Cucalón, en prisión preventiva

La indagatoria del exdirector de Ingresos Luis Cucalón despertó ayer gran expectativa y su llegada al Ministerio Público congregó desde muy temprano a representantes de casi todos los medios de comunicación del país. Todos se quedaron hasta conocer el veredicto final: prisión preventiva.

Su declaración ante la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, a propósito de la gestión de Cobranzas del Istmo, contratada durante su mandato para recaudar los impuestos morosos, se adelantó como ‘clave' para entender el verdadero negocio de la empresa que recibió hasta $47 millones en comisiones por los servicios prestados entre los años 2010 y 2014.

Sin divulgarse mayores detalles sobre el contenido de sus declaraciones, alrededor de las 8:00 p.m., y tras casi doce horas de interrogatorios, la indagatoria de Cucalón fue suspendida, con el aviso de que se reanudaría hoy, martes.

La Fiscalía dictó prisión preventiva para Luis Cucalón, que permanecerá recluido, como medida cautelar, mientras se resuelve su señalamiento en el expediente abierto a Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA)

El viernes pasado, Cristóbal Salerno, dueño de la empresa (CISA), acusó al exdirector de la Autoridad Nacional de Ingresos (ANIP) de recibir $5.8 millones para favorecer la adjudicación, de manera directa, del contrato que le permitió a la gestora manejar una cartera morosa de $172 millones.

‘Esto apenas comienza', dijo a La Estrella de Panamá el abogado de Cucalón, Víctor Chang Castillo, quien lo acompañó ayer durante su comparecencia ante el Ministerio Público.

Chang aseguró que existen más personas involucradas en esta trama de corrupción y que su defendido está dispuesto a identificarlas a todas y aportar documentos públicos para que sean analizados.

‘El señor Cucalón va a explicar cómo operaba la tercerización del cobro de impuestos y quiénes estaban involucrados', dijo Chang, añadiendo que la justicia deberá llamar al que tenga que llamar porque ‘aquí nadie puede estar escondido'.

El abogado también dijo que se asegurará de que no se vulneren los derechos de su defendido ni sus garantías constitucionales.

‘Posiblemente se tendrá que programar un careo entre Cristóbal Salerno y mi defendido (Luis Cucalón), y también con los muchos que va a empezar a mencionar', añadió.

La defensa de Cucalón reconoce que la enmarañada trama en la que está involucrado su cliente tiene que aclararse.

‘Hay que buscar sin miedo a todos los implicados, al de adentro, al de afuera y a los de arriba', subrayó Chang.

—(Alberto) Vallarino, (Dulcidio) De La Guardia, (Frank) De Lima, preguntó este diario. ‘Yo creo que sí, por lo que ha dicho hasta ahora', respondió el abogado.

‘Antes del cambio de gobierno no hubo un pronunciamiento contra el contrato de tercerización firmado entre el Estado y CISA, por qué se hace ahora. Ese es el tema, por qué no se hizo antes', indicó el abogado.

La defensa del exdirector de Ingresos aludió al actual ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, quien fungía como viceministro de Finanzas al momento de la firma del contrato 100 del 25 de agosto de 2010, rubricado por Cucalón, la entonces contralora de la República, Gioconda de Bianchini, y Magaly Ramos, en representación de CISA.

De la Guardia pudo haber actuado antes, pero no fue hasta después de asumir el cargo de ministro en la actual administración, cuando decide interponer una querella penal contra Cucalón (el 16 de enero pasado) por falsificación ideológica de documentos públicos en prejuicio del Estado y favorecer a CISA con el contrato.

Al firmarse el contrato, en la posición de máxima responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas se encontraba el empresario Alberto Vallarino, copartidario y contribuyente de la campaña del presidente Juan Carlos Varela. Sin embargo, como viceministro de Finanzas, el jefe directo de Cucalón era De la Guardia.

En el mismo ministerio, pero como viceministro de Economía, laboraba Frank De Lima, quien a la ruptura de la alianza entre los partidos Cambio Democrático (CD) y el Panameñismo (30 de agosto de 2011) asumió el puesto de ministro, en reemplazo de Vallarino.

Desde el pasado 11 de mayo, De Lima permanece detenido en la cárcel de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), como medida cautelar de detención preventiva, tras relacionársele con los casos de corrupción del Programa de Ayuda Nacional (PAN) bajo investigación.

Hoy rendirá indagatoria ante el Ministerio Público María Alessandra Salerno, hija de Cristóbal Salerno, sometido a la medida cautelar de casa por cárcel desde el pasado viernes, en atención a su avanzada edad (71 años).

María Alessandra figura como representante legal de Cobranzas del Istmo desde 2006, año en que su padre fue acusado de tráfico internacional de armas.

Salerno, que colaboró económicamente con las campañas de Ernesto Pérez Balladares (1994) y de José Domingo Arias (2014), involucró en su declaración al expresidente Ricardo Martinelli, a quien —dijo— le correspondieron ‘maletines llenos de dinero', como parte del ‘botín', entregado en las oficinas del Súper 99 cada dos o tres meses.

La modalidad de tercerización de impuestos, cuyo cobro correspondía a la Dirección General de Ingresos (DGI), fue autorizada mediante la Ley 72 del 27 de septiembre de 2011.

Esta fue presentada por Dulcidio de la Guardia ante la Asamblea Nacional y rubricada por el mismo Ricardo Martinelli.

Precisamente, respondiendo ante estas acusaciones, se encontraba también, el día de ayer en el Ministerio Público, el abogado del expresidente, Alejandro Pérez, quien aseguró que a su cliente no se le podrá probar nada y que estos señalamientos no son más que un plan orquestado por prominentes miembros del PRD y del actual Gobierno.

Pérez añadió que en los registros de control de entrada y salida de las oficinas del Súper 99, en Monte Oscuro, no aparece el nombre de Salerno ni el de ‘un tal Poroto', quienes, según las declaraciones del propietario de CISA que han trascendido a través de sus representantes, llevaban allí los maletines de dinero para Martinelli.

Pérez, que se dirigió a los medios de comunicación de manera intimidatoria, adelantó que Martinelli está analizando presentar los muchos documentos que tiene en su poder.

También dijo que las acusaciones de Salerno tienen como objetivo complacer a las actuales autoridades del gobierno y conseguir evitar que su hija quede involucrada en este caso.

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Víctor Chang

ABOGADO DE LUIS CUCALÓN

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