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Actualizado
- 01/03/2023 00:00
Creado
- 01/03/2023 00:00
La jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloísa Marquínez, se acogió al término para decidir la culpabilidad de esta persona por el delito de blanqueo de capitales
La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público solicitó condena para Adolfo “Chichi” De Obarrio, exsecretario presidencial (2009-2014), en el caso Blue Apple, por el delito de blanqueo de capitales al recibir supuestas coimas de empresarios.
La jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloísa Marquínez, se acogió al término para decidir la culpabilidad de esta persona por el delito de blanqueo de capitales.
La audiencia al exfuncionario se produjo tras ocurrir una ruptura procesal producto de que tuvo que ser notificado a través de una asistencia judicial internacional.
El exfuncionario acusado se encuentra en Italia y fue notificado vía asistencia judicial y, en este juicio, la Fiscalía Anticorrupción solicitó condena por el delito de blanqueo de capitales por recibir coimas de empresarios.
Víctor Collado, abogado de De Obarrio, solicitó la suspensión de la audiencia porque a su defendido no se le había notificado. Aducía que existía un proceso de extradición.
La fiscalía, a cargo de Aurelio Vásquez, cuestionó al Tribunal si existía orden de extradición y si conocía el paradero de De Obarrio.
En su respuesta, el tribunal informó que se realizaron los trámites necesarios para solicitar la extradición de De Obarrio, pero no se formalizó. Además, se conoce el lugar exacto de residencia del requerido en Italia, por lo que se notificó.
Ante la negativa, el abogado defensor renunció a presentar los alegatos finales en favor de su representado, por lo que fue sustituido por el defensor público Fernando Peñuelas.
La investigación, que consta de 369 tomos, se inició por la Procuraduría General de la Nación en septiembre de 2017, y está relacionada con la sociedad Blue Apple Services, creada por varios exfuncionarios con el propósito de presuntamente blanquear el dinero que recibían, pagado como soborno y que provenía de fondos del Estado, por parte de constructoras que realizaban proyectos con el Gobierno nacional en el período 2010-2014, para lo que además utilizaban el sistema bancario local e internacional.
Igualmente, en este caso se tiene programada una audiencia a 26 personas por el delito de blanqueo de capitales, 11 de estas también por asociación ilícita y dos por corrupción de funcionarios, del 10 al 28 de julio de 2023.
En el caso Blue Apple se abrió causa criminal a 26 ciudadanos por la presunta comisión de los delitos contra el orden económico, la seguridad colectiva, la administración pública y contra la fe pública.
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