- 24/03/2012 01:00
PANAMÁ. El gobierno de Ricardo Martinelli ha logrado lo que ningún otro: en dos años y medio consiguió que casi una cuarta parte de los diputados de la Asamblea Nacional se mudara de las filas opositoras al oficialismo.
El transfuguismo, como se conoce al fenómeno de saltos políticos, ha restado ocho diputados a la bancada del PRD en la Asamblea, y nueve a la del Partido Panameñista. Estos últimos se han cambiado tras el fin de la ‘Alianza por el Cambio’, en agosto pasado.
Fuentes legislativas confirmaron que a cada tránsfuga el gobierno le desembolsa al menos dos millones de dólares en partidas, así como fondos para organizar inscripciones, y espacio en la planilla parlamentaria.
Justo ahí hay novedades: además de su planilla personal (que ronda los $4 mil mensuales), diez de los 17 diputados que han cambiado de colectivo en los últimos dos años y medio tienen fondos mensuales superiores a $4 mil (adicionales a su planilla personal) para el pago a sus asistentes, choferes y secretarias, según un informe de la Asamblea Nacional.
El tránsfuga que más dinero en planilla permanente gasta es Francisco Alemán ($10,825), seguido de Manuel Cohen ($10,500) y Ricardo Valencia ($10,050).
Les siguen Nelson Jackson ($6,200), Rubén Frías ($5,300) y Miguel Fanovich ($5,250). Más atrás están Abelardo Antonío, Abraham Martínez, José María Herrera y Tito Rodríguez.
LAS CRÍTICAS
Pero conocido que con los últimos nueve tránsfugas el Estado gastará de ahora al 2014 unos $54 millones, surgieron críticas.
Para la abogada Idalia Martínez, la situación no significa más que el actual gobierno se ha convertido ‘en un experto en compra de conciencias’. ‘Y lo consiguen porque a muchos los mueve el interés’, dice.
Incluso, reclama que los fondos que se les dará a los más recientes diputados tránsfugas, podrían ser utilizados para los pendientes del gobierno central. ‘Siguen las carreteras en mal estado y el problema del agua no se ha solucionado’.
Por su lado, el analista Edwin Cabrera cree que si hay certeza las versiones legislativas confirmarían que ‘la clase política trabaja para que el pueblo la repudie cada vez más’. ‘Eso sería la desnaturalización de las funciones de la Asamblea. Deben hacer leyes y no obras sociales’, aseguró.
¿DELITO ELECTORAL?
Consultado por La Estrella, el fiscal Electoral, Eduardo Peñaloza, aseguró no tener facultad alguna para investigar las denuncias que se han lanzado contra los diputados y el gobierno.
Más allá, considera el exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado, mientras no hayan pruebas concretas de que manejan esos fondos, no hay delito posible.
El dinero que los diputados reciben suele ir, según fuentes legislativas, a instituciones que lo administran con aval del diputado. Muchas veces se trata de juntas comunales que tienen una fiscalización de la Contraloría General menos severa.
—Que las partidas las manejen los diputados es algo que no se puede probar, plantea Márquez Amado.
—¿Pero si algunos han admitido que sus saltos han sido por recursos?
—Un diputado puede decir algo hoy y cambiar su versión mañana.
