho al agua, salud, alojamiento digno, casos de personas no localizadas, acciones a favor de niños, niñas y adolescentes (NNA), personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas mayores, entre otras.

Actualmente, la entidad mantiene una queja abierta contra el Servicio Nacional de Migración y el Ministerio de Seguridad, a petición de una persona migrante quien se quejó en torno a las horas de viaje desde Darién hasta los Planes de Gualaca, sin paradas; por ende, la entidad está a la espera de la contestación de los oficios por ambas instituciones.

Además, la Defensoría del Pueblo de Panamá, en aras del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Digna, firmada en Marrakech por Panamá en el año 2018, insta a las autoridades a reforzar los controles para mayor seguridad vial en los traslados, que permita continuar con las buenas prácticas ya ejecutadas por el Estado panameño en atención a los convenios y el fallo de la CIDH; recordando que la migración es un derecho humano y según el derecho internacional, los migrantes tienen derechos humanos en virtud de su humanidad.