Justo, equitativo y bienhechor

Tratar a cada quien de acuerdo a sus méritos o deméritos dentro de una compleja y dinámica sociedad donde conviven y se interrelacionan intereses diversos que con frecuencia halan en direcciones opuestas, no es una tarea sencilla ni de ejecución rápida. Bajo regulaciones escritas se determinan la actuación de aquellas autoridades obligadas a mantener un racional equilibrio entre las fuerzas sociales, de manera que el todo avance para permitir que reine el bienestar general. Por eso, la defensa del Estado de derecho debe ser un punto de referencia indispensable en la evaluación de las propuestas electorales colocadas sobre la mesa. Confesar que el respeto a la Constitución y la ley caracterizarán sus pasos desde la Presidencia de la República, no es una oferta impactante de por sí, porque siendo todos producto de las reglas del juego de una democracia, es natural que se propugne por su permanencia y fortalecimiento, para cuyo propósito una de las mejores herramientas es el Estado de derecho. La diferencia viene marcada por la importancia concedida a esta herramienta en el contexto de la propuesta integralmente considerada.

Es cuestión de profundizar en el concepto, con palabras y acciones; explicar, una y otra vez, que la superestructura jurídica no solo guiará sus actuaciones, sino que constituirá el techo de las mismas, que estas se subordinarán a su contenido, no para enquistar la creatividad, sino para enriquecerla y constituirla en el motor de actos de Gobierno genuinos y de alta calidad. Es triste ver a distintas autoridades otorgarle a la ley categoría de camisa de fuerza para justificar su denegación de justicia o su incapacidad en el servicio público, cuando no la utilizan como instrumento para ocultar los ‘negociados' y la corrupción. La ley no es una estatua en honor al bien común, es un ser vivo que alimenta la convivencia para facilitar el crecimiento, maduración y sostenibilidad de la democracia. Autodeclararse fiel al Estado de derecho no es concluyente como para tomar partido; es necesario, además, concederle a este concepto un rango de primer orden en su oferta y, en su desarrollo, entender la ley como afluente de la democracia y un medio ideal para ejecutar una labor pública oportuna, eficiente, recta, duradera y justa, que redistribuya con notable equidad las cargas sociales e impulse la creación de un ambiente propicio al desarrollo e iluminación de las neuronas a objeto de alcanzar estabilidad real en la familia y seguridad de que las autoridades velan efectivamente por el bienestar y felicidad de toda la ciudadanía. No comprender que Estado de derecho es todo esto, es mantener las cosas como están, seguir sintiendo la ley como una limitación y no como debe ser: la luz para hacer las cosas bien y con creatividad, en forma justa y equitativa.

De los cuatro pilares de la acción de Gobierno de Nito Cortizo, el primero es la defensa del Estado de derecho. Buen comienzo. Siempre acompaña este principio con los aditivos necesarios para realizar una gestión transparente, confiable, eficiente y en la cual destaque la rendición de cuentas como parte integral de la administración gubernamental. Las explicaciones consecuentes incluyen taxativamente una real y palpable separación de poderes, con el claro propósito de que cada órgano realice a plenitud sus funciones para que nuestra democracia avance efectivamente y consolide sus estructuras. Nito se muestra amigo de reducir la burocracia, pero no a costa de sacrificar el papel del Estado como orientador de la economía y rector del desarrollo de la sociedad. Él adopta la tesis de un Estado fuerte, con moral, que se haya ganado la confianza de la ciudadanía con su obrar y no con promesas y malabares clientelistas.

Concebir el imperio de la ley en esta forma, no solo implica reconocer que la ley está por encima de los gobernantes, sino que eres enemigo de las diferentes formas del blindaje para la impunidad que hoy existen dentro de nuestro cuerpo de leyes y que combatirá el caudillismo y todos los modos de corrupción. De lo contrario, se trata de más de lo mismo. Ha sido reiterativo sobre que el Estado requiere una transformación importante en cuanto a servicio público se refiere. Es decir, un Estado de derecho que funcione, que su maquinaria esté al servicio de la población, que la ley no ampare las injusticias ni las ineficiencias, que la jerarquía sea producto de hacer las cosas bien, con justicia y equidad. La propuesta de Nito Cortizo hace suya esa vertiente del pensamiento que entiende el Estado de derecho como un nutriente para crecer y no solo como una muestra de agradecimiento a un sistema que le permitió postularse. Así sí.

ABOGADO