La avioneta que tumbó a Bonissi

PANAMÁ. Todavía nadie sabe con claridad la verdadera historia detrás de la misteriosa avioneta que aterrizó el 21 agosto de 2010 en la finca El Aromo, en el corregimiento de Santa Ana, del distrito de Los Santos. Las primeras pericias confirmaron las sospechas: allí se transportaba drogas.

La finca El Aromo es una inmensa propiedad de la familia Castillo Peralta en las costas de Los Santos. Se sabía de ellos que eran solventes y que se dedicaban a la ganadería. Nada fuera de lo normal hasta que la avioneta cayó del cielo. Se descubrió entonces que había allí improvisada una pista de aterrizaje para que la nave se abasteciera de combustible y siguiera su rumbo. Pero llegó la policía y comenzó esta historia.

¿De dónde venía la avioneta? ¿Cuántos viajes realizó? ¿Por qué los Castillo Peralta tenían una pista allí? ¿Cuál es la conexión de esta familia con la historia de la avioneta? Todas estas preguntas están sin respuestas.

Sin embargo, lo que sí es un hecho es que este caso destapó un escándalo por la supuesta infiltración del narcotráfico en el corazón del Ministerio Público. Tan grave fue el problema —destapado por la DEA— que el efecto cascada acabó con la carrera de varios altos funcionarios del organismo, incluyendo la salida del Procurador general de la Nación ‘encargado’, Giuseppe Bonissi.

SIN SANTOS

El pueblo de Santa Ana, de pronto y por motivos que nadie hubiese deseado, encontró su lugar en el mapa. Dejó de ser un tranquilo pueblo de pescadores para ser otra cosa, una punta de ovillo en la ruta del narcotráfico. Desde aquel 21 de agosto de 2010, la vida de los habitantes de Santa Ana ya no es la misma. Ahora el código de silencio se ha apoderado de los lugareños.

Sólo al ver la cámara del fotógrafo de La Estrella, entre murmullos un joven le dice a otro: ‘el pueblo está caliente’. Una mujer grita: ‘¡no tome foto de mi casa que no tengo nada que ver con lo que pasa en el pueblo!’.

Los habitantes de las provincia Los Santos se caracterizan por ser muy conversadores. Pero esta característica desaparece cuando se les toca el tema de la avioneta o se les menciona los apellidos Castillo Peralta. Uno que otro se atreve a decir lo que sabe, no sin antes pedir la absoluta protección de su identidad. Ni nombres ni fotos ni grabadoras.

Cuentan algunos pescadores de la playa El Rompío de Santa Ana que el 21 de agosto del año pasado vieron una avioneta con un logo de UNICEF y matrícula N2538B que parecía haber caído en un paraje cercano. Avisaron a la policía, sin saber que con ello, sin proponérselo, lanzaron las redes para capturar peces de todos los tamaños en un escándalo de corrupción que no termina de aclararse.

Lo cierto es que cuando la policía llegó, se encontró con que no había ningún accidente. La sorpresa era otra... ¿Cómo así que había allí una pista de aterrizaje clandestina? Decidieron hablar con los dueños de la propiedad y revisaron su residencia: encontraron armas y municiones. Las cosas se pusieron aún más oscuras cuando las pericias confirmaron las sospechas: en el avión se hallaron restos de heroína y marihuana.

Miguel Castillo Peralta y su hijo, Miguel Castillo Domínguez, así como sus socios Avelino Ríos Valdés y George Guillén Burgos fueron detenidos y acusados de asociación ilícita para delinquir, tráfico de armas y drogas. Además, las investigaciones apuntan en otra dirección: la del transporte de dinero en efectivo para blanquear en Panamá.

Mientras los vecinos tratan de armar el rompecabezas de la culpabilidad o no de los Castillo Peralta, otro hecho marca los días de esta comunidad que se dedica principalmente a la pesca. Uno de los suyos ha sido secuestrado.

Un pescador de apellido Sarasqueta, de 27 años, fue sacado en la madrugada del jueves 10 de febrero de su cama mientras dormía al lado de su pareja.

El hombre no pudo hacer nada para defenderse de sus atacantes, quienes según su esposa, lo sacaron a la fuerza con pistola en mano. ‘Le dieron con un garrote por la espalda, a mí me amarraron, y cuando trataba de levantar la cabeza me pegaban con una pistola en la cabeza. Le decían a mi esposo que entregara el dinero, que dónde estaba el dinero, y se lo llevaron’.

En Santa Ana se murmura que su rapto puede tener relación con aquella avioneta. Otros aseguran que hay droga de por medio. Lo único cierto en el pueblo es que ya no se vive con la misma paz de antes.

GUANTE BLANCO

Entonces, lo insólito: el 25 de noviembre de 2010, la justicia panameña decidió liberar a los Castillo Peralta y sus socios, sospechosos de tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y tenencia de armas y municiones. Como era de esperar, los sospechosos inmediatamente desaparecieron del mapa y desde entonces nadie —ni siquiera la Interpol— puede dar con ellos.

Hay tantas versiones como personas involucradas en la liberación de estos cuatro panameños. Una liberación inédita en cuanto a su forma y fondo, como se supo después, cuando estalló la tormenta. Quien los liberó fue una fiscal recién llegada desde la ciudad de Panamá llamada Milagros Valdés Quiroz —hoy presa en una celda de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) sospechosa de corrupción y de atentar contra el orden económico, por la liberación de los cuatro implicados en el caso de la avioneta—.

Pequeño detalle: Valdés Quiroz ni siquiera era fiscal en propiedad. Ella, quien apenas tenía un mes de haber sido nombrada secretaria judicial, fue ascendida a fiscal encargada en la Fiscalía de Drogas de Herrera y Los Santos el 22 de noviembre, apenas tres días antes de la liberación de los detenidos. Su llegada se dio en medio de cambios extraños en la fiscalía. Valdés Quiroz llegó a Los Santos para sustituir a Marcia Girón, otra fiscal suplente quien había sido encargada de cubrir las vacaciones de tres meses del fiscal titular Markel Mora, entre septiembre y diciembre del 2010. Sin embargo, y de manera inexplicable, fue sustituida el 22 de noviembre por Valdés Quiroz, que tomó la polémica decisión.

Pero, ¿quién ascendió a Valdés? ¿Cuál fue la razón? ¿Hay una mafia instalada en el Ministerio Público?

Lo cierto es que luego de la liberación de los sospechosos, todavía quedaba un problema: como Valdés Quiroz era fiscal suplente, su mandato terminaría al poco tiempo. Y para el fiscal titular, las irregularidades serían muy evidentes. Había que deshacerse de Mora. Como son abogados, y no asesinos, Valdés Quiroz armó una carpeta como quien toma un arma. Actuó rápido.

El 2 de diciembre de 2010 envió al Fiscal Primero de Drogas, Nathaniel Murgas, un informe sobre faltas administrativas cometidas por el fiscal de Drogas titular de Los Santos, Markel Mora, en otro caso de alto perfil: Los Zapallos preñados. Un embarque de verduras hacia Europa que contenía cocaína oculta en las calabazas. Decía Valdés Quiroz que Mora había obviado documentos importantes en el expediente. Así fue como logró quedarse con la fiscalía a través del traslado de Mora. Sin embargo, lo que parecía una victoria aplastante también se convirtió en un búmeran.

TEMBLOR EN LA PROCURADURÍA

Probablemente la historia habría tenido otro curso si no fuera por la intervención de la DEA. El organismo norteamericano le estaba dando seguimiento a la avioneta y a los sospechosos. Los primeros días de diciembre le pasaron el dato al propio procurador Bonissi que notaban ciertas irregularidades en el caso. Le hablaron directamente: había que echarle un ojo a la Fiscalía de Drogas de Los Santos por la liberación tan temprana de los sospechosos.

Cuando el 15 de diciembre Valdés Quiroz, sintiendo que había domado al toro, viajó a la capital triunfalmente para entregar el informe sobre Mora al procurador Bonissi, se llevó una desagradable sorpresa: había comenzado una investigación en su contra. Se le acusaba de atentar contra la economía nacional y la administración pública. Aunque nadie lo esperaba, esta pesquisa condujo a la detención de la fiscal que dio comienzo a un escándalo que sacudió los cimientos de la casa Belisario Porras. Fue recién entonces que quebrada y sintiéndose abandonada, Valdés Quiroz lo contó todo. Que su ambición la había traicionado, que para conseguir un buen ascenso en la justicia, se había visto obligada a hacer lo que hizo. Para muchos, es una norma no escrita del Ministerio Público: a veces, para crecer en su estructura, es necesario quebrar la ley. Y Valdés Quiroz así lo hizo.

En su declaración, Valdés Quiroz dice que su propio nombramiento vino de la mano del abogado de los Castillo Peralta, Alcibíades Ballesteros, hoy prófugo. Valdés, quien trabajaba en la ciudad de Panamá en el Tribunal de Contrataciones Públicas, cuenta en su declaración que Ballesteros gestionó a través de influencias en el departamento de Recursos Humanos del Ministerio Público, dirigido por Eva Lorentz, que la nombraran y la ascendieran a fiscal con la condición de que liberara a sus clientes. Y ella cumplió el trato. Y además afirma que la otra misión, quedarse en el cargo de Mora, se la había encargado Lorentz, quien supuestamente tenía sospechas de malas actuaciones de Mora y temor a que luego de sus vacaciones, destapara el tamal.

Para el mes de diciembre, Bonissi había enviado a Lorentz a un seminario contra la corrupción a Austria, Viena. Todavía no ha regresado. Teme ser encarcelada. Es investigada por corrupción de funcionarios, blanqueo de capitales y sustracción de sellos públicos. De ella solo se conocen las declaraciones a la televisión local, vía telefónica, en las que dice que Bonissi y su asistente, Neftalí Jaén, le armaron un expediente para sacarla porque supuestamente ella tenía información de malos manejos en la administración del Procurador Suplente.

A su vez, Valdés Quiroz también implicó a la secretaria general del Ministerio Público, Nedelka Díaz, señalando que Ballesteros le dijo que Díaz, quien en el pasado vivió y trabajó en Herrera y Los Santos, tenía una relación de amistad con sus clientes (los Castillo Peralta).

Díaz, quien también se encontraba fuera del país cuando se destapó el escándalo, dijo desconocer quién es Valdés Quiroz. Por su parte, Bonissi —el responsable de nombrar los fiscales— alega que él no ascendió a Valdés Quiroz a la Fiscalía de Los Santos y Herrera.

Una testigo declaró en el expediente que Ángel Castillo Díaz, hijo de Nedelka Díaz, fue la persona que tramitó la liberación de los detenidos por medio del pago de una coima que pasaba de los seis ceros. Como siempre, la soga parece romperse por el lado más delgado: la única detenida es la flamante fiscal. Como si esto fuera una asociación ilícita de una sola persona. La verdad bien podría ser otra: este caso le costó la cabeza al Procurador. Que era suplente de otra procuradora, Ana Gómez, que también salió del Organismo tumultuosamente. Una perfecta metáfora de la Justicia panameña: los delincuentes, libres; y los funcionarios, sospechados.

EL SILENCIO SIGUE REINANDO

Mientras en el Ministerio Público el caso se debate entre fianzas, renuncias, destituciones, rotaciones y otros pleitos, en el pueblo de Santa Ana y sus alrededores se tejen cualquier cantidad de hipótesis sobre lo que ocurrió aquel 21 de agosto y que cambió la vida de sus residentes.

Una vecina del lugar dijo a La Estrella que los Castillo Peralta son personas conocidas por su solvencia económica. ‘Para todos fue una sorpresa, la gente vino a creer cuando se destapó el escándalo. Le cuento que eso es muy feo —yo no quiero ninguna clase de enredo—’.

Los residentes de La Villa, ubicada a unos minutos de Santa Ana, cuando se les habla del tema o se les pregunta por alguno de los implicados, dicen: ‘yo no soy de este pueblo, no sé nada de esa historia’, como si quisieran borrar de sus mentes y de su vida lo que en el pueblo de al lado sucedió

Otro vecino de Santa Ana asegura que no era la primera vez que una avioneta se veía por esas áreas. ‘La que se encontró aquel día, dicen que hizo una parada primero en una pista de aterrizaje que está en Guararé, antes de aterrizar en la finca de los Castillo Peralta y se dice que allá fue donde dejaron el dinero para el lavado’. Que según fuentes judiciales, sospechan que el dinero venía del norte de México, donde opera el sanguinario cartel de Sinaloa.

En tanto, otro de los vecinos tiene una versión de lo que pasó con los Castillo Peralta. ‘Dicen que se los llevaron para Colombia, porque aquí hay lavado de dinero de por medio, y para que no dijeran quiénes eran los verdaderos dueños de lo que transportaba la avioneta’. Los peces grandes y gordos todavía no muerden el anzuelo. O si lo han mordido, todavía forcejean para zafarse o romper la cuerda.