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06 de Dec de 2019

Política

González propone salida a ‘impasse' de nominaciones

Este recurso fue utilizado dos veces durante el gobierno de Martín Torrijos.

El procurador también es coordinador de la Comisión de Estado por la Justicia.

Las comisiones de la Asamblea Nacional serán elegidas mediante un sistema que garantice la representación proporcional de la minoría. El artículo 162 de la Constitución fue citado por el procurador de la Administración, Rigoberto González, durante su intervención ayer en el programa Radar de TVN.

Como ‘un problema de poder'. Así calificó González al escenario político que domina la Asamblea Nacional, ante un posible desmantelamiento de la Comisión de Credenciales.

Según el criterio del procurador de la Administración, se trata de normas abiertas, cuya interpretación va a estar condicionada por el contexto político o ‘por quien posea el poder para determinar cuál es su sentido y alcance'.

El jurista advirtió que la percepción de que existe una crisis en la administración de justicia seguirá existiendo hasta que los ciudadanos no perciban ‘que en el mecanismo que está previsto en la Constitución se aplica el principio de transparencia y participación ciudadana'.

En aras de buscar un ‘alternativa que pudiera permitir una salida honrosa, democrática y con credibilidad al ‘impasse' en que nos encontramos', González señaló que la Comisión de Estado por la Justicia recomendó al presidente un método de selección que fue puesto en práctica por última vez durante la administración de Martín Torrijos.

El mismo consiste en la designación de una Comisión Especial de Preselección, quien se encargaría de realizar la convocatoria para los aspirantes.

Los abogados serían entrevistados y evaluados. La comisión seleccionaría entre 10 y 15 postulados, quienes serían presentados a consideración del mandatario.

Dicha comisión estaría conformada por un representante del Colegio Nacional de Abogados, uno que sería escogido entre el Ministerio Público y el Órgano Judicial, y un representante de la Sociedad Civil. El Comité Ecuménico serviría como observador.

El procurador de la administración afirma que esta sería la opción ‘más transparente y participativa'.

Este recurso fue utilizado dos veces durante el gobierno de Martín Torrijos.