Lo que debieron hacer las autoridades en el caso Finmeccanica

Actualizado
  • 29/03/2014 01:00
Creado
  • 29/03/2014 01:00
La inquietud del Colegio de Abogados responde en parte al contraste de información que se recibe sobre la investigción del caso Lavítola

La inquietud del Colegio de Abogados responde en parte al contraste de información que se recibe sobre la investigación que realiza la fiscalía Italiana, y la respuesta que ofrecen las autoridades panameñas al respecto, aduciendo que en Panamá no existen pruebas sobre un hecho de corrupción consumado entre el conglomerado Finmeccanica y el gobierno panameño.

En cambio, según José Alberto Álvarez, presidente del gremio, uno de los primeros pasos que el Ministerio Público debió dar fue nombrar a un abogado para representar a Panamá en el caso. Luego, ese jurista confeccionaría un informe en el que constara si hay o no señalamientos o cargos contra panameños. De existir imputaciones contra cualquier panameño, correspondería abrir una causa penal o civil en Panamá contra estas personas. En abril del 2012 el ministro de Seguridad, José Raúl Molino, viajó a Italia y contrató los servicios de un renombrado penalista italiano como consultor del gobierno panameño en el país europeo. Pero sobre su desempeño u honorarios, la administración Martinelli nunca más dio detalles.

Tomando en cuenta que los delitos pudieron haberse cometido en ambos países (Italia y Panamá), la Procuraduría panameña debió solicitar una cooperación judicial a Italia.

El proceso se encuentra próximo a una audiencia, por tanto, deben existir nuevos elementos o pruebas que aclaren la participación de Panamá en este caso. Es hora de que el Ministerio Público ejecute un auxilio judicial para conocer el contenido del expediente, asegura el gremio abogadil.

En diciembre de 2012, el entonces procurador José Ayú Prado ordenó archivar las sumarias de la investigación efectuada en la Fiscalía Anticorrupción, bajo la premisa de que no se acreditó la comisión del delito, y en la misma tampoco se mencionaba nombre alguno.

No obstante, en Italia, ahora las cosas son distintas. La fiscalía ya presentó evidencias a la juez, y Valter Lavitola, acusado, entre otros cargos, de corrupción internacional, ‘puede agregar más información y solicitar una rebaja de pena’, aseguró Álvarez.

La historia de corrupción internacional para asegurar cuantiosos contratos no es nueva. En la India, a principios del año pasado, el ministro de defensa ordenó al buró de investigación averiguar los detalles del contrato con Finmeccanica, después del arresto de Giuseppe Orsi, presidente de la división de Defensa de Finmeccanica, y otros altos directivos del consorcio, ante la sospecha del pago de coimas a oficiales hindúes para asegurar un contrato por 753 millones de dólares. Ante el escándalo, canceló el contrato por la compra de 12 helicópteros a esta empresa.

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