'Dólares devaluados no'. Panamá exigió justicia en momentos de crisis

La mañana del 1 de marzo de 1934, un sorprendente anuncio apareció en los diarios del país. En momentos en que el país no terminaba de superar las trágicas secuelas de la Gran Depresión, y con la urgente necesidad de efectivo para cumplir con sus apremiantes deudas, se notificaba que, en la ciudad de Nueva York, el agente fiscal de la República había rechazado un cheque de $250 mil del Tesoro de Estados Unidos.

El cheque correspondía al pago anual de las obligaciones contraídas por Estados Unidos en el tratado Hay Bunau Varilla, de 1903. Se trataba de una anualidad que Panamá había recibido puntualmente desde el año 1914 y que aseguraba un importante porcentaje del presupuesto nacional.

En circunstancias regulares, el pago efectuado en moneda norteamericana no habría sido motivo de disgusto para Panamá. Sin embargo, las políticas monetarias del presidente Franklin Delano Roosevelt (1933-|945) habían alterado la situación.

Como explicaría días más tarde el abogado Ricardo J. Alfaro, ministro de Panamá en Washington, al secretario de Estado norteamericano Cordell Hull, Panamá rechazaba el cheque porque este no correspondía a lo pactado en el artículo XVI del mencionado tratado.

La república exigía que el pago de su anualidad se hiciera como establecía dicho artículo: “como precio o compensación por los derechos, poderes y privilegios cedidos por la República de Panamá a los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos hará un pago anual de doscientos cincuenta mil dólares ($250,000) en monedas de oro”.

Estados Unidos no podía violar el tratado unilateralmente. De hacerlo, advirtió Alfaro, estaría dando pie a su abrogación o a la intervención de un árbitro internacional, una posibilidad que la nación norteña rechazaba violentamente.

En la mayor parte del mundo antiguo, los metales preciosos como el oro o la plata habían sido un importante medio de pago en los intercambios comerciales. No obstante, con el tiempo, se habían hecho notables los inconvenientes que presentaban su volumen y peso para las grandes transacciones.

La idea del papel moneda fue introducida por primera vez en Occidente a través del El Libro de las Maravillas, que relataba las aventuras vividas por el comerciante veneciano Marco Polo en Oriente en el siglo XIII. En China, en el apogeo de su prosperidad económica y cultural, Marco Polo había sido testigo de las ventajas que ofrecía el uso generalizado de papel moneda bajo estricta regulación del gobierno.

En Europa, esta innovación no llegaría sino hasta 1661, cuando el Banco de Estocolmo introdujo el sistema, distribuyendo entre sus clientes unos documentos con valor de intercambio, que certificaban el valor de sus depósitos.

No sería sino hasta el siglo XVIII que se generalizaría en Europa la emisión de papel moneda, siempre respaldado por estos depósitos de metales preciosos (En España, los billetes empezarían a ser usados en el año 1780, durante el reinado de Carlos III). En todas partes, los billetes no eran más que documentos que certificaban las cantidades del metal que los bancos mantenían en sus bóvedas.

En Estados Unidos, el vínculo oro-dólar, aunque de facto a partir del año 1830, se formalizó en 1900, definido por el gobierno al valor de una onza de oro (troy once) por $20.67. Obligatoriamente, la Reserva Federal mantenía almacenado la cantidad de oro correspondiente al 40% del valor total de la moneda en circulación.

La estabilidad del llamado “gold standard” o “patrón oro” se mantuvo hasta las primeras décadas del siglo XX. El sistema empezó a desmoronarse al finalizar la I Guerra Mundial, pues, para financiar los gastos de la guerra, los países participantes en el conflicto habían usado más recursos que los que correspondían a la cantidad de oro que mantenían en reserva. Este fue especialmente el caso de Alemania, que entre 1921 y 1923 sufriría una devastadora hiperinflación como resultado de la excesiva impresión de dinero.

A diferencia de otras monedas europeas, el dólar estadounidense se fortalecía, aun después de la I Guerra. Pero la situación cambiaría como consecuencia de la Gran Depresión, especialmente al iniciar el año 1933, cuando la quiebra de algunos bancos suscitó una crisis de confianza que devino en una ola de retiro de oro de los bancos y de la Reserva Federal.

Entre enero y marzo de 1933, se retiró del sistema bancario el equivalente a $200 millones en oro, sin tomar en cuenta los pagos en metálico que se hicieron a bancos extranjeros, de acuerdo con los estimados del presidente Herbert Hoover (1929-1933).

La crisis coincidió con el periodo de transición entre el gobierno de Hoover y el del presidente electo, Franklin Delano Roosevelt (1933-1945). A este correspondió tomar las acciones necesarias para recuperar la confianza, con una serie de leyes y órdenes ejecutivas que cambiarían por completo el estatus del dólar estadounidense.

El 6 de marzo de 1933, apenas dos días después de su toma de posesión, Roosevelt anunciaba una medida radical: el cierre de todos los bancos del país durante cuatro días. En los días siguientes, proclamó la aprobación de una ley por la cual el gobierno federal aseguraba todos los depósitos del sistema bancario estadounidense (el Emergency Banking Act EBA, el 9 de marzo de 1933).

Esta medida, todavía vigente, daría la confianza a los depositantes para devolver parte de los retiros. Sin embargo, retuvieron una importante porción de estos, lo que dio pie a una nueva orden ejecutiva, la 6102, que criminalizaba la posesión de oro en manos particulares.

La orden 6102 requería que toda persona que retuviera cantidades significativas de oro (con la excepción de los algunos profesionales como orfebres o dentistas) debía entregarlo al gobierno antes del 1 de mayo de 1933. El gobierno lo pagaría a $20.67 la onza.

La medida fue seguida de otra que suspendía la relación entre el oro y el dólar y prohibía al Tesoro y a las instituciones financieras intercambiar el papel moneda por monedas de oro o lingotes del mismo metal. El Estado estaba prácticamente en posesión de todo el oro del país.

En junio, una ley del Congreso abrogó todas las cláusulas de los contratos privados o nacionales que establecieran el pago en oro. Ello quería decir que ni los ciudadanos privados ni el gobierno podían cumplir con sus compromisos previamente contraídos de hacer los pagos en oro. Estos debían necesariamente ser resarcidos en papel moneda al valor del cambio vigente en 1900.

La segunda fase de la política monetaria de Roosevelt empezó en octubre, cuando el gobierno inició la compra masiva de oro. Todo ello produjo el efecto buscado por el gobierno: la devaluación del dólar, estimada necesaria para fortalecer las exportaciones estadounidenses, especialmente la venta de granos.

Para 1934, la situación de la moneda se había estabilizado con la readopción del patrón oro (Gold Reserve Act), pero, para efectos de Panamá, el dólar estadounidense no tenía el mismo valor. La relación del dólar con el oro había pasado de $20.67 la onza a $35 por onza. La anualidad de $250 mil recibida por el Canal había perdido más del 50% de su valor.

A diferencia de muchos otros acreedores que habían sido perjudicados con el cese de sus pagos en oro, Panamá no presentó su caso ante el sistema legal estadounidense, pero sí se manifestó en su contra enérgicamente, alegando que la propia Constitución de este país reconocía la preminencia de los tratados sobre las leyes. En los medios diplomáticos, los representantes del gobierno reconocieron la legitimidad de esta protesta, pero el gobierno de Estados Unidos nunca tomó acción para hacer las reparaciones. No quería crear un precedente.

En 1934 Panamá se había quedado sin recibir $250 mil correspondientes a su anualidad del Canal. Como consecuencia, el gobierno de Harmodio Arias tomó la decisión de cesar el pago de obligaciones con los bancos estadounidenses y concentrarse en resolver, con el escaso circulante, sus deudas internas, especialmente los salarios pendientes de los empleados públicos.

En febrero de 1935, el Tesoro de Estados Unidos nuevamente emitió un cheque por $250 mil, recibido por el agente fiscal de Panamá en Nueva York, quien otra vez lo rechazó por órdenes del gobierno panameño. Lo mismo sucedió en 1936.

Para entonces estaban por concluir las negociaciones del Tratado Arias Roosevelt de 1936, por lo que los esfuerzos panameños se habían dirigido a exigir que el nuevo tratado reconociera la pérdida que había sufrido por efecto de la devaluación de la moneda norteamericana.

Finalmente, el tratado, firmado el 2 de marzo de 1936, asignaba a Panamá un aumento de su anualidad, $250 mil anuales a $430 mil. No era tal el aumento, sino el equivalente a la pérdida de valor de la moneda estadounidense.