Consulta popular

El presidente Ricardo Martinelli propuso establecer un mecanismo de consulta popular para varias iniciativas del Ejecutivo. En una estrategia audaz, el gobierno primero lanzó la idea de la unidad con las diversas fuerzas en el país para abordar temas puntuales y ahora somete a la opinión pública la idea de realizar, vía referéndum o plebiscito, temas que requieren de consenso para su aplicación.

Las reacciones se dieron de inmediato y, nuevamente el manto de la duda se apodera de los dirigentes de la oposición y de ciertos sectores de la sociedad civil. Lo cierto es que en nuestro país, los mecanismos que tradicionalmente ha utilizado el Estado para relacionarse con la sociedad, han sido marcadamente de intermediación. Es decir, se llega a la sociedad a través de organizaciones que tienen la misión de representar sectorialmente a la población, tales como los partidos políticos o las llamadas organizaciones no gubernamentales para citar algunas.

Durante las dos últimas décadas de democracia, hemos venido presenciando la aparición de una crisis en la que ha entrado el diálogo que se sostiene entre gobernantes y gobernados. Crisis que es el reflejo de la pérdida de credibilidad en que están inmersos los partidos políticos y la mayoría de las organizaciones no gubernamentales.

Es por ello que estamos asistiendo al rompimiento del Estado monopolista del poder, para pasar a un Estado que contribuya a la articulación de esfuerzos sociales en procesos conjuntos con la sociedad. Esta transformación propicia que los instrumentos como la consulta pública a través del referéndum o el plebiscito se privilegien o surjan cada vez más, como métodos efectivos y directos de vinculación para la aplicación de una estrategia política.

Esta iniciativa del gobierno inmediatamente ha planteado las siguientes interrogantes: ¿Cómo consultar a una sociedad compleja y tan diversa como la panameña?; ¿Es la consulta pública una herramienta que puede legitimar la agenda del gobierno?; ¿Cómo garantizar una adecuada representatividad para escoger los temas de la consulta?; ¿Cómo financiar la campaña del referéndum o plebiscito?; ¿Serán vinculantes las decisiones que se tomen?; ¿Respetará el gobierno el resultado de la consulta?; ¿Cómo se garantizará la participación de los partidos de oposición?; y ¿Están dadas las condiciones políticas para una consulta de este tipo?

La experiencia nacional e internacional indica con claridad que la democracia requiere de formas directas para comunicarse con el pueblo. Panamá ha realizado a lo largo de su historia muchos referéndums, que han permitido abordar temas de alta complejidad. El último fue el referéndum sobre la ampliación del Canal de Panamá.

No hay la menor duda de que las iniciativas de la unidad nacional y la de la consulta popular han sorprendido a las fuerzas políticas del país. Independientemente de los temores, dudas, recelos o suspicacias, estas dos propuestas abren un nuevo camino para el entendimiento nacional y sería insensato dejar pasar la oportunidad para perfeccionar nuestra democracia. Cuando la política es el arte de las posibilidades, el deber de todo ciudadano consciente es crear las posibilidades.

La consulta pública históricamente en nuestro país ha permanecido como una herramienta utilizada para cuestiones meramente electorales, pero poco o nada se ha empleado para la formación de políticas públicas o, para la integración de la agenda de gobierno.

Aún suponiendo que las condiciones sociopolíticas están dadas para llevar a cabo exitosamente esta consulta que propone el gobierno, que la alternancia del poder ha sido favorable al desarrollo de este mecanismo de participación, que la sociedad panameña en su conjunto ha tomado conciencia cívica del grado de responsabilidad que tiene en la gestión gubernamental y que existen condiciones económicas para financiar esta iniciativa, debemos atender los obstáculos que de manera práctica se presentan al realizar este tipo de consulta popular.

En esta coyuntura que vive el país, los dirigentes políticos deben tener una clara concepción teórica práctica de la necesidad de crear nuevas formas de lucha política. Al hacerlo estaremos revitalizando el sistema partidario, dándole sentido a la participación de la sociedad y como consecuencia fortaleciendo el sistema democrático.

Entiendo perfectamente las preocupaciones y dudas de los dirigentes políticos y civiles, pero ello no debe ser obstáculo para que analicemos con alto sentido patriótico estas iniciativas. Independientemente de los objetivos del gobierno, una consulta popular siempre arroja la verdad sobre lo que quiere el pueblo y eso es lo importante.

El gobierno deberá definir en las próximas semanas, con claridad, el contenido de su propuesta y es en ese momento en que debemos entrar a debatir la misma y perfeccionarla, de suerte que el esfuerzo valga la pena. Panamá tiene la oportunidad ahora de consultar sobre los cambios constitucionales, la reforma educativa, la reforma sanitaria, entre otros temas.

*Ingeniero y analista político.blandonc@cwpanama.net