Panamá pide a Nicaragua anular medidas sobre nacionalidad

Dos semanas después de que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, despojará de la nacionalidad a 94 personas que se sumaron a los 222 presos políticos que liberó y quitó la nacionalidad, el Gobierno de Panamá pidió al mandatario centroamericano anular las medidas.

“Panamá confía en que las decisiones adoptadas por el Gobierno de Nicaragua en asuntos inherentes a ciudadanía, expatriación y nacionalidad, que han afectado la vida de más de 300 nicaragüenses, puedan resolverse de manera sostenible con la anulación de dichas medidas, a favor de resguardar los derechos de este grupo de personas”, informó la Cancillería de Panamá mediante un comunicado.

Entre los nicaragüenses que el gobierno de Ortega despojó de su nacionalidad se encuentran los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, el excomandante Luis Carrión, la guerrillera Dora María Tellez, el obispo Rolando Álvarez, la defensora de derechos humanos Vilma Nuñez y el periodista Carlos Fernando Chamorro.

“El compromiso de la humanidad con la obligación de superar la condición de apatridia nos convoca a todos”, señaló la Cancillería.

El Gobierno panameño, además, considerará todas las solicitudes que realicen los nicaragüenses, como país parte de las Convenciones contra la Apatridia.

Panamá no es el único de la región que se ha pronunciado. El gobierno de Gustavo Petro en Colombia expresó su preocupación por la decisión de Ortega.

“Estas medidas vulneran el derecho a la nacionalidad ...”, manifestó la Cancillería colombiana. Gabriel Boric en Chile manifestó abiertamente su repudio y se refirió a Ortega como “dictador”. Argentina, que está dirigida por Alberto Fernández, ofreció nacionalidad a los desterrados. Mientras que el Gobierno mexicano, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, evitó criticar a su homólogo. Aunque dijo que su gobierno está dispuesto a ofrecer asilo o la nacionalidad a los nicaragüenses que la soliciten.

“La nacionalidad no se puede perder por decreto”, ha dicho en lo que parece ser la única crítica abierta a Ortega. “Panamá está en la dirección correcta. Ortega contraviene los convenios internacionales despojando de la nacionalidad a los nicaragüenses”, manifestó Euclides Tapia, catedrático universitario de relaciones internacionales.

Panamá es signatario de convenios internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las convenciones en materia de Apatridia.

Anteriormente, Panamá había exigido el respeto a los derechos humanos y solicitado el restablecimiento de la institucionalidad democrática. Lo hizo en agosto de 2022, cuando sumó su voto a los de otros 26 miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), que adopta una posición sobre la crisis en Nicaragua.

Panamá confía en que las decisiones adoptadas por el Gobierno de Nicaragua en asuntos inherentes a ciudadanía, expatriación y nacionalidad, que han afectado la vida de más de 300 nicaragüenses, puedan resolverse con la anulación de dichas medidas, a favor de resguardar los derechos de este grupo de personas.