Gálvez se queda solo en su idea de controlar la prensa

PANAMÁ. En Panamá no hay ley de medios. Lo más cercano es una disposición en la Ley 24 de 1999, que regula los servicios públicos, y que prohíbe que quien tenga una televisora controle un periódico en la misma circunscripción, y viceversa.

Pero el presidente de la Asamblea, Sergio Gálvez, se ha dispuesto a cambiar ese panorama. Advirtió la semana pasada de la necesidad de una ley de prensa ‘real y efectiva’, que embatiría la forma en la que se ejerce el periodismo en Panamá.

Lo ha dicho al calor de publicaciones que cuestionan el uso de los recursos públicos por parte del oficialismo para la campaña política que se avecina, y por el dominio que ejerce sobre la agenda legislativa el poder Ejecutivo.

En su bancada, sin embargo, los ánimos no están a la par. Diputados de gobierno consultados por La Estrella tomaron distancia de la propuesta de Gálvez, quien se queja de que la prensa ha ‘satanizado’ su figura.

De hecho, hasta el momento el tema ni siquiera ha sido considerado en reuniones de la bancada oficialista.

El vicepresidente del Legislativo, Abraham Martínez, consideró que es inoportuna la idea de regular los medios porque —dice— en su libertad se apoya la democracia.

‘Jamás apoyaría cualquier idea en ese sentido’, insiste Martínez, abogado de profesión y cuestionado recientemente por los medios por la compra de seis apartamentos cuyo costo supera con creces su salario de diputado.

‘NO PODEMOS TENER LA PIEL SENSIBLE’

José Muñoz, expresidente de la Asamblea y uno de los diputados oficialistas más influyentes, asegura que ‘jamás apoyaría una ley de prensa que venga de un diputado’. Que eso se lo explicó a Gálvez y que el tema no ha sido visto por la bancada.

‘Me voy a oponer a cualquier reforma’, promete, a menos de que sea ‘de los gremios o de algún periodista’.

Según Muñoz, esa sería la única fórmula para consensuar algún tipo de propuesta que regule el ejercicio del periodismo.

—Estamos cerca de las elecciones, no es conveniente, además los medios nos han cuestionado—, justifica.

Muñoz sostiene que esa no ha sido una discusión de la bancada, por tanto Gálvez habla a título personal.

‘No se puede tener la piel sensitiva, simplemente hay que salir a decir la verdad’, aconseja a sus colegas,

Hernán Delgado, expresidente de la comisión de Gobierno, también se opuso a la idea de normar los medios. ‘Y no es porque sea dueño de una emisora’, aclaró.

UN INTENTO MÁS

La idea de controlar los medios no es exclusiva del ‘cambio’ —que, paralelamente, despenalizó la calumnia e injuria—. En la democracia posinvasión, todos los gobiernos han mostrado interés en conseguir una ley de prensa, sin éxito.

La primacía de Cambio Democrático en la Asamblea ha puesto en perspectiva dos veces el tema. La primera, de la mano de la diputada Dalia Bernal, una docente que dijo estar preocupada por la programación de los canales abiertos de televisión.

La segunda vez fue a nombre del suplente Agustín Sellhorn, quien proponía cuatro años de cárcel a quien vilipendiara al presidente de la República Ricardo Martinelli. La propuesta fue retirada tras el rechazo de los gremios de prensa y la sociedad civil organizada.

Sellhorn ahora piensa que no es tiempo de hacer ninguna ley que ‘dé directrices a los medios’.

En la vida, asegura, ‘hay tiempo para todo, pero este no es el momento’ de promover una ley de ese tipo.

De todos modos, Sellhorn consideró que la propuesta de su colega Gálvez no tiene nada de imprudente: ‘solo es su concepto de lo que debe ser y yo se lo respeto’.

Pero salva: la prensa ataca sin ningún tapujo.

Sergio Gálvez mantiene su perspectiva sobre el controvertido asunto. Insiste en que así como lo han ‘satanizado’, están atacando a su propuesta que aún no está en borrador.

‘Creo que sí hay que hacer una gran ley de prensa que sea beneficiosa para ustedes (los periodistas), para los que no son políticos y para los políticos’, aseguró.

Gálvez ha actuado al filo de casos como Argentina, donde se limitó la cantidad de licencias que podía tener un medio, así como el de Burundi —en África—, donde a principios de mes se pasó una ley que obliga a los periodistas a revelar sus fuentes.