Opiniones encontradas entre diputados por 'ley de extinción de dominio'

El proyecto de ley que busca establecer en el país la norma sobre extinción de dominio, presentado por el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, no cuenta con el aval de algunos diputados de la Asamblea Nacional para iniciar su discusión, empezando por el presidente del Legislativo, Crispiano Adames. Sin embargo, hay parlamentarios que sí están a favor de su discusión y aprobación.

Recordemos que el pasado 2 de enero de 2023, durante el discurso en la instalación de la segunda legislatura de sesiones ordinarias, el diputado Adames pidió al ministro de Seguridad retirar el proyecto, alegando que no es partidario de leyes de otros países para solucionar los problemas locales, sino crear leyes “con sabor a lo nuestro”.

Considera que el proyecto que se discute debe también atacar al terrorismo, la trata de blancas, el tráfico internacional de armas y el narcotráfico.

El diputado y presidente de la comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional advirtió, el pasado mes de enero, que 99% de los juristas de Panamá no está de acuerdo con esta ley, tal cual está redactada, y a su juicio esta iniciativa viola la presunción de inocencia.

Pero hay quienes sí están de acuerdo con la discusión y aprobación de este proyecto de ley, como el diputado independiente Edison Broce.

Broce indicó que el proyecto debe discutirse y aprobarse porque es un instrumento importante para combatir el crimen organizado y para lograr pegarle a su músculo económico.

Este es un dinero necesario en este momento para necesidades más básicas, como es la CSS. “Con este dinero se pueden suplir la necesidades y enfrentar la crisis de la Caja de Seguro Social; contar con un presupuesto que debe responder a las necesidades de los panameños, las carreteras, la basura, la informalidad, tantas cosas por resolver. Falta ese dinero, bueno saquen ese dinero de las actividades ilícitas”, dijo el diputado independiente.

Ante la negativa de algunos diputados de la discusión del proyecto, Broce opinó que “todo lo que suene a transparentar y desmantelar la corrupción, a darle duro al crimen organizado definitivamente que va a espantar a los mismos de siempre, a los que están posiblemente en actividades corruptas; es posible que en parte sea por eso. Otros tendrán otras razones y habrá que escuchar a cada uno”.

El también diputado independiente Juan Diego Vásquez señaló que sería irresponsable de parte de sus colegas diputados salir a decir que esta ley es mala, “pero si me importa el combate al crimen organizado, yo presento otra”, dijo.

Manifestó que esa forma de retractarse la han evitado y por eso el planteamiento de que debe irse a discusión y “el que está a favor, que vote a favor y el que está en contra, vote en contra, que diga sus argumentos, y diga por qué está votando en contra o a favor, pero que se sepa y que sea la ciudadanía la que juzgue”.

Vásquez considera que la discusión hasta este momento, por parte de los diputados, no ha sido franca. “Hay mucha gente debajo de la mesa, a través de rutas políticas, que ha metido petardos a la ley sin salir a especificar en qué es lo que realmente no está de acuerdo, porque siente que sería retractarse en el caso de algunos, salir a pelear en contra de esta ley, cuando la ley tiene un objetivo claro”, agregó Vásquez.

La diputada de Cambio Democrático Yanibel Ábrego, al ser consultada, se limitó a decir que “nosotros vamos a jugar nuestro rol, estamos iniciando las consultas al respecto de este proyecto y hemos dado nuestra posición. Se está haciendo el debate y nosotros, como bancada de oposición, estamos participando”.

El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, la semana pasada respondió a la solicitud que hiciera el diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, de retirar el proyecto de ley que busca establecer en el país norma de extinción de dominio.

“Hemos realizado una valoración objetiva, por cuanto no se va a retirar, tomando en consideración que este proyecto pretende reducir a su mínima expresión la capacidad financiera y operativa del crimen organizado en todas sus modalidades”, expresó Pino.