La Estrella de Panamá
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18 de Oct de 2019

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Jaime Raúl Molina

Columnistas

Oficinas públicas y vestimenta

‘Aunque parezca trivial, es una práctica que revela una actitud muy equivocada sobre la relación entre el Estado y el ciudadano, [...]'

En Panamá seguimos teniendo en la Administración Pública algunas normas pintorescas que parecen sacadas de la era victoriana, y que lamentablemente por inercia siguen siendo aplicadas porque a nadie se le ocurre cuestionar qué rayos hace el Estado dictando a las personas cosas que son propias del individuo.

Tenemos una absurda policía de la moda que aplican en toda oficina pública en este país, en que le impiden ingresar en pantalones cortos (incluso los tipo bermudas), chancletas o sandalias, rollos en la cabeza, camisetas de ‘tirita' en las mujeres o camisetas sin mangas en los varones. Ya sabe usted el peligro que corren nuestros niños de ser corrompidos irremediablemente si ven expuestos los hombros de una persona adulta, ¡ni Dios lo permita!

¿O se imagina usted pasar por el trauma de ver las uñas de los pies a otra persona mientras espera en el Municipio para hacer algún trámite? Afortunadamente la prohibición de entrar en chancletas o en sandalias a oficinas públicas nos protege frente a semejante riesgo de corrupción moral. Claro, que si una dama ingresa a la oficina pública con zapatos abiertos, pero de tacón, como ya no es ni chancleta ni sandalia, mágicamente deja de ser una amenaza para la moralidad pública la exposición de las uñas de los pies de la dama. Me pregunto, además, si en la sucursal del Banco Nacional de Panamá en Pedasí le niegan la entrada al Sr. Cárdenas cuando este llega en cutarras a depositar el producto de la venta de unas cuantas cabezas de ganado.

Dejando la ironía a un lado, el argumento que esgrimen para defender estos códigos de vestimenta es que si no existieran, las personas podrían ir ‘de cualquier manera' a las oficinas públicas. Vamos, ¿y desde cuándo las oficinas públicas son pasarelas de moda? Una persona en pantalones cortos y sandalias no es ninguna obscenidad ni debe ofender a nadie. Y si hay alguna persona que se ofende tan fácilmente, pues ese ha de ser su problema.

El fenómeno me trae a la mente la regulación que había hasta bien entrado el Siglo XX, de qué tipos de vestidos de baño podían usar las mujeres en playas y otros balnearios públicos. Existen fotos de hace menos de cien años que uno puede fácilmente buscar en Google, de policías arrestando mujeres porque vestían bañadores que no cubrían las rodillas. ¡Habráse visto semejante obscenidad, una mujer exhibiéndose en bañador que no le cubre las rodillas! Si a los burócratas que insistían en esas normas puritanas los trajeran en una máquina del tiempo a nuestro tiempo y los llevasen a cualquier balneario, colapsarían de un faracho.

Detrás de estas mojigaterías está la idea de que los individuos son torpes y peligrosos si se los deja a la libre. El que en cualquier oficina pública haya funcionarios que crean que pueden legítimamente negar al ciudadano sus derechos porque este lleva cutarras o pantalones cortos, refleja una mentalidad paternalista. Aunque parezca trivial, es una práctica que revela una actitud muy equivocada sobre la relación entre el Estado y el ciudadano, pues asume que el funcionario es el jefe del ciudadano, cuando en una república se supone que es exactamente al revés. Y he allí el mayor problema con estos paternalismos, pues envían el mensaje equivocado tanto al funcionario como al ciudadano, cosa que resulta en que el primero se crea amo del segundo, y este acepte una condición de súbdito que no tiene por qué aceptar.

En mi despacho de abogado recibo clientes sin exigirles cumplir con determinado código de vestimenta. La enorme mayoría de las personas va vestidas de una manera adecuada. He tenido clientes que visitan mis oficinas en sandalias y pantalones cortos, porque están de vacaciones, por ejemplo, pero como yo sé que vivimos en el Siglo XXI, igual los atiendo. Si se me ocurriera decirles que deben devolverse a casa y ponerse saco y corbata para que yo los atienda, se irían donde otro abogado y el que saldría perdiendo soy yo. En cambio en una oficina pública ya el Estado se quedó con vuestra plata lo quiera usted o no, por lo que no les da temor alguno el negarle a usted la atención con base en excusas espurias. La diferencia es que las oficinas públicas no te ven como cliente, sino como súbdito.

ABOGADO