Pena mínima de 20 años por espionaje
Abogados coinciden en que este delito debe ser sancionado al máximo, porque la privacidad es un derecho fundamental inviolable
José Alberto Álvarez hace un reclamo directo al presidente de la República. Como máximo mandatario actual, lo que debe hacer es divulgar la lista de todas las personas que fueron víctimas de este espionaje.
La desaparición de un equipo valorado en $13.4 millones y el desconocimiento de su paradero por parte de las autoridades actuales y los exdirectores del Consejo de Seguridad han activado las alarmas sobre el espionaje telefónico estatal y el uso que se le daba a este material.
Ávarez dijo que la intención sería que cada uno de los afectados pueda estar en capacidad de presentar una denuncia criminal contra los autores materias e intelectuales de estos actos. Además, proceder contra el Consejo de Seguridad y el Estado panameño por permitir este tipo de prácticas.
RECLAMO DE ABOGADOS
José Alberto Álvarez alega que la Constitución Política en su artículo 29 no deja lugar a dudas, las comunicaciones y la correspondencia de los ciudadanos panameños y de los residentes en territorio nacional no puede ser violada.
En estos casos, el Consejo de Seguridad no tenía justificación para su actuación porque se estaba escuchando a políticos y después las grabaciones quedaban en las redes sociales.
La única justificación para que el Consejo de Seguridad intervenga los teléfonos o la correspondencia electrónica es cuando exista sospecha de terrorismo, narcotráfico, secuestros u homicidios.
También se sumó a la queja Rogelio Cruz, exprocurador de la Nación, quien afirma que hay que acabar con esta preocupación y temor del pueblo panameño.
Cruz dice que es muy grave que este equipo esté siendo utilizado por alguien para escuchar conversaciones privadas, sin justificación.
Además del paradero del equipo, hay que investigar quiénes son las personas que estuvieron en estas prácticas ilegales e inconstitucionales.
El exprocurador Cruz dijo que incluso si es necesario viajar a Israel para comprobar la compra del equipo, hay que hacerlo.
Ambos coinciden en que las investigaciones se deben hacer con urgencia, antes que se borren los rastros.
Los exsecretarios del Consejo de Seguridad han negado que estuvieran escuchando a políticos o particulares sin razón.
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