El MEF no acató el fallo de la CSJ que suspendía contrato de CISA

El 13 de enero de 2015, cinco días después de que la Corte Suprema de Justicia emitiera un fallo de ‘suspensión provisional' del contrato de Cobranzas del Istmo, S.A., la Secretaría de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo colgó un edicto para notificar la decisión de la máxima magistratura del país.

Un día después, el fallo fue enviado a la Procuraduría de la Administración para que se notificase a los abogados del Estado.

A pesar de que se había colgado el edicto y enviado el fallo a los abogados, entre el 15 y el 16 de enero, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hizo efectivo el pago de $3.6 millones, en concepto de comisiones a la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA).

El mismo 16 de enero, el ministro Dulcidio de la Guardia interpuso, en representación del MEF, una demanda penal contra Luis Cucalón por supuesta falsificación ideológica de documento público.

Pero, de acuerdo con la institución, esta no fue notificada de la decisión judicial de suspender provisionalmente el contrato sino hasta el 22 de enero de 2015, fecha en que procedió a poner un alto al trámite de los pagos restantes.

‘Las gestiones de cobro de CISA que quedaron sin pagar suman $1.3 millones', se defendió el ministerio.

Entre el 19 de noviembre de 2014 y el 16 de enero de 2015, el MEF había pagado a CISA $7 millones en concepto de comisiones.

En noviembre, se realizó un pago de $475 mil. En diciembre, tres, por $454 mil, $631 mil y $1.9 millones. El último, en enero, de $3.6 millones, se dio bajo la gestión de Federico Humbert Arias, actual contralor de la República de Panamá.

José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, señaló que bajo ninguna condición se debieron haber hecho esos cinco últimos pagos, mucho menos tomando en cuenta que desde octubre se había solicitado anular los efectos de este contrato por supuestas irregularidades en la gestión de cobros de la empresa.

Además, los pagos fueron hechos efectivos a pesar de que a lo interno de este ministerio se estaban realizando auditorías que revelaban fallas de control administrativo en la Dirección General de Ingresos e incumplimiento en el contrato con CISA.

El 2 de enero de 2015, se elaboró el informe N°. 001-OAyFI-2015 de Auditoría y Fiscalización Interna, que contenía el análisis de las cuentas presentadas y pagos efectuados a Cobranzas del Istmo, S.A.

Posteriormente, el 15 de enero de 2015, el informe N°.004-OAyFI-2015 de Auditoría y Fiscalización Interna hacía referencia al contrato y a la administración del exdirector de Ingresos Luis Cucalón.

A juicio del abogado tributarista José Javier Rivera, los abogados del ministerio no actuaron de forma diligente: ‘no hicieron el proceso de seguimiento que el caso ameritaba'.

Según Rivera, ‘en el MEF faltó una gestión diligente para entender todas las aristas del caso, incluyendo lo que estaba pasando en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo'.

Álvarez también piensa que era deber de los abogados del MEF estar pendientes de la decisión judicial, tomando en consideración que este tipo de fallo no toma mucho tiempo. ‘Cuando se está tramitando algo que se considera importante y se prevé que puede ocurrir, hay que estar muy pendiente', dijo.

Para el presidente del Colegio Nacional de Abogados, el edicto surte como una notificación para las dos partes de un proceso.

Este proceso contra la empresa Cobranzas del Istmo, S.A., interpuesto por el abogado Miguel Antonio Bernal, aún no culmina.

De hecho, la empresa interpuso un recurso contra la demanda que se le ha interpuesto. El expediente no ha regresado de la Procuraduría de la Administración desde el 6 de mayo de 2015.

Mientras esto ocurre en las instancias judiciales, en el Ministerio Público continúa una investigación contra la empresa por presunto delito contra la administración pública.

Tras ser pospuestas sus indagatorias la semana pasada, finalmente, la hija del empresario Cristóbal Salerno, María Alessandra Salerno, apoderada de la empresa CISA, acudió al Ministerio Público para dar testimonio en el caso.

Al finalizar el proceso, se le impuso la medida cautelar de casa por cárcel y fue conducida a su residencia.

Hasta el momento, todos los indagados por el caso (Luis Cucalón, exdirector de ingresos; Cristóbal Salerno, dueño de Cobranzas del Istmo; Magaly Ramos, gerente de la empresa, y ahora, María Alessandra Salerno, apoderada legal) mantienen una medida cautelar por presunto delito de peculado.

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OFERTA DE SALERNO

El Estado recibe depósito de $20.6 millones

El Estado panameño recibió un depósito por $20.6 millones de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A., que actuó como gestor de cobros de impuestos entre 2010 y 2014, en virtud de un contrato considerado inconstitucional. En total, la empresa recibió $47.1 millones.

Ayer, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, informó que el Banco Nacional notificó del depósito al Tesoro Nacional, en concepto de devolución de los pagos recibidos del Estado.

El depósito fue tramitado por Cristóbal Salerno, propietario la empresa, a través de una transferencia bancaria hecha en la Cuenta Única del Tesoro Nacional.

En adición a estos fondos, la Dirección General de Ingresos (DGI) mantiene secuestrados dineros por la suma $488,625 relacionados con el caso de Cobranzas del Istmo.

El MEF ha enviado una notificación al Ministerio Público para informar de este depósito, con el objetivo de que la fiscal a cargo del caso disponga de los fondos.

La recuperación de estos dineros se produce en momentos en que la empresa está siendo investigada por presunto delito contra la administración pública.

En este caso han sido indagadas cuatro personas, a tres de las cuales se les ha impuesto medida cautelar de prisión preventiva o de casa por cárcel.