El 2013 abriría con nuevo escenario de protestas

PANAMÁ. El sonido del caracol podría volver a oírse en la transitada vía Interamericana a la altura del distrito de San Félix, a tan solo 47 días de cumplirse un año de las protestas que se registraron en el oriente chiricano.

A las puertas de un nuevo año en el que también arranca el periodo preelectoral las manifestaciones empiezan a vislumbrarse en el horizonte nacional.

Las protestas no se limitarían al oriente chiricano, también volverían a Colón y a Changuinola.

El incumplimiento de parte del gobierno de los acuerdos pactados motivó una reciente alianza estratégica entre las coordinadoras de la comarca Ngäbe Buglé, de Changuinola y de Colón respaldada por los movimientos populares.

LOS INCUMPLIDOS

El descontento lo dejó plasmado la cacica general de la comarca, Silvia Carrera, al denunciar ayer en TVN Noticias que la Fiscalía del distrito de David, en Chiriquí, ha vuelto a llamar a declarar a los detenidos durante las manifestaciones de febrero de este año. Además, el gobierno tampoco ha cumplido con el apoyo a los heridos y familiares de las víctimas de los enfrentamientos.

Otro de los temas sensitivos fue el de presentar un informe de verificación y revisión del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco que tras nueve meses de haberse establecido este compromiso en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tampoco se ha concretado.

La dirigencia indígena ha denunciado que el proyecto hidroeléctrico inundará más del número de hectáreas que la empresa Generadora del Istmo, S.A. (Genisa) —encargada del proyecto Barro Blanco— presentó en su estudio de impacto ambiental.

‘Este proyecto afectará 6.8 hectáreas de las áreas anexas de la comarca donde se perjudicarán varias comunidades: Quebrada de Caña, Nancito, Quiabda, Nuevo Palomar, la Bramona’, reiteró Ricardo Miranda, del Movimiento 10 de Abril.

Pero según representantes de Genisa, el proyecto está totalmente fuera de la comarca Ngäbe Buglé.

El pueblo indígena asegura que seguirá manteniendo lo que para ellos es su principal consigna: ‘Nün digue jadimie kore mëndögüane’ (‘seguiremos luchando siempre’), advirtió el dirigente Miranda.

LA LARGA ESPERA DEL FAC

Desde el otro extremo, en la costa atlántica, el Frente Amplio de Colón ya se cansó de esperar.

El dirigente Edgardo Voitier reiteró que no entiende por qué el gobierno, luego de seis reuniones, decidió suspender la mesa del diálogo.

En la última reunión, a finales de noviembre, el FAC entregó al ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, representante del Ejecutivo en la mesa del diálogo, un pliego de 33 propuestas entre las que contemplaba la asignación de unos $500 millones para impulsar un plan de desarrollo socioeconómico en la región.

Además, pidieron el 50% de los recursos que obtiene la Zona Libre de Colón, los puertos, el ferrocarril y hasta el Canal de Panamá, se destinen al Plan de Desarrollo Integral de Colón.

Voitier sustentó que no puede ser que una región que aporta aproximadamente el 16.9% del producto interno bruto al país esté sumergida en la pobreza y la marginalidad que visten sus calles.

LA LEY DE PENSIONES QUE NUNCA LLEGÓ

En Changuinola, el dirigente sindicalista Genaro Benett explica que ‘es preocupante’ la realidad de las víctimas producto de las protestas en el 2010 ante el rechazo de la ‘ley chorizo’, que modificaba el Código de Trabajo, Código Penal, Código Judicial, así como la Ley Ambiental, entre otras cosas.

Benett dice que el gobierno se comprometió a impulsar una ley que autorizara pensiones vitalicias a los aproximadamente 68 heridos durante las manifestaciones (algunos de los cuales quedaron ciegos), sin embargo, la realidad es que dos años después de firmado el acuerdo aún no se cumple.

Frente a este panorama, las coordinadoras esperan que el gobierno responda a lo pactado porque —advierten— ‘con los sectores populares no se juega’.