Siguen presiones por futuro de SPA

PANAMÁ. Gremios de abogados del país, han reactivado sus voces de alerta, luego de conocer que la decisión del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, halla decidido renunciar a la Coordinación de la Implementación del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

La reacción del magistrado se dio justo una semana después de que el presidente Ricardo Martinelli, sancionara la ley que pospone el SPA, algo que según el presidente del Colegio Nacional de Abogados , César Ruiloba, ‘es un mal indicativo’, ya que todo apunta a que ‘los circuitos entre los órganos Ejecutivo y Judicial no andan bien’.

Para el jurista detrás de la suspensión del SPA, se esconden otro tipo de matices que van más allá de falta de presupuesto para su implementación: ‘es una decisión política’, reafirma Ruiloba quien reiteró la necesidad de que el gobierno abra un proceso de consultas en el que los sectores puedan expresar su opinión sobre ‘la Ley (sanción del Ejecutivo) es contraproducente, y por lo tanto va a generar un impacto negativo’.

Es que el repentino revés que le dió el Ejecutivo al aplazar el SPA, cada día genera más dudas e interrogantes, sobre el futuro que le depara a esta iniciativa, afirma la exprocuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, quien dibuja un panorama donde ‘cada día se entienden menos los actos que allí (en la Corte) se deciden’.

Ahora con la renuncia del magistrado Ayú a la Coordinación del SPA dice que no se sabe cuál será la brújula judicial que tomará el proyecto, porque ‘en la Corte no existe un mejor funcionario que conozca del SPA que él.

A este de mar de inquietudes, se sumó la Asociación Panameña de Derecho Constitucional, gremio que a través de una misiva expresó su preocupación por la decisión del Ejecutivo ‘se yergue como una violación más a los derechos humanos constitucionalmente instituidos, reafirmando el poco respeto del actual gobierno por las instituciones, las leyes y los ciudadanos’.

Asimismo el Grupo Unificador por la Independencia del Abogado, expone que no hay excusas para posponer el SPA. Recomiendan se apruebe un crédito adicional, que contemple las dotaciones aprobadas para la integración y operatividad de la derogada Sala Quinta, al igual que ahorros que generen del Órgano Judicial y el Ministerio Público.