Deuda millonaria quedaría en papel

PANAMÁ. Es un saco inmenso el que carga el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA). Y no deja de llenarse. Pero no es de productos agrícolas, es dinero que los políticos no han pagado a la entidad por los créditos para la instalación de Jumbo Tiendas en sus respectivas circunscripciones. La cifra ya alcanzó los $4 millones.

Durante la presentación del informe de gestión ante la Asamblea Nacional en agosto pasado, el director del IMA, Julio Ábrego, informó que la cifra adeudada era de $2.9 millones. Siete meses después, la morosidad subió $1.1 millón más.

Ábrego volvió a poner el dedo sobre la llaga ayer: ‘diputados y representantes no han pagado la morosidad’, dijo. Lo que más le preocupa es que el proceso electoral entra en su recta final y muchos políticos podrían no ser reelectos. ¿Qué pasará con esa deuda? Lejos de criticar, identificar a alguno de esos políticos o difundir la lista de los morosos, el IMA prefiere hacer el mismo llamado a todos a través de misivas que envía a los respectivos circuitos. Parece que la petición ha caído en oídos sordos.

¿Qué analiza el IMA? ¿Qué medidas tomará para recuperar el dinero? La Estrella envió preguntas a la institución para saber cómo cobrará los $4 millones, pero hasta el cierre de la edición mantuvieron hermetismo.

LAS CARAS DE LA DEUDA

Conocer los nombres de los políticos y las cantidades exactas de lo que adeudan ha sido una labor titánica. El tema ha sido guardado con mucho celo por el IMA. Solo se sabe que en la extensa lista de morosos hay alcaldes, ediles, diputados y gobernadores, la mayoría oficialistas, aunque la iniciativa también se puso al alcance de ministros, viceministros y directores nacionales que tuvieran la potestad de ser los responsables de alguna Jumbo Tienda y asumir la deuda.

Por cada Jumbo Tienda a cada político se le extiende un crédito de hasta $10 mil. La cadena de comercialización en cada feria depende de la zona en la que se ubique.

Este crédito tiene un rendimiento promedio de un 10 a 12%, que el IMA utiliza para gastos operativos. Entonces, ¿por qué no se ha devuelto la plata? Es la gran incógnita.

Este movimiento comercial está ligado a los pagos pendientes. El mayor porcentaje de la deuda estaría en la provincia de Chiriquí, con poco menos de medio millón de dólares. Sólo en junio, la regional del IMA reportó el cierre de tres tiendas, por deuda de $76 mil, lo que ‘golpeó’, según el director de la institución en la provincia, José Caparroso, la liquidez en algunas zonas de Chiriquí, como San Lorenzo y Puerto Armuelles.

Hace seis meses, un reporte de esta entidad detallaba que entre 2011 y el 13 de septiembre del año pasado, el IMA había entregado a los políticos en concepto de créditos un total de $42 millones, de los cuales no han sido recuperados $2.9 millones.

El director Ábrego explica que con algunos políticos hay acuerdos de pago, pero que con otros ha sido necesaria la intervención de un juez ejecutor.

LAS CRÍTICAS DE LA ‘OPO’

En la oposición aseguran que la mayoría de los morosos son del gobierno. Este programa fue instalado en 2011 por el gobierno de Ricardo Martinelli para bajar los precios de la comida.

Diputados como el panameñista José Luis Varela sostienen que la instalación de las Jumbo Tiendas sólo se permite a los oficialistas, una jugada que calificó de ‘clientelista’.

Clientelismo o no, en el IMA se han trazado la meta de aumentar a 500 el número de Jumbo Tiendas, esto antes de mayo de 2014, cuando se celebren las elecciones generales.

‘Hay que llevar comida barata al pueblo’, no se ha cansado de repetir el presidente de la República, Ricardo Martinelli.

En enero de este año, durante la instalación del último periodo legislativo del actual gobierno, el mandatario, ignorando la deuda, las críticas y los esfuerzos del IMA ‘para llevar comida barata al pueblo’, anunció el ‘plan de regresión de precios’, con el cual se ofrecen seis productos de la canasta básica a precios asequibles para la población. Estos productos se podrán encontrar ‘exclusivamente’ en las Jumbo Ferias. Un negociado agrícola en el que la inversión no retorna al IMA, se queda en otros bolsillos.