26 de Sep de 2021

Política

Protesta pide renuncia de todos los magistrados

La OEA conferirá hoy al magistrado presidente José Ayú Prado la designación como embajador de Buena Voluntad en Washington

Diversas agrupaciones de la sociedad civil organizada se apostaron ayer a orillas de la vía España, a la altura de la Iglesia del Carmen, para pedir la renuncia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Algunos apuntaban solo a la cabeza del presidente de la Corte, José Ayú Prado; otros, a los nueve magistrados.

Consignas como ‘Corte corrupta, no sirve', ‘Ayú, afuera, Ayú, renuncia', gritaban los presentes que, con pancartas en mano, se presentaron a las 5:30 de la tarde en una de las vías más transitadas de la ciudad.

Durante la protesta también salió a relucir la Organización de los Estados Americanos (OEA), que hoy nombrará al magistrado Ayú Prado como embajador de buena voluntad y enviado especial del organismo para la justicia ambiental.

‘Embajador de la corrupción', se leía en una pancarta que llevaba un manifestante enmascarado con el rostro del magistrado Ayú Prado.

Ana Elena Porras, del Movimiento Ciudadano por el Fortalecimiento de la Identidad Nacional, y Nelva Reyes, secretaria general de la Central General de Trabajadores, cuestionaron la medida de la OEA e, incluso, alegaron que no es la primera vez que el organismo asume una postura contraria a los intereses de Panamá.

Los presentes también gritaron consignas contra el diputado presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, Jorge Iván Arrocha, en vista de que hasta la fecha no se ha abierto ninguna investigación contra los magistrados, a pesar de las diversas denuncias presentadas.

‘Arrocha, queremos que investigues', gritaban.

‘La Corte tiene que ser renovada, ya no es cuestión de una sola persona; ya hasta los suplentes han sido señalados por actos irregulares', recalcó Porras.

‘Si tuvieran dignidad, los nueve magistrados renunciarían',
GISELA PÉREZ-POLO
ALIANZA ESTRATÉGICA NACIONAL

La doctora en antropología consideró que en caso de que no fuera viable la renuncia de los nueve magistrados, por lo menos Ayú Prado debe ser removido de la Corte Suprema como ‘un llamado de atención hacia la necesidad de cambios profundos'.

Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, consideró que el magistrado Ayú Prado debe ser enjuiciado y que el resto debe renunciar el cargo.

Gisela Pérez-Polo, coordinadora provincial de la Alianza Estratégica Nacional, recordó que en la Asamblea Nacional hay 19 denuncias contra los magistrados y los diputados no han iniciado ninguna investigación. ‘Estamos viviendo una crisis terrible del sistema de justicia del país', dijo.

Los diputados no investigan a los magistrados y los magistrados no investigan a los diputados, mientras el resto de la ciudadanía se siente maniatada. Esto puede desembocar en un situación muy peligrosa, indicó Pérez-Polo.

‘Los nueve magistrados deben irse, si tuvieran dignidad renunciarían, pero como no la tienen no lo van a hacer', recalcó.

Donaldo Sousa, de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá, consideró que ya no es suficiente la renuncia de los magistrados, sino un cambio constitucional para evitar que el Ejecutivo o el poder político sean los que designen a estos funcionarios.

El abogado apela a un mecanismo constitucional que garantice que los magistrados sean designados por sus méritos y capacidad.

Las presiones contra los magistrados no terminaron ayer. La Alianza Estratégica Nacional invitó a la ciudadanía a protestar el próximo jueves 18 de febrero y decir ‘alto a la corrupción y a la impunidad' porque ‘el país necesita una nueva Corte Suprema de Justicia'.

La Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá, por su parte, convocó una concentración y cabildo abierto para el martes 1 de marzo, en el Parque Porras.

Castillo hizo un llamado a la ciudadanía a que se una a las manifestaciones.

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DESIGNACIÓN

OEA no consultó al Gobierno

‘Tuvimos conocimiento de ese reconocimiento de la OEA por los medios de comunicación. Eso es una decisión que tomó el organismo de manera directa y no hubo consulta con Panamá. Entendemos que es un cargo que no ha sido solo otorgado a él, sino a otros juristas de la región'. De esta manera respondió la canciller y vicepresidenta de Panamá, Isabel de Saint Malo, ante los cuestionamientos de los medios de comunicación por la designación de la Organización de los Estados Americanos al magistrado presidente.

Arturo Vallarino, exembajador de Panamá ante la OEA, consideró que es una decisión tomada directamente por el secretario general del organismo, Luis Almagro, sin la necesidad de pasar por una consulta. Por lo general, dijo, esta designación recae sobre personas que ocupan altos cargos en los países.