Presidente Mulino anuncia conversaciones con Cobre Panamá para un ‘cierre ordenado’ de la mina

De acuerdo con Mulino, cualquier entendimiento deberá incluir como elemento principal un plan de cierre definitivo de la mina financiado por la empresa y sujeto a controles internos y externos rigurosos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este lunes el inicio de conversaciones formales entre el Gobierno y Minera Panamá, filial de First Quantum, para explorar la posible reapertura que brinde un ‘cierre ordenado’ de la mina de cobre ubicada en Donoso, cerrada desde finales de 2023 tras el fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia contra el contrato minero.

Durante un mensaje al país, el mandatario explicó que la decisión se tomó después de evaluar diferentes escenarios relacionados con el futuro de la operación minera, considerando aspectos económicos, jurídicos, ambientales y sociales.

Además, recordó que desde el inicio de su gestión había señalado que abordaría el tema una vez existieran las condiciones necesarias para hacerlo y sin la presión de los arbitrajes internacionales presentados contra Panamá.

Mulino indicó que ordenó al Ministerio de Ambiente realizar una auditoría integral a través de una firma independiente para determinar la condición real de la mina, verificar el cumplimiento de sus obligaciones y evaluar los posibles riesgos ambientales.

Según explicó, los resultados, junto con el análisis técnico efectuado por especialistas del Gobierno, sirvieron de base para definir el camino que seguirá la administración.

El presidente señaló que el análisis realizado por una comisión técnica planteó dos alternativas. La primera consiste en mantener la mina cerrada, escenario que, según dijo, podría reactivar los procesos arbitrales internacionales y exponer al país al pago de indemnizaciones multimillonarias.

A ello se sumarían los costos que tendría que asumir el Estado para garantizar la seguridad ambiental y operativa del sitio.La segunda opción contempla desarrollar un plan de reapertura bajo estrictas condiciones ambientales y económicas, acompañado de un acuerdo que elimine los arbitrajes internacionales y garantice mayores beneficios para el país.

La comisión estableció seis criterios que solicita al Ejecutivo adoptar como parámetros para las decisiones que se tomen en adelante sobre el sitio minero.

De acuerdo con Mulino, cualquier entendimiento deberá incluir como elemento principal un plan de cierre definitivo de la mina financiado por la empresa y sujeto a controles internos y externos rigurosos.

El mandatario sostuvo que el proceso de negociación estará basado en cinco principios fundamentales: la propiedad estatal de los recursos minerales, la obtención del máximo beneficio económico para Panamá, la preservación de la soberanía nacional, la protección ambiental bajo estándares verificables y el respeto irrestricto a la Constitución y las leyes del país.

Como parte de esta estrategia, Mulino instruyó la conformación de un equipo interministerial encabezado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, que iniciará de inmediato las reuniones con Minera Panamá.

El objetivo será evaluar la reactivación de la actividad minera únicamente si se garantizan beneficios reales para el país, mayores ingresos para el Estado y la generación de miles de empleos para trabajadores panameños.

Entre las condiciones adelantadas por el presidente figuran el control y registro de todos los materiales extraídos, el uso responsable del agua, programas de reforestación, medidas para prevenir daños ambientales y la terminación de todos los arbitrajes contra Panamá.

Mulino enfatizó que el proceso apenas comienza y aseguró que se desarrollará con transparencia, participación ciudadana y apego a la normativa vigente. También adelantó que se abrirán espacios de consulta para que la población, especialmente las comunidades vecinas al proyecto, pueda presentar observaciones conforme a los mecanismos establecidos en el Acuerdo de Escazú.

Subrayó que cualquier acuerdo futuro deberá estar respaldado por una figura jurídica compatible con la Constitución panameña y será presentado públicamente una vez concluyan las negociaciones.

La primera consiste en mantener la mina cerrada, escenario que, según dijo, podría reactivar los procesos arbitrales internacionales y exponer al país al pago de indemnizaciones multimillonarias.
Informe y decisión de First Quantum

En septiembre de 2026, la comisión interministerial encargada de evaluar la situación de la mina de cobre recomendó al presidente de la República, José Raúl Mulino, autorizar las condiciones necesarias para iniciar un “cierre ordenado” del proyecto minero, financiado por el propio sitio y sin recurrir a recursos del Estado.

“Lo que le solicitamos y la recomendación principal, señor presidente, es una: que autorice las condiciones para que se inicie un cierre ordenado del sitio, sin que tenga costo fiscal para Panamá, sin posibilidad de prórrogas”, manifestó Julio Moltó, ministro de Comercio e Industria (MICI) tras entregar el informe elaborado durante los últimos tres meses y entregado formalmente al mandatario.

Según explicó, el proceso deberá colocar como prioridad los intereses ambientales, sociales y económicos del país, ejecutarse con “absoluta transparencia” y respetar el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en noviembre de 2023.

Moltó también advirtió que el cierre de una infraestructura de esta magnitud requerirá tiempo. “Una operación de esta escala no se cierra en un año ni en cinco”, afirmó.

Tras la presentación de este informe, First Quantum Minerals Ltd., operadora de la mina Cobre Panamá, reconoció las recomendaciones presentadas por la Comisión Interministerial.

First Quantum aseguró que participará de manera constructiva y de buena fe, respetando la soberanía de Panamá y sus instituciones democráticas.

La compañía subrayó que su prioridad es la custodia ambiental responsable de Cobre Panamá, con salvaguardas sólidas, supervisión efectiva y monitoreo transparente.

Asimismo, la empresa reiteró que una ruta sostenible para el proyecto debe garantizar estabilidad de largo plazo, generación de empleo, desarrollo de proveedores locales, inversión en infraestructura y aportes significativos a la economía nacional.

El comunicado recalca señalando que First Quantum espera continuar trabajando con el Gobierno panameño en los pasos formales siguientes, tras el anuncio de las recomendaciones de la Comisión Interministerial.

First Quantum Minerals Ltd., operadora de la mina Cobre Panamá, reconoció las recomendaciones presentadas por la Comisión Interministerial.

La comisión estableció seis criterios que solicita al Ejecutivo adoptar como parámetros para las decisiones que se tomen en adelante sobre el sitio minero.

La administración transparente de los recursos generados, con beneficios directos para los ciudadanos.
La creación de un mecanismo que destine fondos fijos e irrevocables a un plan ambiental.
La adopción de un marco institucional autónomo, con prácticas de buen gobierno y planificación de largo plazo.
La desvinculación de la gestión técnica de los ciclos políticos de corto plazo.
La terminación definitiva de los arbitrajes internacionales como condición obligatoria para cualquier acuerdo futuro.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, miembro de la Comisión aclaró que, aunque no existe una fecha límite formal, el compromiso era entregar el informe antes de que finalice el 2026, dada la urgencia de definir el futuro del proyecto.

“No tenemos efectivamente lo equivalente a una fecha límite, pero sí hemos conversado de que esto definitivamente debemos llevar una solución al presidente antes que finalice el presente año. Esta situación angustiosa de indefinición nos preocupa a todos los panameños”, comentó el ministro de Economía.

El ministro subrayó que la falta de decisiones no resuelve el problema y que la peor salida sería adoptar medidas sin capacidad técnica o recursos suficientes para ejecutarlas.

“No tomar una decisión no hace que el problema desaparezca. La peor decisión sería aquella que no pueda ejecutarse responsablemente o que carezca de dominio técnico”, dijo.

Lo Nuevo