Temas Especiales

08 de Apr de 2020

Daniel Delgado-Diamante

Columnistas

Hasta que se haga justicia (I)

Cada día vemos en nuestro país más casos de femicidios, sin la atención y protección de las autoridades policiales

Cada día vemos en nuestro país más casos de femicidios, sin la atención y protección de las autoridades policiales. ¿Cuántas mujeres son asesinadas hoy día por sus parejas sentimentales, con la boleta de restricción en la mano, sin la intervención de la autoridades?

Los casos de violencia doméstica contra la mujer y femicidios en Panamá en los últimos años han llegado a niveles sin precedentes en la historia republicana. En el año 2013 fueron asesinadas 50 mujeres, la mayoría asociadas con motivos pasionales. En el 2014 fueron 40. Y en lo que va del año 2015, son 15 los registrados en el país.

Un caso en particular, en carnavales de este año en Chitré, un agente de la Policía Nacional mató a su pareja sentimental y se suicidó posteriormente. Con conocimiento previo de la amenaza, por sus compañeros y jefes inmediatos. Violencia doméstica que termina en femicidio ante la falta de la atención de las autoridades para evitarlo. Por el contrario, un compañero, tal vez sin esperar ese desenlace, transportó al victimario hacia el lugar de los hechos en un vehículo policial. Me dolió mucho conocer este reciente caso. Explico la razón.

Hace 45 años, también un Domingo de Carnaval, ejercía entonces como subteniente de la Guardia Nacional. Acudí a la protección de una familia, desvalida y amenazada por un miembro de la entonces Guardia Nacional, ebrio y enloquecido por los celos.

Luego de acuchillar gravemente a un compañero cuando trataban de detenerlo, salió del cuartel armado de una bayoneta (puñal militar). Profería amenazas de muerte contra su esposa y suegra. Al intentar disuadirlo al llegar a su casa, se me abalanzó, arma en mano. Realicé dos detonaciones de advertencia al suelo. Al estar el agresor a punto de acuchillarme, accioné contra su pierna para defender mi propia vida del furioso ataque. Si mi intención hubiese sido matar, sin dudas habría impactado en área más letal de su anatomía. Una herida en la pierna luego de dos disparos de advertencia, no refleja la intención de terminar con la vida de una persona.

Este caso trata de un oficial que intentó controlar a un hombre armado y fuera de sí que ponía en riesgo a su familia y a otras personas. Su actuación ese día salvó la vida de una esposa y una suegra. Este caso fue un acto justificado y de cumplimiento profesional del deber y, finalmente, legítima defensa.

Cuarenta años después, en 2008, cuando ostentaba el cargo de ministro de Gobierno y Justicia, intereses políticos hicieron aparecerlo como un acto criminal, tergiversando los hechos en un medio escrito de comunicación social, con una publicación infame, en la forma en que se presentó el caso de manera engañosa. El Comité de Ética del Consejo Nacional de Periodismo, ante el cual presenté una denuncia, declaró que dicho medio había cometido una falta a la ética periodística en el manejo del caso. Esa familia y yo fuimos objeto de una manipulación política. ¿Qué policía se atreverá a intervenir en la protección de una familia amenazada por la violencia doméstica, si en un futuro incierto podría ser acusado de homicidio, en caso que la acción de protección termine con la vida del atacante?

Fui sobreseído en 1970. Ahora el expediente no aparece y se me pretende juzgar por un supuesto homicidio doloso. Pero por 40 años esa familia no presentó denuncia alguna contra mí, conscientes de que ese día mi accionar salvó la vida de una esposa y una suegra, lamentablemente, con la muerte del atacante.

Hemos presentado las defensas legales correspondientes, incluyendo la Prescripción de la Acción Penal. Se argumenta que no es posible contabilizar el tiempo de la llamada dictadura cuando los familiares del difunto no pudieron acceder a la Justicia.

Aún si esa tesis fuera aceptada, a partir de 1990 ya en democracia, se produce otra prescripción. Esa familia nunca hizo denuncia alguna. A las pruebas me remito: Certificaciones de la Comisión de la Verdad, de la Defensoría del Pueblo y declaración jurada del Lic. Rogelio Cruz, procurador de la Nación en ese entonces.

Han pasado siete años y aún no hay una definición de la acusación de un homicidio doloso inexistente, en donde no existió ni hubo intención de segar una vida. Catorce testigos así lo confirman.

Tengo todavía fe en la justicia panameña. Las evidencias en el expediente son bastantes y suficientes para lograr un pronunciamiento razonado para hacerle justicia a un hombre inocente. Así sea.

ABOGADO