Panamá,25º

19 de Feb de 2020

Javier Hurtado Yow

Columnistas

El derecho a un ambiente sano (II)

Si esto es así, entonces, es necesario implicar la economía panameña en el marco del desarrollo sostenible, a fin de asegurar un crecimiento

Si esto es así, entonces, es necesario implicar la economía panameña en el marco del desarrollo sostenible, a fin de asegurar un crecimiento perenne, económica y ecológicamente apto para nuestra sociedad. La protección de un ambiente sano puede reposar sobre valores, tanto conservacionistas como progresistas, partiendo del pensamiento de que este movimiento es portador de las dos tendencias. Entonces, es necesario establecer nuevos arreglos sociales que sirvan de base para comprender la visión de este nuevo mundo que se impone poco a poco en Panamá y los posibles lugares de compromiso entre los ecologistas y la élite económica.

Los actores de presión económica están involucrados cada vez más activamente en las políticas de impacto ambiental y de desarrollo sostenible para un ambiente sano. Esto, además, compromete a científicos investigadores en ecología a buscar estrategias para introducir sus capacidades de reflexión al servicio de un enfoque sobre las finalidades de los procesos administrativos.

Es necesario reconocer los balances y las asimetrías de poder entre los actores precisos de la gestión ambiental del país, a fin de evitar una visión armoniosa y ficticia del funcionamiento de las organizaciones de nuestra sociedad.

No hay que olvidar que en toda política de desarrollo sostenible con manejo socioeconómico y ambiental, para el desarrollo de áreas definidas, la sociedad civil tiene derecho a ser tomada en cuenta para tomar una decisión final. Aunque en realidad esto no ha ocurrido frecuentemente en América Latina. Esta es una situación donde nuestros citadinos, campesinos e indígenas pierden oportunidades como actores relevantes y se crea una debilidad en el pueblo que puede generar grandes amenazas.

Finalmente, si la gestión del derecho a un medio ambiente sano es, en principio, un deber entre los grupos de presión económica, después de las administraciones públicas y las instituciones internacionales, así como de la sociedad civil, entonces, el derecho a un ambiente sano viene a ser un deber de todos.

BIÓLOGO Y EDUCADOR AMBIENTAL (M.SC.).