Demanda contra suspensión de SPA

PANAMÁ. El primer recurso contra la aprobación de la Ley 8 del 6 de marzo de 2013, por medio de la cual el Ejecutivo aplaza la implementación del Sistema Penal Acusatorio (SPA) por dos años, fue presentado ayer por abogados independientes.

A título personal, los abogados Alonso Fraguela y Luis Rogelio García presentaron una demanda de inconstitucionalidad sustentando como fundamento que el presidente de la República, Ricardo Martinelli, sancionó esta ley ‘sin consultar con los gremios de abogados y sociedad civil’.

Los juristas especifican además que los Artículos 1 y 2 de la Ley 6 de 8 de marzo de 2013 ‘son inconstitucionales’ porque vulneran directamente el artículo 1 de la Constitución Política, que establece que ‘el gobierno de la Nación Panameña es unitario, republicano, democrático y representativo’.

En consecuencia, la nueva ley ‘contraviene’ con lo establecido en ese artículo porque siendo el Gobierno de la República de Panamá unitario y no federal, permitirá que en el territorio nacional rijan simultáneamente dos normas procesal penal en diferentes jurisdicciones: las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas se regirán con el Sistema Penal Acusatorio, mientras que el resto del país funcionará con el inquisitivo Código Procesal Penal que ha estado vigente por muchas décadas en la justicia panameña.

Esta violación roza con el artículo 19 de la Constitución Política que, en el criterio de los juristas, también ‘se vulnera’.

‘No habrá fueros o privilegios, ni discriminación por razón de raza nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas’, ordena la Constitución.

Precisamente —alegan los abogados— en el país se aplicarían dos tipos de justicia: una para los ciudadanos comunes que serán juzgados por el proceso inquisitivo, siendo estos excluidos de los beneficios que brinda el Proceso Penal Acusatorio y la otra clase de personas, aquellas que son funcionarios con mando y jurisdicción nacional, quienes gozarán de prerrogativas y privilegios que otorga el Sistema Penal Acusatorio.

El Sistema Penal Acusatorio entró en vigencia en Panamá en septiembre de 2011. Ese año se destinaron $6.6 millones. Posteriormente, en el 2012, se asignaron $5.7. Finalmente para este año se había destinado un presupuesto de $3.5 millones; es decir, $3.1 millones menos que el año anterior para la implementación del SPA en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Panamá.