Carrera Administrativa

El tema de la Carrera Administrativa se ha ventilado en los medios con mucha ligereza, sin tomar en cuenta las consecuencias negativas que para los funcionarios públicos acreditados y no acreditados, tienen las connotaciones que se le han dado.

A la justificada incertidumbre del trabajador, se suma la suspensión manifiesta del crédito bancario y algunas entidades comerciales que buscan así preservar sus intereses. Esta situación está tácitamente prevista en la implementación de la Carrera Administrativa, que pretende darle estabilidad al funcionario público, que en base a la certeza de un trabajo puede programar su presupuesto y cumplir con las deudas contraídas.

Sin embargo, podemos señalar que esa intención primaria de la Carrera Administrativa comenzó a desvirtuarse en el 2000, cuando el Ejecutivo ordenó la suspensión de los efectos de la ley que la crea, desprotegiendo así a quienes estaban amparados por ella, muchos de los cuales fueron destituidos, incluyendo a quienes habían apoyado al mandatario de turno para que llegara al solio presidencial. Durante esa administración ningún funcionario fue acreditado.

En su oportunidad, el presidente Martín Torrijos reinició la vigencia de la DIGECA conjuntamente con la Junta Técnica y la Junta de Apelación y Conciliación, que en acciones sucesivas, acreditaron a miles de funcionarios, independientemente de su filiación política. También se ordenó el reintegro de otros que habían sido destituidos ilegalmente.

En vísperas del gobierno de Ricardo Martinelli, sería prudente evitar errores del pasado, y lejos de pensar en la derogatoria de una ley que ampara a miles de trabajadores gubernamentales, se debe poner en manos de personal idóneo en materia de Administración de Recursos Humanos, Trabajo Social y Derecho Administrativo, la suerte de quienes hasta la fecha no han ingresado en carrera.

Esa delicada tarea debe recaer sobre los hombros de personas que actúen con apego a la ley, tomando en cuenta que, de lo contrario, estarán violando los derechos humanos, acarreando gastos millonarios al fisco nacional, que tarde o temprano tendrá que pagar salarios caídos y alterando la marcha del desempeño gubernamental en perjuicio de los contribuyentes.

Esa sería una forma efectiva de predicar con el ejemplo en cuanto a la visión pregonada por el gobierno del cambio, de “Transformar a Panamá en un Estado facilitador y solidario que mejore la calidad de vida de los panameños, a través de un gobierno eficiente y transparente”.

-El autor es periodista.opinion@laestrella.com.pa