¿Qué es el habeas corpus y por qué es un derecho clave en la crisis de Bocas del Toro?

El habeas corpus es un recurso legal que que busca proteger la libertad de una personas ante detenciones arbitrarias y en la que un tribunal debe determinar rápidamente si tiene fundamento o no una detención. De ser ilegal la detención, debe liberarse al ciudadano inmediatamente.

El interés sobre esta figura constitucional ha cobrado fuerza luego de que se dieran múltiples denuncias de detenciones arbitrarias durante la operación “Omega”, que impulsa el gobierno en la provincia de Bocas del Toro para acabar con las protestas con cierre de vías.

¿Cómo funciona el habeas corpus?

De acuerdo al artículo No. 23 de la Constitución de la República, el habeas corpus puede presentarse justo después de la detención y sin consideración a la pena aplicable. Esta petición procederá inclusive cuando exista una amenaza real o cierta a la libertad corporal, cuando la forma, las condiciones o el lugar de detención ponga en peligro la integridad física o mental de la persona que haya sido privada de libertad.

Los trámites de esta acción entran en la categoría de “procedimiento sumarísimo”, el cual exige rapidez y sencillez al imponerse este recurso; a su vez, no puede suspenderse en horas o días inhábiles.

Este derecho puede reclamarse en la modalidad escrita a través de un formulario de solicitud dirigido a la Oficina Judicial, con los datos general de la persona detenida, el nombre de la autoridad o funcionario que ordenó la suspensión del derecho de libertad del individuo, de tenerlo, el nombre de la autoridad que custodia al ciudadano y el pretexto o la causa de la detención, así como las acciones que explican la ilegalidad de la situación.

El habeas corpus también puede imponerse vía telefónica. Un defensor público defenderá al detenido si el trámite fue interpuesto por el detenido o un particular representante.

Una vez presentado el recurso, se levanta una resolución de habeas corpus, y se notifica a la autoridad o funcionario demandado, quien debe contestar en un término legal de dos horas, cuando se recibe su respuesta, se programa una audiencia inmediatamente, acto que es realizado por tres magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones.

Si se declara ilegal la detención, la persona deberá ser liberada enseguida. Si el habeas corpus es rechazado, hay lugar para una apelación que se decidirá en una audiencia en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Bocas del Toro en crisis

El 20 de junio de 2025, el Consejo de Gabinete decretó estado de urgencia, contemplado en el artículo No. 55 de la Constitución, para la provincia de Bocas del Toro. Esta orden suspendió garantías constitucionales que restringen libertades de tránsito y residencia, protección contra detención arbitraria y libertades de pensamiento, expresión, reunión y asociación.

Es decir, que el recurso de habeas corpus fue inhabilitado en esta región, algo considerado ilegal por distintos juristas y que luego fue restituido con un nuevo decreto el pasado martes 24 de junio.

Esto ocurre a raíz de las protestas en la primera provincia por la Ley No. 462 que reforma la Caja de Seguro Social (CSS).La Operación Omega ha dejado, según el gobierno, más de 370 detenidos, incluyendo menores de edad.

A su vez, la Policía Nacional emitió un comunicado ese mismo día, donde informó de 18 menores de edad detenidos en Bocas del Toro, por presuntos “actos vandálicos”.

¿Violación de garantías?

La suspensión del habeas corpus en medio de esta crisis social, despertó la oposición de diversos gremios que argumentaron que la suspensión del citado recurso viola la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que Panamá forma parte.

A su vez, la Defensoría del Pueblo exigió a la Policía Nacional, un informe urgente y detallado sobre los adolescentes detenidos durante el estado de urgencia, reiterando que ningún menor de edad debe ser víctima de detención arbitraria, incomunicación o maltrato.

Hay más de seis habeas corpus presentados ante la Corte Suprema de Justicia, para los cientos de detenidos en Bocas del Toro. El martes 24 de junio, Félix Paz, Emanuel Castro y Carlos Bichet, presentaron una acción de inconstitucionalidad contra este decreto del Consejo de Gabinete.

“El habeas corpus no puede ser suspendido y sienta un precedente de que nuestro país no puede actuar solamente en virtud del derecho doméstico, sino que también tiene que respetar los estándares interamericanos, los estándares convencionales sobre la protección de derechos humanos”, expresó Bichet a la Estrella de Panamá.

Desde Chiriquí, José Luis Santamaría, es uno de los 20 juristas que intenta abogar por los derechos humanos de los detenidos, quienes se encuentran repartidos a lo largo del país. En representación de los aprehendidos, el abogado interpuso un habeas corpus, pero el Tribunal de Justicia de Chiriquí no lo revisó por falta de competencias y que “este debía ser interpuesto ante la Corte”.

Santamaría contó que la Policía Nacional no le permitió hablar con los aprehendidos que trasladaron a Chiriquí por “órdenes superiores”.

Desde la Ciudad de Panamá, Gonzalo Mocada Luna, expresó que el decreto que suspendió el habeas corpus “fue completamente ilegal, no podían hacerlo, porque Panamá está adscrito a tratados y convenios que prohíben la suspensión”. Además, el jurista considera que para estos procesos es fundamental conocer la ubicación actual de los detenidos, sin embargo, “las autoridades no la han dado a conocer con certeza”, dijo a la decana.

Según el último decreto, el estado de urgencia de Bocas del Toro debe terminar este 29 de junio de 2025.