Política y economía en 192 años de vida republicana

Actualizado
  • 01/12/2013 01:00
Creado
  • 01/12/2013 01:00
Han transcurrido 192 años de la independencia de Panamá de España; 82 años después de dicha independencia, el istmo se separa de Colombi...

Han transcurrido 192 años de la independencia de Panamá de España; 82 años después de dicha independencia, el istmo se separa de Colombia. En ambas, la acción política expresaba también un interés económico local. Nunca hubo altruismo por parte del patriciado istmeño, si es que por esto entendemos una acción social que expresara los intereses de todos los sectores, especialmente de los sectores populares. La acción política independentista como la separatista estuvo mediada por el interés económico, y esta relación es tan vieja como los vínculos entre las relaciones mercantiles y las estructuras de poder, tanto en sociedades tradicionales como modernas. Ello solo ratifica aquella tesis de que ‘la política es la expresión concentrada de la economía’.

EL PODER OLIGÁRQUICO

Un repaso por nuestra historia institucional mostraría que las más importantes iniciativas políticas orientadas a la edificación y perfeccionamiento de estructuras de poder, desde la creación del Estado Federal, son ejemplos de estos vínculos entre economía y política. Soler señala que la atmósfera cultural desde la colonia era librecambista, instalando en el istmo un temprano liberalismo ideológico-político. Es más, para Panamá ‘liberalismo, federalismo, autonomismo e independentismo son términos que remiten unos a otros’ (Ricaurte Soler). Sin embargo, en el istmo la idea de Nación antecedió a la creación de nuestro Estado-nacional, no siendo esta tardía construcción sociopolítica una excepción en Hispanoamérica, ya que las declaraciones formales de algunas naciones que lograban su independencia no conllevaban necesariamente la creación simultánea de Estados nacionales (Ozlak).

Para la realidad panameña, la particular forma en que se expresó la política como ‘poder mediatizado’ y la manera limitada que asumió en el proceso de edificación nacional a lo largo del siglo XX, está vinculada al momento histórico en que surge con pretensiones de ser poder centralizado territorialmente. Sin embargo, es en los escenarios de una dinámica institucional de fraudes, golpes y asedios populares donde emerge una constante, una estructura de poder jurídico-político de naturaleza oligárquica, que se desdobla en dos etapas: el oligárquico-liberal restringido (1903-1936); y el oligárquico-liberal ampliado (1937-1968).

EL CAMBIO SIN TRANSFORMACIÓN

Este proceso lo que describe es la continuidad en la ruptura o cambiar sin transformar. Pese a la naturaleza concentradora y excluyente de esta estructura de poder en el siglo pasado, el proceso de construcción de la estatalidad nacional y en ella la democracia, no tuvo exenta de conflictos. La atraviesa históricamente la persistencia de mantener a toda costa y hasta nuestros días onerosos privilegios privados de una minoría —ayer los privilegios de los comerciantes y terratenientes de nuestro pasado colonial; y en el presente, los privilegios de empresarios transnacionalizados del comercio, inmobiliarias y finanzas—, frente al asedio de los sectores sociales que por su condición de excluidos, presionan por abrir la institucionalidad y ampliar la base ciudadana y democrática del país. A esta primera tensión política se articula un conflicto o tensión que vincula a determinadas clases a una disyuntiva del todo o nada: la lucha del ayer, por la soberanía plena en el territorio; y la del hoy, por la consolidación de un Estado nacional, profundamente social y democrático.

En esta segunda tensión se expresó la tardía inserción a nivel internacional de nuestro país como sociedad política ‘independiente’, en un contexto de expansión del imperialismo norteamericano que impidió la afirmación y consolidación de un Estado nacional con capacidad de capturar y volcar sobre sí, los beneficios de una sociedad que se había fundado bajo el imaginario dominante de la ruta de tránsito. En realidad, la manera en que se insertó el istmo como zona de tránsito al proceso internacional de valorización y acumulación de capital, no sólo configuró una articulación dependiente que la condicionó en su estructura económica, sino que también determinó históricamente la forma mediante la cual se ha planteado políticamente la cuestión estatal-nacional, en términos históricos.

Una de sus características estructurales en la formación social panameña reside en que a nivel local, su modalidad de desarrollo capitalista dependiente se organizó privilegiando aquellas actividades en donde tienen mayor peso la circulación de bienes de capital y mercancías, en detrimento de actividades tendiente a la valorización del capital por vía de la transformación productiva. Esta matriz económica es lo que Xabier Gorostiaga llamó ‘plataforma de servicios transnacionales’.

Condicionado por lo anterior, se produce históricamente una fractura política que de manera cíclica ha sometido a la sociedad panameña a profundas crisis desde 1821 y que orientó de alguna manera los recurrentes procesos separatistas. Esta residió en la debilidad estructural que derivó del desencuentro histórico entre una temprana idea de Nación y la ausencia de un Estado nacional con capacidad de generar la acumulación territorial. Sin embargo, en este contexto de debilidades institucionales y pese a privilegios sociales que constituyeron un pesado lastre colonial de nuestras oligarquías, nuestras pequeñas burguesías y capas medias profesionales se orientaron de manera conflictiva en la conocida ‘estrategia del gatopardo’, cuyo objetivo era la de ampliar el espacio público, incorporar demandas y derechos con tal de proyectar un imagen de cambio y estabilidad. Forman parte de estos procesos las experiencias populistas del siglo pasado (Porras, Arias y Torrijos).

LA ESTRATEGIA DEL GATOPARDO

La estrategia del gatopardo es el conjunto de acciones políticas —descrita en la novela ‘El Gatopardo’ de Giuseppe Tomasi di Lampedusa—, orientadas a la promoción de reformas políticas que cambian el espacio institucional con tal de propiciar la integración de determinados sectores sociales pero manteniendo en esencia matrices básicas de poder. Esto significa la transformación de una parte de las estructuras políticas para la mantención del todo con tal que nada de lo sustancial se modifique. La divisa que orienta este tipo de estrategia denominada ‘gatopardismo’ es la frase, ‘si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie’.

En este devenir histórico de la política como economía concentrada, el autoritarismo político constituye la constante y la forma criolla de implementación de la ‘estrategia del gatopardo’. Pareciera que en este proceso de afirmación política, frente a una desigualdad histórica que no es solamente territorial, que es también social y económica, lo nacional y con ella su estructura económica se han articulado a través de la mediación autoritaria que construye a su vez al mito político, la figura del caudillo. A partir de esta mediación se ha instalado en el imaginario político cultural del país la concepción de que la integración nacional y el cambio —en una sociedad fuertemente fragmentada y de exclusión social—, solamente es posible a través de la recurrencia autoritaria. Porras, Arias y Torrijos realizan históricamente la hipótesis.

EL MITO POLÍTICO

El mito político se construye dentro del horizonte del imaginario colectivo, ya que en él se depositan todas las debilidades sociales, económicas y políticas, creando la ilusión de inclusión y cambio. Ello configura un campo cultural donde la fuerza de la ideología transforma las debilidades sociales en portentos políticos. Ante la ausencia de una cultura política orientada racionalmente, el mito político en Panamá transforma la realidad objetiva —lugar en que se padecen las fragmentaciones, marginaciones y las exclusiones sociales—, en una realidad subjetiva donde el imaginario cultural suele entender la integración y la solución de los anhelos sociales a través de personajes portentosos. Frente a esta realidad no es difícil argumentar que en Panamá la ‘politicidad’, es decir las prácticas culturales que han configurado modalidades institucionales en la relación gobernantes-gobernados, se han realizado fundamentalmente bajo la impronta del autoritarismo estatal y que ellas expresaron y expresan la débil cultura política ciudadana de nuestro país.

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