Las reformas al transporte

Mucho se ha escrito y hablado sobre el caótico estado en que se encuentra el transporte público de pasajeros en el área metropolitana, pero hasta la fecha poco se ha hecho para implementar una estrategia coherente que resuelva este grave problema. Los ciudadanos requieren de una urgente decisión que permita de una vez por todas modernizar el transporte público.

En la actualidad, este sistema es operado privadamente por centenares de propietarios que carecen de una estructura administrativa y financiera para atender esta actividad. A través de un sistema de cupos y del arrendamiento a conductores, el sistema de transporte público urbano opera bajo una feroz competencia por pasajeros, que fomenta la competencia en ruta, responsable de las regatas y el desorden con que opera. Los dueños entregan a un conductor el bus y este tiene que darle una suma fija y el tanque lleno de gasolina. Lo que sobra es lo que realmente se lleva el conductor a su casa.

Por otro lado, la organización de las diferentes piqueras carece de infraestructura básica para atender a los usuarios, que tienen que soportar largas filas a la intemperie, bien sea bajo lluvia o bajo el sol.

Si bien es cierto el pasaje se ha mantenido estable en 25 centavos durante los últimos 20 años, la calidad del servicio se ha venido deteriorando en forma alarmante. Con esta tarifa es imposible cubrir los gastos que representa la renovación de la flota vehicular con unidades adecuadas para la prestación del servicio público de los pasajeros. Esta realidad ha llevado a colapsar el sistema.

La semana pasada, y en ocasión del tercer aniversario del trágico accidente del 23 de octubre del 2006, el ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitrius, presentó a la opinión pública la versión de reformas que impulsará la Administración Martinelli con el objetivo de reformar, sustancialmente, el transporte público de pasajeros en el área metropolitana.

El ministro señaló que a finales del 2009 estará listo el pliego de licitación para entregar en concesión a dos o tres zonas, en las que se dividirá el área metropolitana. Estos pliegos incluirán la infraestructura física necesaria para operar, las reglas administrativas de la concesión, los términos financieros y la obligación de quien se gane la concesión de comprar buses nuevos que reemplacen la actual flota. Es decir, el gobierno no comprará los buses, como lo había propuesto la pasada administración de Martín Torrijos. Serán los concesionarios quienes comprarán los buses y todos los conductores serán empleados con salarios adecuados y prestaciones de la empresa concesionaria.

Esta propuesta eliminará uno de los principales problemas del actual sistema, que es la competencia en ruta, que se da entre los conductores que buscan los ingresos para pagarle a los dueños de los buses y el sustento diario del conductor.

Según la propuesta del gobierno, se espera que para marzo del 2010 se pueda adjudicar la licitación y las concesionarias tendrán un plazo predeterminado para iniciar la compra de buses, pero inmediatamente se ganen la licitación serán dueños de la flota actual y comenzará a regir el nuevo régimen administrativo.

La propuesta también incluye un proceso de compensación a los actuales dueños de los buses en circulación y el gobierno ya está en discusión con los dirigentes de CANATRA para negociar el monto de esta compensación.

Importantes sectores de la opinión pública se oponen a cualquier tipo de compensación a los transportistas y razones no les faltan para explicar esta posición. No obstante, desde el punto de vista político, es imposible reformar el transporte público de pasajeros en el área metropolitana sin un acuerdo de esta naturaleza con los gremios transportistas.

Paralelo a esta reforma, el gobierno del presidente Martinelli propone construir la fase inicial del Proyecto del Metro como mecanismo para masificar el transporte urbano de pasajeros.

La transformación del sector transporte es parte de los cambios prometidos por Ricardo Martinelli, pero esta decisión debe obligar al gobierno y a los responsables futuros del transporte público a rendir cuentas por todo lo que ocurra en este proceso de reformas.

Existe una gran desconfianza en la opinión pública sobre que el gobierno cumpla esta promesa de reforma, debido a la experiencia que hemos vivido durante los últimos años. Es por ello que todos los ciudadanos debemos poner nuestro grano de arena, en el esfuerzo por transformar el sistema de transporte.

Hay obstáculos legales que el gobierno deberá resolver antes de iniciar este proceso. Recordemos que bajo el Proyecto de Transmóvil se dio una licitación y está pendiente una decisión en la Corte Suprema de Justicia.

Los usuarios, los transportistas, el gobierno y los dirigentes políticos de este país deberán ponerse de acuerdo para impulsar y hacer realidad de una vez por todas esta reforma del transporte público metropolitano.

*Ingeniero y analista político.blandonc@cwpanama.net