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30 de Nov de 2020

Política

Si hay indulto, el gobierno de Varela lo puede revocar

Legalmente, el presidente de la República puede derogar un decreto ejecutivo. En la historia política panameña ya hay precedentes

Si hay indulto, el gobierno de Varela lo puede revocar
El presidente , Ricardo Martinelli, celebró ayer el que podría ser su último Consejo de Gabinete, no se informó de aprobación de indulto.

Ya el presidente saliente, Ricardo Martinelli, lo anunció. Antes de dejar su cargo otorgará indultos, como se lo permite la Constitución.

Es casi una costumbre que en las postrimerías de su gobierno, los presidentes salientes ‘perdonen’ a personas que han sido condenadas.

En esta ocasión, la preocupación de la sociedad civil no se ha hecho esperar. Se teme que haya funcionarios que intenten burlar la justicia.

Pero antes de estampar su rúbrica en el decreto con los nombres de los beneficiados con el ‘perdón presidencial’, Martinelli debe pensarlo dos veces. Primero, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que señala que ‘todo decreto de indulto deviene en inconstitucional si beneficiara a personas que no han sido condenadas por la comisión de delito alguno’.

Para el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal, este dictamen de la Corte es una ‘muralla para la intención manifiesta’ de Martinelli.

Esa sentencia la han traído al debate público varios abogados constitucionalistas por las versiones que circulan sobre la intención de otorgar indultos a diputados, ministros de Estado y otros funcionarios de la actual gestión de gobierno.

Sumado al fallo de la Corte —en el que los magistrados señalan como delitos políticos la rebelión, sedición o la insurrección armada— el presidente Martinelli debe tener claro, destaca Bernal, que un decreto ejecutivo del nuevo presidente puede dejar sin efecto la norma mediante la cual Martinelli daría tales indultos.

Mireya Moscoso, dos días después de iniciar su gestión presidencial, el 3 de septiembre de 1999, firmó el Decreto Ejecutivo 213 —que se promulgó el miércoles 8 de septiembre en la Gaceta Oficial—, en el que declaró ‘inexistente y revocó en todas sus partes, el indulto concedido a Eduardo Herrera’.

El indulto que al inicio de su gobierno revocó Moscoso fue otorgado en el ocaso del gobierno de Ernesto Pérez Balladares, el 25 de agosto de ese mismo año. Herrera, quien fungía como gobernador de la provincia de Panamá, fue llamado a juicio por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, por la comisión de los supuestos delitos de abuso de autoridad y extralimitación de funciones.

El entonces gobernador había autorizado el ingreso de las fuerzas especiales antidisturbios de la Policía Nacional a los predios de la Universidad de Panamá, que goza de autonomía.

ADVERTENCIA

Al acercarse el día final del gobierno de Martinelli, las voces de alerta aumentan. Desde abogados, el Frente en Defensa de la Democracia y hasta el propio presidente electo se han pronunciado.

El vocero del Frente por la Democracia, Edgardo Voitier, advirtió que el grupo ‘se opone a todo tipo de maniobra política y legal. Martinelli busca blindar a todos sus candidatos electos’, dijo.

Exigen que si el presidente saliente otorga un indulto, ‘el próximo parlamento o el presidente debe revocarlo’.

Por su parte, el mandatario electo, Juan Carlos Varela, recordó al presidente saliente Martinelli que la figura del indulto no debe ser usada a favor de quienes cometen actos de corrupción que atentan contra la seguridad del Estado. ‘Eso sería un error’, aseveró.

El abogado constitucionalista Ítalo Antinori, por su parte, explicó que en la Constitución se habla de delito político, pero nadie lo ha definido, porque ‘los señores políticos lo han querido tener así para interpretarlo’. Agrega que ‘no existe una norma que defina delito político, lo que se presta a confusión’.

Para que exista un indulto presidencial, explica Antinori, debe haber una sentencia o un proceso; de lo contario, sería una ‘aberración política’.

Darle un indulto a quienes enfrentan un proceso de impugnación por las pasadas elecciones sería una aberración porque una demanda no es una imputación de un delito; serían absurdos tales indultos por impugnación electoral.