Dilemas de don Alberto

El panorama no pinta halagüeño, especialmente para quien se atreve a asumir la responsabilidad de diseñar la política económica y financiera del Estado. A cinco años de bonanza para algunos, seguirá una época delicada para los sectores público y privado y para el panameño común, quien siempre paga los platos rotos. Por eso bajo el liderazgo del MEF, que adquiere relevancia especialmente en momentos difíciles, se deben consolidar las bases para una verdadera “armónica colaboración” en asuntos económicos y fiscales a todos los niveles del gobierno nacional, gobiernos locales, la Asamblea y el sector privado.

Las exuberantes promesas de campaña chocan contra una realidad mundial que se veía venir desde las elecciones y que hoy nos acecha con mayor o menor intensidad para acompañarnos por tiempo indefinido. El temor generalizado es que el desempleo y el subempleo aumenten y, entonces, corresponde a las nuevas autoridades asumir la responsabilidad de proponer medidas eficaces que contrarresten esa amenaza.

La medida clásica consiste en inyectar dineros públicos para evitar que la actividad económica disminuya o se estanque por falta de un productor que tenga incentivo para producir y crear empleo, y de un consumidor que tenga dinero suficiente para comprar lo que el productor produce. La falta de esa sinergia llevaría a una postración que causaría daños incalculables en la vida de todos, golpeando con mayor crueldad a los sectores más necesitados. La solución no es fácil porque, aparte de que los ingresos normales del gobierno no serán tan abundantes por razones externas e internas, la Alianza por el Cambio propuso la eliminación de ingresos fiscales como el CAIR y el impuesto a la gasolina, otorgó bonificaciones y aumento de salarios, prometió algunos incentivos tributarios y se aventura con un “flat tax” de resultados inseguros.

Como no tenemos maquinita para imprimir balboas, tres caminos quedan a las autoridades fiscales: aumentar impuestos, contraer nuevas deudas, redirigir el gasto público. El dilema es encontrar el balance adecuado entre los tres, desde el punto de vista de su efectividad económica y de su viabilidad política, que permita elaborar el salvavidas que necesitamos y que resulte de una genuina consulta con todos. Un factor importante será la confianza que las evaluadoras de riesgos puedan tener en la firmeza del gobierno en mantener el rumbo adecuado. Nuevos impuestos sería restarle recursos a la iniciativa privada o sofocar aún más al ya golpeado contribuyente medio. Redirigir el gasto público traería protestas de los sectores sacrificados, salvo que se elimine el derroche. Demasiados empréstitos sería hacer peligrar la estabilidad financiera del Estado a mediano plazo y, de paso, del sector privado.

Ya se reformó la Ley de Responsabilidad Fiscal y el ministro se muestra inclinado por recurrir a más préstamos. Desde el punto de vista de su impacto político sería lo menos traumático por la inmediatez de sus efectos positivos; pero, a la larga, significaría pasar a las próximas generaciones la responsabilidad de pagar. El dilema del ministro, un banquero experimentado, será justipreciar concienzudamente la mezcla ideal de las medidas para asegurarse de que se pida prestado lo mínimo necesario y que esa deuda produzca los beneficios suficientes para cancelarla el día de mañana.

*Ex diputada de la República.mireyalasso@yahoo.com