No perder el Ministerio de la Mujer: igualdad más allá del discurso

Inicio esta reflexión con profunda preocupación ante las declaraciones brindadas recientemente por el Ejecutivo, en las que se propone eliminar ciertas instituciones gubernamentales, entre ellas, el Ministerio de la Mujer, bajo el argumento de recortes presupuestarios.

Desde mi experiencia como exmiembro del Comité de las Naciones Unidas de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), en representación de Panamá, debo subrayar que Panamá es signatario de convenciones internacionales que lo comprometen a avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres. Estas convenciones están guiadas por el principio de progresividad, que establece la obligación de fomentar, fortalecer y no debilitar las estructuras estatales que promuevan la igualdad sustantiva. Esto significa que los derechos no pueden ser recortados o eliminados, sino que deben ofrecer garantías y su protección.

En relación con este principio, me siento en la obligación de mencionar algunos de los avances, como la aprobación de la Ley 4 del 29 de enero de 1999, que establece la política pública de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. La adopción por parte de Panamá de compromisos internacionales como la Cedaw, la Convención de Belém do Pará, y la Plataforma de Acción de Beijing (1995), las cuales instan a los Estados a dotarse de mecanismos especializados del más alto nivel jerárquico para la transversalización de la igualdad de género en todas las políticas públicas.

Hoy, contamos con importantes avances: la Política Pública de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 2024-2034 elaborada desde el Ministerio de la Mujer, una red de 60 oficinas de equiparación de género, sustentadas por el Decreto Ejecutivo 43 que reglamenta la Ley 4 de 1999, y la incorporación del enfoque de género en planes y programas institucionales.

Estos avances son el fruto de una lucha histórica encabezada por mujeres panameñas valientes y visionarias, como Clara González , la primera abogada del país y pionera en la defensa de los derechos civiles y políticos de las mujeres. Desde las primeras décadas del siglo XX, las mujeres han reclamado espacios de participación política, reconocimiento legal y acceso a la justicia.

Por ello, en cuanto al pronunciamiento del cierre del Ministerio de la Mujer a solo dos años de su creación, con un presupuesto mínimo para subsistir, no nos queda más que hacer un llamado a la cordura, seriedad y responsabilidad de esta administración frente a esta decisión sin sustento jurídico y desconocimiento, que daría lugar a consecuencias nacionales e internacionales por este retroceso. Ante esto, existe una máxima en derecho conocida como: “la ignorancia de la ley no exime de excusa”.

Por otro lado, es imprescindible señalar que la transparencia en la gestión pública implica que quien ostenta la titularidad de un cargo público no está exento del deber de asegurar que la información y las decisiones gubernamentales incluyan la consideración de las desigualdades y necesidades específicas de mujeres y hombres.

La transparencia en la gestión pública es esencial para construir sociedades más justas, equitativas y sostenibles. Al integrar la perspectiva de género en la gestión pública, se promueve la igualdad de oportunidades y se asegura que las políticas y programas públicos beneficien a todos y todos los panameños.

La eliminación del Ministerio de la Mujer, desconociendo el rango ministerial de este mecanismo que por mandato legal le corresponde transversalizar la política de igualdad en planos, programas y proyectos, demuestra ignorar los avances que por años han realizado las mujeres en este país en diversas gestiones gubernamentales.

Esta acción es totalmente contraria a las funciones administrativas para la buena gobernanza, aplicables en el Código Internacional de Conducta para titulares de cargos públicos según la Resolución 51/55 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 12 de diciembre de 1996 . Y en este sentido, es una responsabilidad por parte del actual gobierno panameño garantizar el respeto a la institucionalidad que este país se merece.

Nos resistimos a pensar que esa decisión se sustenta en la disponibilidad de recursos asignados para los avances de las Políticas de Igualdad de Oportunidades y que solo deben ser gestionados desde este Mecanismo de la Mujer por ley para la ejecución de programas a favor del 50% de la población.

Los nuevos líderes de la gestión pública no deben desconocer los compromisos de transparencia y ética que, como servidores públicos, están llamados a cumplir y administrar con transparencia, equidad y ética de acuerdo con las leyes y normas de Panamá.

Esto implica que su gestión debe ser abierta, justa, íntegra y con respeto a lo establecido en las normas internacionales y nacionales.