Presenta nueve proyectos

PANAMÁ. El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Harley James Mitchell, no quiere irse de la presidencia sin antes arreglar la casa.

A poco menos de tres meses de que termine su período como presidente de este Órgano del Estado, Mitchell ha presentado nueve proyectos ante la Asamblea de Diputados, un récord nunca antes visto. Entre esos: un proyecto de ley general de pensión alimenticia; un proyecto de ley que modifica el artículo 125 de la Ley 41 de 1998, general de ambiente y dicta otras disposiciones y un proyecto de ley para la creación de una universidad judicial entre otros presentados.

UNIVERSIDAD JUDICIAL

El proyecto por el cual se pretende crear la universidad judicial para la formación de los servidores públicos, tiene como propósito establecer iguales condiciones que una universidad oficial de la República de Panamá.

Con la creación de la universidad judicial también se busca que los operadores de justicia puedan responder más ágilmente a las necesidades de los ciudadanos.

El Órgano Judicial ya cuenta con una Escuela Judicial, en la cual se forman de manera integral a todo el personal de la administración de justicia.

Uno de los artículos incluidos en el proyecto de ley para la creación de la universidad judicial establece que dicha entidad tendrá libertad de cátedra, de extensión, de investigación, de difusión, de producción y de promoción del desarrollo de la cultura jurídica, dentro de los límites dispuestos por la Ley.

También tendrá facultad, para organizar sus planes y programas de estudio, a través de la docencia, la investigación y la extensiones, en la rama del derecho y disciplinas afines a la actuación judicial.

PENSIONES ALIMENTICIAS

A pesar de que desde hace 15 años se aprobó el Código de la Familia, todavía existen lagunas en su implementación en cuanto al tema de pensiones alimenticias.

El proyecto general de pensiones alimenticias presentado por el presidente de la CSJ Harley Mitchell rescata la protección integral de los niños, niñas, adolescentes, discapacitados y adultos, que demandan, de una cuota alimenticia para su subsistencia.

Mitchell propuso la creación de “un proceso de vanguardia, abreviado, equilibrado, con medidas cautelares efectivas y severas sanciones por incumplimiento”.

La propuesta del presidente de la Corte está basada en que las “madres-padres y padres-madres no cuentan con instrumentos jurídicos coercitivos efectivos, para exigir que los obligados a pagarlas lo realicen de forma cierta, oportuna y suficiente; teniendo que conformarse, muchas veces, con lo que éstos quieran dar, cuando lo quiera dar”.

Se establece que los pagos de la pensión alimenticia podrán efectuarse por meses anticipados. De acuerdo con cifras estadísticas se establece que en los distritos de San Miguelito y Panamá las peticiones de pensiones alimenticias para el año 2006 ascendían a 36,419; en el año 2007 la cifra aumento a mil más quedando en 37,995, mientras que el año pasado en el 2008 se registraron 33,931 peticiones por pensiones alimenticias y en lo que va del año 2009 han ingresado 24, 351 peticiones de pensiones.

MEDIO AMBIENTE

Los proyectos presentados por Mitchell también incluyeron uno que modifica el artículo 125 de la Ley 41 de 1998, general de ambiente.

El proyecto de ley propone la creación de cinco juzgados de circuito penal ambiental.

La decisión para la creación de estos juzgados penales ambientales se basa en que según Mitchell hace “once años atrás, el legislador no estaba en condiciones de predecir el notable incremento de las encuestas penales ambientales y dispuso que todos los casos ambientales fuesen del conocimiento de un solo juez de Circuito Penal”.

Con estos tres últimos proyectos se suman a nueve los presentados por Harley Mitchell desde el inició del nuevo gobierno del presidente Ricardo Martinelli.

Entre los proyectos presentados ante la Asamblea de Diputados están el que propone la creación de la sala quinta; la carrera judicial; uno que busca crear un código agrario; el proyecto especial de integridad y transparencia para detectar actos de corrupción; el de descongestión judicial y el de depósito judicial. De los nueve proyectos presentados hasta la fecha sólo se han aprobado los de Descongestión Judicial y el de Depósito Judicial.