¿Llamaradas de capullo?

“Compradera de funcionarios” fue un brutal comentario hecho recientemente en un programa televisivo de opinión en referencia a la razón por la falta de acción de una institución pública llamada a proteger los intereses del consumidor. Cuando no acabábamos de salir de una esperanzadora sorpresa por escuchar de viva voz lo que desde hace tiempo ha venido intuyendo la opinión pública, el propio jefe del Ejecutivo añade sal a la herida acusando a ciertos empresarios de haber pasado un sombrero coimero para evitarse una mayor carga impositiva. Dado el alto perfil de quienes formularon estas acusaciones y del medio que utilizaron para hacerlas, ellas no pueden languidecer como fuegos fatuos, carentes de consecuencias más allá de los titulares de primera plana que provocaron.

Esta semana, cuando se cumple un aniversario más de la firma de los Tratados del Canal de Panamá, todos recordamos que en esa ocasión, a propósito de que nuestro país comenzaría a prepararse para asumir la responsabilidad por el funcionamiento del Canal, muchos manifestaron preocupación porque se pudiese seguir manejando esa función en la forma eficiente que, en general, caracterizó las prácticas de la administración norteamericana.

En forma alegórica y coloquial, se decía que en lugar de “ panameñizar ” la administración del Canal, debíamos “ canalizar ” la administración pública panameña. Con ello se quiso advertir que, lejos de desdibujar las prácticas eficientes y los códigos de conducta que prevalecieron bajo la administración norteamericana, no debíamos perder la oportunidad para copiar las bondades de esas prácticas y conductas éticas para elevar la calidad de la administración pública panameña, tradicionalmente cuestionada. Precisamente cuando se elevó a rango constitucional la administración del Canal, el primer gobierno postinvasión respondió a esta inquietud para mantener a salvo de las malas mañas y de los vaivenes de la política criolla a esta importante organización y preservar así su tradicional buen gobierno.

Hemos visto recientemente un ejemplo de la sabiduría de esa decisión, aunque haya recibido escasa divulgación.

Un funcionario de la Autoridad del Canal y un empresario local han sido condenados a tres años de cárcel por haber cometido fraude en licitaciones públicas de la ACP, propiciando la adquisición de productos a precios exagerados, causando una lesión patrimonial de varias decenas de miles de balboas a la institución. El delito, cometido en complicidad por el empresario y por el funcionario, fue debidamente probado por la Fiscalía Anticorrupción, no dejando más alternativa que una condena ejemplar por parte del juez a quien le correspondió decidir el caso.

El sistema funcionó como desearíamos que funcionara siempre. El camino debe ser siempre igual: ante un delito cometido, la institución coopera en una investigación prolija que resulta en la acumulación de las pruebas necesarias para presentarlas al juez quien —valiente, imparcial y sin miramientos— envía a la cárcel a quienes resulten culpables.

El ejemplo indica que ese sector de la administración pública no se ha “ panameñizado ”, manteniendo sus altos estándares éticos. Está por verse si ese ejemplo se puede adaptar para “ canalizar ” viejas conductas conocidas y cuestionadas. Las acusaciones de compraderas y coimas no pueden quedar en meras llamaradas de capullo: tienen que ser investigadas con la misma acuciosidad y la cárcel debe ser el justo resultado de juicios imparciales. Santo remedio.

*Ex diputada de la República.mireyalasso@yahoo.com