El financiamiento de las campañas genera polémica

PANAMÁ. ¿Se imagina usted que el Tribunal Electoral (TE) se encargara al 100% de financiar las campañas políticas, y que ya no existieran donaciones privadas?

Este es un cuestionamiento que ha surgido a lo interno de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), y que ha generado opiniones divididas por parte de los integrantes de los partidos políticos.

En ese sentido, el TE ha presentado ante los comisionados de la CNRE varios informes que detallan los exorbitantes montos que han sido invertidos por donantes privados en las campañas políticas.

Quizás uno de los reportes que escandalizó la mesa fue el que, a mediados de junio, presentó el magistrado Gerardo Solís, en cuanto a los costos de campaña de cada partido político.

El informe detalla que Balbina Herrera declaró en su campaña ‘Un país para todos’ un gasto de 8.3 millones de dólares, Alianza por el Cambio, de Ricardo Martinelli, tuvo un costo de 18.9 millones de dólares.

También informó que un candidato a alcalde, sin identificar, gastó 250 mil dólares, y que varios candidatos a diputado de diversos circuitos y partidos declararon sumas superiores a 200 mil dólares en sus campañas.

SÍ ES VIABLE

Ante esta realidad, para el magistrado Gerardo Solís la idea no es tan descabellada. ‘El Tribunal Electoral sí tiene la capacidad técnica para administrar el financiamiento público al 100%. Habría que buscar la fórmula eficaz que permita distribuir el dinero de manera equitativa y transparente’, afirmó.

Solís agregó que esta iniciativa tiene ‘sus virtudes’ porque los candidatos no le tendrían que deber favores económicos a ningún padrino, además se evitaría el dinero corrupto que podría entrar a través de las campañas.

Pese a ello, el magistrado reconoció que hasta ahora a lo interno de la CNRE se han logrado importantes avances.

Dos de ellos se enfocan en establecer topes a los gastos de campaña (30%) y a las donaciones privadas (desde el punto de visto conceptual de la norma, porque todavía no se ha definido un porcentaje), así como también sanciones a quienes no cumplan con estas disposiciones.

Por ejemplo, los partidos tendrán que revelar sus donaciones mediante una cuenta bancaria que posteriormente será auditada por funcionarios del TE.

De no llegar a cumplir con esta medida, quienes ganen en puestos de elección popular no podrán ocupar el cargo, y tampoco participar en las próximas elecciones.

OPINIONES DIVIDIDAS

Para el presidente del Partido Popular, Milton Henríquez, desde un principio la posición de este colectivo ha sido que las campañas sean financiadas al 100% por el TE. ‘Los candidatos deben competir en base a competencias de ideas y no de chequeras’, afirmó el político.

Henríquez sustentó que justamente por esta razón, el partido aboga porque las campañas sean cortas, ya que la democracia está siendo amenazada por la penetración del crimen organizado a través de los partidos políticos.

Opinión similar reflejó el presidente del PRD, Francisco Sánchez Cárdenas.

A criterio del dirigente político, el Estado debe financiar todas las campañas políticas y eliminar la figura de los donantes, poner tope a los gastos y así garantizar una democracia participativa más transparente’.

Contrario a lo expuesto por los representantes del PRD y el Partido Popular, para el diputado panameñista Adolfo Valderrama ‘no podemos irnos a los extremos, las donaciones son necesarias, pero tienen que ser reguladas para garantizar la transparencia de las mismas.

Luis Cortés, representante de Cambio Democrático en la Comisión de Reformas Electorales, sostuvo que no sería viable que el TE financiara las campañas políticas. ‘Los gastos en las campañas no solo conllevan al pago de cuñas, también se necesita invertir en pago de asesores, activistas, etc’.

Precisó que la figura del donante debe prevalecer, porque nadie puede autofinanciarse, ya que las campañas son muy costosas.

Para el dirigente sindicalista Genaro López sería ‘lo ideal que el TE financiara todas las campañas’; sin embargo, habría que analizar con lupa los controles para distribuir los recursos de forma equitativa.