Advierten nueva amenaza a la libertad de expresión

PANAMÁ. Los gremios de periodistas y la sociedad civil encendieron su luz de alerta. La razón: el contenido del anteproyecto de ley 377. Se trata del proyecto de Seguridad Informática que incluye tres propuestas. Una consensuada con el Ministerio Público, otra con la Autoridad de Servicios Públicos y la última, una propuesta del diputado oficialista Abraham Martínez para modificar los artículos 165 y 429 del Código Penal.

Justamente esa propuesta es el principal foco de las críticas. Uno de sus artículos pretende sancionar con prisión de 4 a 6 años a quienes ‘accedan a la seguridad informática del Estado u obtengan información clasificada o reservada, reproduciéndola por cualquier medio’.

El expresidente del Fórum de Periodistas Guido Rodríguez, aseguró que tras esas propuestas se esconde la intención de ‘criminalizar el ejercicio del periodismo’.

‘El contenido del artículo 2 del anteproyecto 377 riñe con la Convención Americana de Derechos Humanos y de la que Panamá es signataria’, insistió.

La interpretación de este artículo conlleva a que si un periodista obtiene información estatal a través de una fuente —que en la mayoría de los casos se mantiene en reserva— y la publica, podría ir a la cárcel, convirtiendo a los maestros de la pluma en ‘sujetos delictivos’.

Para Rodríguez, ‘si el Estado falla en la reserva de esa información y el periodista o el ciudadano accede a ella no se debe sancionar al mensajero sino a los encargados de custodiar esta información’.

El anteproyecto 377, coincide el presidente del Sindicato de Periodistas, Filemón Medina, ‘criminalizaría el libre ejercicio del periodismo’ y violenta ‘el principio de la denuncia ciudadana’.

Jean Marcel Chéry, expresidente del Colegio Nacional de Periodistas, sostuvo que la propuesta viola la doctrina del fiel reporte, acuñada por la Convención Americana de Derechos Humanos.

‘Esa convención, en muchos países, está sobre la Constitución, así que la propuesta podría ser inconstitucional e ilegal’, advirtió.

ESTRATEGIA DEL MIEDO

Norma Núñez de Montoto, expresidenta del Consejo Nacional de Periodistas, insistió, por su lado, en que el hecho de que el Ejecutivo y la Asamblea pretendan impulsar proyectos de ese tipo demuestra ‘el miedo que le tienen a los periodistas’.

‘Es contradictorio, no se le debe tener miedo a nada si se actúa con transparencia...’, dice.

Los gremios no descartaron elevar una petición a los diputados para que sean incluidos en las consultas sobre las propuestas.

‘Todas las leyes en Panamá tienen que ser consensuadas, ellos (los diputados) saben que cada vez que presentan algo que podría ir en contra de la libertad’, expresó Grisel Bethancourt, presidenta del Colegio Nacional de Periodistas.

‘¿Qué garantía habría, por parte del partido gobernante, que lo que buscan en pleno periodo preelectoral es sentar las bases para beneficiarse ellos mismos’, se pregunta Bethancourt.

UNA ESTRATEGIA ‘AMAÑADA’

Al igual que Bethancourt, el presidente del Sindicato de Periodistas coincide en que estos proyectos legislativos no son más que una ‘nueva estrategia política’ del gobierno de Ricardo Martinelli para evitar ser víctima de señalamientos.

El coordinador y vocero del opositor Frente por la Defensa de la Democracia, Mariano Mena, ramifica su lectura de los proyectos legislativos en dos planteamientos: ‘el gobierno quiere instaurar una política de terror y profundizar el control ciudadano’.

‘REFORMAS DEBEN SER EVALUADAS’

La exprocuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, está convencida de que cualquier cambio en el Código Penal no se puede hacer solamente bajo el criterio de castigo, sino que hay que analizar cuál es el fenómeno que creen que van a poder repeler porque ‘la razón primordial es la prevención, no solamente el castigo, es evitar que la conducta se cometa’.

Entonces, asegura, si no hay un estudio que justifique el aumento de la pena en esta reforma, la jurista cree que las modificaciones resultarán ‘poco científicas y no serán efectivas’.

El diputado Martínez justificó la iniciativa sin entrar en detalles. Dice que es para proteger la base de datos de ‘instituciones en indefensión’.

El documento de la ASEP, por su lado, obligaría a los cibercafés a pedir tanta información como la de un contrato de teléfono prepago a sus clientes, así como guardarla en la base de datos.