'Notarías, un bastión político para lucrar'

El polémico proyecto de ley 59 que crea dos nuevas notarías en la provincia de Panamá Oeste, y que generó choques entre diputados oficialistas y de la oposición, quedará en manos del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, quien deberá definir si veta o sanciona esta propuesta para convertirla o no en ley de la República.

En el tercer debate de este proyecto aprobado la noche del lunes, diputados opositores cuestionaron el manejo que por años se les ha dado a las notarías y el “foco de corrupción” que aseguran que algunas de estas instancias representan.

También advirtieron de algunos intereses de diputados oficialistas para controlar estas notarías.

La polémica está debido a que diputados de La Chorrera reclaman que las dos notarías que propone crear este proyecto, sean ubicadas en este distrito, mientras que diputados de Arraiján reclaman al menos una notaría para su territorio.

Los diputados del circuito 8-5 de La Chorrera son los perredistas Roberto Ábrego y Roberto Ayala, ambos del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y Lilia Batista, de Cambio Democrático (CD).

Mientras que los diputados de Arraiján son Marylín Vallarino, de CD, Kayra Harding; del PRD, y Yesenia Rodríguez; del Ppartido Panameñista.

Los notarios no son servidores públicos y no tienen una remuneración fija. Sus ingresos los obtienen de las sumas recaudadas por los trámites realizados.

Las notarías del país se rigen por el Código Civil, una norma que fue creada en 1917 y que tiene 103 años de estar vigente.

Tampoco existe una amplia fiscalización y aunque según esta ley son los gobernadores quienes deben auditar a los notarios, se desconoce la efectividad de estas auditorías sobre los registros de archivos que llevan.

También hay discrecionalidad de los notarios y falta de homogeneidad en las diversas notarías en establecer parámetros para la formalización de documentos.

En la república de Panamá hay 25 notarías, y solo en la ciudad capital hay 13 y una especial del Banco Hipotecario Nacional.

El proyecto presentado por el Órgano Ejecutivo originalmente se refería a la creación de dos notarías en Panamá Oeste, sin especificar en qué distrito; luego, en el primer debate, se acordó que se colocaría una en La Chorrera y otra en Arraiján, pero en segundo debate, a través de una modificación sugerida por el diputado perredista Roberto Ábrego, se pretendía que las dos notarías se ubicaran en La Chorrera.

Este choque propició la suspensión de la discusión del proyecto por varias semanas, hasta que nuevamente se retomó la propuesta original de crear las dos notarías, sin especificar en qué distritos de esta provincia serían instaladas.

La diputada Marylín Vallarino, de CD, durante el tercer debate de este proyecto advirtió que “hay intereses comunes de algunos colegas que quieren repartirse las notarías”.

Mientras que la diputada Kayra Harding, del PRD, aunque votó a favor del proyecto, dijo estar segura que el presidente Cortizo y el Consejo de Gabinete tomarán en cuenta que el distrito de Arraiján tiene la mayor cantidad de población en la provincia de Panamá Oeste, y es una zona que por años se ha estado desarrollando comercial y económicamente.

En tanto, la diputada Mayín Correa, de CD, manifestó que con la aprobación de este proyecto no se resolverá nada ni se acabará con la corrupción en las notarías.

“El mal va a seguir, o legislamos como debemos legislar para mejorar la democracia y acabar con la corrupción o seguimos con el mismo patrón eterno de la corrupción. Todos en la Asamblea sabemos cuál es el negocio de las notarías, si no lo saben no viven en este país. Este proyecto de ley no sirve de nada, seguirá el relajo”, advirtió.

En tanto, el diputado independiente Juan Diego Vásquez cuestionó a colegas diputados que han estado en la Asamblea por más de tres y cuatro periodos, tras señalarlos de no haber querido legislar para hacer más transparente el manejo de las notarías. “No es que no pudieron, es que no quisieron”, exclamó.

“Tristemente lo que es un servicio que se utiliza, entre otras cosas, mayormente para acceder a la justicia, se ha utilizado históricamente en este país para lucrar”, afirmó Vásquez.