Seguridad y confianza

En febrero de 2006, en Nueva York, la ONU auspició la conferencia titulada “Crisis of Governance: The International Stake in Sustaining Democracy in Latin America”. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, participó refiriéndose a la conexión entre crecimiento económico y “males sociales”. Señaló que América Latina ha alcanzado grandes avances en términos de libertades (refiriéndose al giro democrático en el hemisferio), y que esto sentaba las bases para el crecimiento económico necesario. Pero, identificó “la pobreza y la violencia como las mayores amenazas a la estabilidad en la región”.

En un traslape real, de esas amenazas a Panamá, no creo que los recién aprobados decretos leyes que reforman los estamentos de seguridad nos lleven al pasado militar. Veo problemas conceptuales, de pertenencia nacional y falta de confianza, que son temas para otra discusión. La violencia y la seguridad ciudadana son temas de discusión política y electoral que generan opiniones encontradas. Pero en el plano electoral, todos los candidatos, objetivamente, deben emitir opiniones al respecto.

No sólo debemos dejar la discusión a los candidatos a la Presidencia. Es un tema que merece una valoración y discusión al más inmediato de los puestos de elección: los representantes de corregimiento. Ninguna sugerencia sobra, y creo que las estructuras organizativas de los corregimientos deben servir de base para cualquier estrategia de seguridad de alcance nacional.

Todos sabemos que el problema se fundamenta primordialmente en las organizaciones pandilleras ligadas al tema de las drogas, narcotráfico y lavado de dinero. Estos individuos viven y operan en nuestras comunidades. Igual en barrios humildes, como en los modernos rascacielos de las áreas lujosas. En los barrios, han logrado mantener una clara amenaza a los residentes, pero es hora de que las propuestas de seguridad ciudadana consideren trabajar directamente con los representantes elegidos y los miembros de la comunidad. Eso sí, garantizándoles la protección debida a ellos y sus familiares.

No obstante, quiero referirme a los correctivos sociales que debemos diseñar como sociedad para quienes han quebrantado las normas en un programa integral, para recapturar nuestra sentido de seguridad. Panamá carece de estructuras definidas para atender decididamente procesos de resocialización, que cumplan con un programa de tratamiento: educativo, laboral, familiar, espiritual, atención psicosocial, etc., lo que ya forma parte de nuestras leyes, en particular del Régimen Especial de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

No basta con gritar militarismo, o abogar por la cadena perpetua. Como ya dijimos, debemos“considerar la revisión del rol social que ejercen todas las actividades que influyen en el crecimiento y desarrollo de los ciudadanos, (?). Revisemos el proceso educativo (?) Revisemos las ofertas de entretenimiento y distracción. La inversión en cultura con contenidos educativos y que involucren a los jóvenes en la creación y evaluación estética de las expresiones artísticas. Revisemos el papel de los medios”.

En la conferencia de la ONU, Insulza hizo hincapié en aumentar la capacidad de los gobiernos para atender y resolver los problemas de violencia y pobreza, y crear la confianza que merece de sus ciudadanos.