Las honduras del Paraguay, derechazo a la integración

Las lecciones recientemente aprehendidas en Nuestra América como resultado, en primer lugar, del fracaso de la Cumbre de las Américas celebrada en Cartagena de Indias, Colombia el pasado mes de abril, y la aprobación de la Carta Social de las Américas en el marco de la 42 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que tuvo lugar en Cochabamba, Bolivia, el 5 de junio de este año, colocaron de nueva cuenta en el centro del debate: las discusiones sobre la legitimidad de la democracia como forma y expresión de Gobierno, vis a vis los zarpazos de sectores políticos tradicionales al interior de los países suramericanos que se resisten a los cambios y experiencias novedosas de gestiones de Gobiernos liderados por las izquierdas. Esta resistencia va de la mano de estrategias de reversión (rol back) de estos procesos revolucionarios que han afectado las otras prácticas oligárquicas locales, ligadas a intereses foráneos, de acaparamiento y posesión de las tierras cultivables, también poseedoras de riquezas y recursos naturales, incluidos los denominados como nuevos y raros, indispensables en la dinámica industrial, comercial, financiera y militar de los centros hegemónicos a nivel internacional.

EL CONTEXTO HISTÓRICO

Precisamente, desde hace aproximadamente doce años en América Latina y el Caribe comenzó un periodo de definiciones autónomas vinculadas a las iniciativas históricas de integración regional y, a partir de entonces, ha tenido que enfrentar interrupciones a sus respectivas experiencias; en algunos casos las reversiones han tenido éxito, lo que sirvió para que las fuerzas neoconservadoras se blindaran al amparo y apoyo de las fuerzas armadas. Otras historias han sido favorables a la restitución de los Gobiernos progresistas, producto de las movilizaciones sociales y del papel protagónico de sectores empresariales, sindicales, gremiales y militares.

Tales fueron los casos del Golpe de Estado al Presidente Manuel Zelaya de Honduras, en junio de 2009, cuyo instrumentación corrió a cargo del ejército hondureño con la complicidad del Congreso de ese país, y sectores vinculados a la industria agroexportadora, ganaderos, eclesiásticas y políticos conservadores favorecedores a la presencia y prolongación militar norteamericana en Palmerola. En esta ocasión el Golpe de Estado fue más allá de las fronteras hondureñas, involucrando a Costa Rica, lo que hizo suponer que había una conexión internacional, o por lo menos un conocimiento previo de la impronta golpista. Aquí se instaló un Gobierno de corte antipopular que se dedicó a deshacer los avances de las fuerzas sociales nacionalistas en Honduras; lo que provocó su expulsión de la OEA motivada por la ruptura del orden constitucional en flagrante violación de los compromisos establecidos en la Carta Democrática Interamericana.

Otra fue la experiencia del Golpe de Estado al Presidente Hugo Chávez de la República Bolivariana de Venezuela, que en abril de 2002, fue defenestrado por sectores de las fuerzas armadas venezolanas coaligadas con los comerciantes venezolanos, agrupados en sus respectivas organizaciones y también con la participación de Estados Unidos de América y la Unión Europea, a través de su vocero el expresidente del gobierno español, José Aznar, quien se distinguió como un grosero intervencionista. Las movilizaciones populares, la cohesión social del proyecto bolivariano venezolano y la reacción institucional y constitucional de las fuerzas armadas en su conjunto, restituyeron al Presidente Chávez.

Desde entonces, y ante el triunfo electoral de las izquierdas, todas las modalidades de golpes de Estado parlamentarios, prefecturales, express, suaves o blandos también han sido ensayadas en Ecuador y en Bolivia, como mecanismos de alteración y reversión de los procesos autónomos. En el caso de Bolivia la conspiración ha impulsado la división territorial amparada en las disidencias de los departamentos de la llamada Media Luna. Un fantasma recorre la región, es el fantasma de la vieja oligarquía y la nueva derecha que se resisten a ser desplazadas, y reconocer el derecho de los pueblos a vivir con dignidad y soberanía.

EL GOLPE DE ESTADO EXPRESS

Con la llegada de Fernando Lugo a la Presidencia del Paraguay, en agosto de 2008, como consecuencia del deterioro institucional y la cancelación de espacios de diálogo político constructivo entre los distintos actores sociales, en dicho país se inicia una etapa de participación ciudadana en el diseño de una nueva sociedad que, en su alumbramiento y lento caminar, tuvo que convivir con las apetencias de la vieja oligarquía paraguaya. Esa misma que convivió con la dictadura de Alfredo Strossner, condenando al Paraguay al ostracismo, cerrando sus fronteras a América Latina y el Caribe; y que en los primeros días del impuesto Presidente Federico Franco, pretendió repetir el aislamiento rechazando la visita de los cancilleres de Unasur.

La memoria de la Triple Alianza (1865) se activo como pretexto y soporte intelectual para rechazar cualquier iniciativa internacional, conducente a la vuelta al orden constitucional alterado con el Golpe de Estado.

Con estas señales el nuevo ejecutivo paraguayo igualmente desconocía los compromisos respecto de la plena vigencia de las instituciones democráticas, como condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados, como bien lo establece el Protocolo de Ushuaia, del cual la nación guaraní es parte. De esta suerte, tanto Unasur como Mercosur y Alba tomaron la decisión de suspender al Paraguay de dichos mecanismos, promoviendo la misma medida en otros instrumentos regionales. Asimismo, en la reunión del Mercosur celebrada en Mendoza, Argentina, se tomó la decisión de admitir a Venezuela como Miembro de dicho organismo, a lo que se había opuesto el Congreso paraguayo.

La debilidad organizativa del movimiento social que apoyó la gestión del destituido Presidente Lugo, así como las permanentes concesiones a la clase políticos tradicionales y la permisibilidad de las presiones de su vecino de Mburuvicha Rógaa, transmitidas a través de congresistas paraguayos, fue un precio muy alto que tuvo que pagarse. Bien lo dijo el Presidente de Uruguay, José Mujica, el juicio político y el derrocamiento del ex mandatario Lugo, ya había sido tomado con mucha antelación y con la participación de elementos ajenos a la región.

Queda ahora esperar el informe del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, quien ya adelantó que la situación es de normalidad, con algunas alteraciones que suponen una situación política delicada, pero que el organismo regional no tiene que coincidir con las decisiones de Unasur, Mercosur y Alba, pues son instituciones diferentes; al parecer nuevamente se pondrá distancia de la conciencia colectiva de Nuestra América.

QUÉ HAY DETRÁS DEL GOLPE EN PARAGUAY

El derrocamiento del Presidente Lugo puso al descubierto una red de conexiones e intereses de transnacionales vinculadas con los agronegocios, cuyo relacionamiento alcanza a senadores, políticos, propietarios de medios de comunicación, así como a empresarios brasileños y norteamericanos en un entramado de corrupción y tráfico de influencia que ha permeado al aparato estatal paraguayo. Asimismo, develó la ejecución de un plan para la instalación de una Base Militar de Estados Unidos en el Chaco.

Dicha Base Militar estaría ubicada en un área vasta y despoblada extensión que se extiende 800 kilómetros entre Bolivia y Paraguay; ambos países protagonistas de la Guerra del Chaco (1933-1938) en la cual los intereses petrolíferos de Estados Unidos estuvieron presentes. Desde entonces, los sentimientos y agitaciones nacionalistas son referentes imprescindibles en sus relaciones bilaterales. En este sentido, donde unos ven coincidencias, otros vemos consecuencias.

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