Importación de arroz, en vilo: pugna interna lleva decisión al Consejo de Gabinete

La propuesta de importar 1,1 millones de quintales de arroz en cáscara antes del 30 de agosto ha desatado una fuerte controversia en la Cadena Agroalimentaria de Arroz. La decisión final recaerá sobre el Consejo de Gabinete, pues el contingente por desabastecimiento, aprobado por la Comisión Agroalimentaria de Arroz el pasado 5 de junio, es señalado de violar la Ley 47 de 2017. La ley establece que ninguna importación debe coincidir con el periodo de pre-cosecha y cosecha nacional, situación que, según los críticos, se presenta con este cargamento.

La Ley 47 de 2017 es clara en sus disposiciones sobre la importación de productos agropecuarios sujetos a contingentes por desabastecimiento. Su artículo 2 decreta que “la Secretaría Técnica de la Comisión de Licencias de Contingentes Arancelarios verificará con el secretario de la cadena agroalimentaria del rubro de que se trate, antes de autorizar una importación, que esta no coincida con el periodo de precosecha (dos meses antes) o cosecha, de acuerdo con el calendario oficial establecido por el Instituto de Seguro Agropecuario”.

En Panamá, la cosecha de arroz se desarrolla en dos periodos clave: el primero, de julio a septiembre, y el segundo, de diciembre a febrero. La importación propuesta, al tener como fecha límite el 30 de agosto, se superpondría directamente con el primer ciclo de cosecha, lo que genera la discordia actual.

La polémica se intensificó 18 días después de la reunión del 5 de junio. El lunes 23 de junio, varios de los miembros que inicialmente votaron “a favor” de recomendar el contingente por desabastecimiento, ahora califican la importación de “ilegal” y solicitan su anulación, a pesar de que sus firmas constan en el acta original.

Los miembros que respaldaron la anulación en la reunión del 23 de junio son: Camilo Mendoza, de Aadagch (Asociación de Agricultores de Arroz y Granos de Chiriquí), Juan Barrios, de Apave (Asociación de Productores de Arroz de Veraguas; Bienvenido Pereira, de Andia (Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos), Orestes Combe, de Apaded (Asociación de Productores de Arroz de Panamá Este y Darién), Omar Spiegel, de Coprave (Comité de Productores de Arroz de Veraguas), Carlos Rodríguez, de Naproaco (Nueva Asociación de Productores de Arroz de Coclé), Gabriel Aráuz, de Apach (Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí) y Carlos Santanach, de Napach (Nueva Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí)

A través de un comunicado de prensa, estas organizaciones afirman que la reunión del 23 de junio fue convocada legalmente por Camilo Mendoza, mediante nota CCARR-021-2025, emitida el 17 de junio de 2025.

Los denunciantes relatan una serie de incidentes ocurridos el 23 de junio. Afirman que, aunque la reunión había sido debidamente convocada, al llegar al MIDA se les impidió el ingreso con el argumento de que “no había salones disponibles ni funcionarios asignados para facilitar la sesión”. Incluso, observaron “la presencia policial en los accesos al recinto”.

Ante esta situación y contando con el cuórum reglamentario, la reunión se instaló “formalmente en un rancho ubicado dentro de los terrenos del MIDA, a las afueras del edificio principal, en respeto a la convocatoria oficial y al compromiso de los miembros presentes con la institucionalidad de la Cadena”, según el comunicado.

Las organizaciones firmantes recuerdan que en la reunión del 30 de abril, el Comité de la Cadena había aprobado la importación de 500.000 quintales de arroz en cáscara, basándose en el inventario oficial de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y el análisis técnico de la Dirección Nacional de Agricultura del MIDA. Sin embargo, esta cantidad “no fue procesada oportunamente, a pesar de haber transcurrido más de un mes desde su aprobación”.

Posteriormente, en la reunión del 5 de junio, el coordinador de Cadenas Agroalimentarias, Erick Fidel Santamaría, asumió la responsabilidad por no tramitar la importación de los 500.000 quintales, alegando que no eran suficientes, a pesar de que faltaban 480.000 quintales.

Lo más grave, según los denunciantes, es que Santamaría “en lugar de corregir esta omisión, en la misma reunión del 5 de junio se propuso incrementar la importación en 600.000 quintales adicionales, totalizando 1,1 millones de quintales, sin tomar en cuenta que esta nueva importación coincidiría con la cosecha nacional, contraviniendo lo establecido en la Ley 47”. Adicionalmente, señalan que el acuerdo del 5 de junio tardó más de 20 días en ser elevado al Consejo de Gabinete, lo que provocó un retraso considerable. “Esta demora trasladó la ejecución de la importación a plena época de cosecha, reforzando así los argumentos para su rechazo por contravenir el marco legal”, afirman.

Finalmente, las organizaciones informan que la agencia marítima NABSA S.A. tiene registros de un cargamento de aproximadamente 462.000 quintales de arroz en cáscara proveniente de Montevideo, Uruguay, a bordo del buque granelero Ananya Naree, con fecha estimada de llegada el 30 de junio de 2025. Este cargamento, según ellos, “no fue aprobado por la Cadena Agroalimentaria... constituyendo una violación directa a las normas vigentes”.

Debido a la disconformidad con la aprobación del 5 de junio, los integrantes de la Cadena Agroalimentaria de Arroz están citados a una reunión el próximo lunes, 30 de junio, y no el miércoles 2 de julio como se había informado previamente.

El MIDA aclaró que su titular, Roberto Linares, no ha participado en ninguna de las tres últimas reuniones de la Cadena Agroalimentaria de Arroz (30 de abril, 5 de junio y 23 de junio).

Los integrantes de las organizaciones firmantes de la reunión del 23 de junio compartieron un cuadro con el abastecimiento nacional de arroz, información que, aparentemente, fue presentada en la reunión del 5 de junio. En este documento, argumentan que no existe una situación de desabastecimiento del grano. Según sus cálculos, hay suficiente arroz para 6,34 meses, hasta el 6 de diciembre, con un total de 4,5 millones de quintales. El consumo mensual de arroz en cáscara, limpio y seco, es de 719.389,82 quintales.

Los detalles del recuadro indican que el inventario nacional de arroz en establecimientos al 30 de mayo era de 2,8 millones de quintales (limpio y seco). Después de restar una merma del 3 % (84.190,86 quintales), el total asciende a 2,7 millones de quintales, lo que representa una cobertura de 3,78 meses, cubriendo la demanda hasta el 21 de septiembre.

A este inventario, suman los contingentes que ingresan a Panamá bajo el Tratado de Promoción Comercial y la Organización Mundial del Comercio, con 215.338,35 quintales (menos 3 % de merma, totalizando 208.878,20 quintales). También añaden un contingente adicional de 500.000 quintales (menos 3 % de merma, 485.000 quintales).

Finalmente, a este total, los productores suman la cosecha del ciclo agrícola 2025/2026, que incluye 13.838,8 hectáreas de secano y 456,6 hectáreas de riego, estimando un total de 1,1 millones de quintales (después de restar 3 % de merma).

En la reunión ordinaria del 5 de junio, el Comité de la Cadena Agropecuaria de Arroz, con el cuórum reglamentario, recomendó aprobar la importación de 1,1 millones de quintales adicionales de arroz. De los 15 representantes presentes, solo Carlos Santanach, de Napach (Nueva Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí), se abstuvo en la votación.

El MIDA emitió una aclaración sobre la legalidad de la convocatoria y las decisiones tomadas en la Cadena Agroalimentaria de Arroz. Afirman que la convocatoria para la reunión del 5 de junio de 2025 cumplió con el artículo 18 del Decreto Ejecutivo 32 de 2018, que reglamenta la Ley del 16 de junio de 2017, sobre la organización y funcionamiento de las Agrocadenas Alimentarias. Dicho artículo establece que las reuniones extraordinarias pueden ser convocadas a petición de un tercio de sus miembros, con al menos tres días calendario de anticipación. El MIDA asegura que un documento con fecha del 30 de mayo, enviado por el presidente pro tempore de la Cadena, Camilo Mendoza, sustenta esta convocatoria. Por lo tanto, el MIDA considera que “de ninguna manera puede aducirse la ilegalidad de las decisiones tomadas por los miembros de la Agrocadena de Arroz, en la reunión del 5 de junio de 2025”.

El MIDA se refirió a la reunión del 23 de junio, donde desaprueban el acuerdo del 5 de junio, donde firman ocho de los 15 miembros que aprobaron la importación original. La entidad subraya que la reunión del 23 de junio “no cumplió el requisito legal que establece que la cadena debe contar con todos sus actores: productores, comerciantes, molineros e incluso defensores de los consumidores”. En el acta de esta reunión, solo aparecen las firmas de ocho integrantes (siete productores y un representante de ANDIA) de los 15 miembros originales.

Citando la Ley 49 de 2017, artículo 3, numeral 1, que define “Cadena Agroalimentaria” como un “Conjunto de actores, acciones, procesos y mecanismos que propician la participación como herramienta para facilitar el diálogo, la creación de compromisos entre los actores, y la definición de políticas públicas con conocimiento de intereses comunes y antagónicos sobre la base de los requerimientos de las necesidades de los consumidores”, el MIDA refuerza su postura. También mencionan el Decreto 132 de 2018, artículo 17, literal C, que establece el derecho de los miembros del Comité a “ejercer su derecho al voto, así como expresar el sentido del mismo y los motivos que los justifica”, y la Ley 49 de 2017, artículo 3, numeral 5, que define “Actores de la cadena o eslabones” como “Aquellos que intervienen en los procesos de preproducción, producción, poscosecha, industrialización, comercialización, y distribución incluyendo al consumidor”.

Basándose en estos aspectos legales, el MIDA concluyó sosteniendo que “ni el ministro Roberto Linares ni otros funcionarios intervienen en las decisiones tomadas por las Agrocadenas Alimentarias”. Es fundamental, recalcaron, que todos los integrantes de los comités de cadenas son del sector privado; solo el coordinador de la Cadena, quien funge como secretario del comité, es funcionario del MIDA y solo tiene derecho a voz, no a voto.