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23 de Sep de 2019

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Genaro López

Columnistas

¿Medidas para quiénes?

A la Asamblea Nacional ha llegado el proyecto de Contrataciones Públicas y el de Asociación Público-Privada

Acelerada carrera por acondicionar un conjunto de leyes a las exigencias de los organismos financieros internacionales y para garantizar los negocios de grandes sectores empresariales, es la prioridad del Gobierno PRD de Cortizo.

A la Asamblea Nacional ha llegado el proyecto de Contrataciones Públicas y el de Asociación Público-Privada (APP). En cuanto a la Ley 22 de 2006 (Contrataciones Públicas), so pretexto de garantizar ‘control, eficiencia y transparencia', tal como han manifestado todas las administraciones de Gobierno anteriores, sin embargo, la corrupción se acrecienta; está dirigido a facilitar y hacer más expedito a los empresarios el proceso de contrataciones. El proyecto plantea ‘evitar que empresas condenadas por casos de corrupción obtengan contratos con el Estado', mas, se mantienen las ya adjudicadas (caso Odebrecht).

En cuanto a las APP, está dirigido a incentivar inversión privada en obras públicas, en el marco que la principal fuente de acumulación de capital privado se está gestando por la vía del Estado (Construcción de infraestructura y servicios provistos actualmente por el Estado). Ello explica por qué el ministro de Obras Públicas es quien presenta el proyecto, mismo que viene del sector empresarial. Las APP son otra forma de privatización impulsada por el Banco Mundial (BM).

El BM, en el 2014, creó su propio Mecanismo Mundial de Financiamiento de la Infraestructura (GIF), concebida para facilitar la preparación y estructuración de APP de infraestructuras complejas, y en 2016 el mismo Grupo se comprometió a servir de secretaría de la Alianza Mundial de Conectividad de Infraestructuras. También desempeña un papel fundamental en el momento en que formula orientaciones normativas, que los países toman como referencia (Marco para la divulgación de información en las APP, informe sobre disposiciones contractuales recomendadas de APP y directrices sobre propuestas espontáneas).

En el fondo, lo que busca es que el país sea más competitivo ante el mundo, garantizar incentivos a la inversión privada, fomentarlas en aquellas actividades que involucran un pago por parte de los usuarios (tarifas), garantizar al Estado el margen de ganancia proyectado por los empresarios (tal como ocurrió con los corredores); es decir, ‘ganar-ganar' por parte de los empresarios. Una de las actividades en la mira de los empresarios es el recurso hídrico, incluyendo el agua para consumo humano. Al final las APP son deudas a largo plazo.

En el marco de ello, el ministro de Economía y Finanzas ha planteado una política de austeridad, viejo esquema neoliberal de ‘apretarse el cinturón' impuesto con fuerza al pueblo panameño durante la ejecución de los programas de ajuste estructural en los ochenta, que en la práctica significó recorte del presupuesto de inversión social (salud, educación, vivienda) y disminución de la planilla estatal. Hoy, Alexander retrotrae las mismas medidas. Salud y educación son los sectores más afectados, lo que evidencia las prioridades del actual Gobierno. En el caso del Minsa y la CSS, representa el 27.5 % del recorte, lo que significa una política pública dirigida a seguir profundizando la ‘crisis', a fin de justificar la privatización a través de externalizaciones, tercerización, APP. En educación, a pesar de las precariedades en materia de infraestructura y material didáctico, el recorte alcanza el 5.7 %, lo que significa que la ‘estrella' de Nito no está dirigida a fortalecer la educación pública, sino a aupar grupos privatizadores de la educación. Siguiendo el esquema neoliberal que este país no requiere licenciados, dos casas de estudios superiores (UP y UTP), son afectadas, al aplicárseles un 2.0 % menos de sus ingresos. La tan cuestionada Asamblea Nacional, por negociados, altas prebendas y planillas a los diputados, a penas el 0.51 %. En total, un recorte de 1483.7 millones de dólares que no atiende el principio de ajuste del presupuesto nacional ‘garantizar eficacia' (alcance de objetivos), sino que camina a mantener gastos suntuarios, negociados y corrupción.

En esta política de ajuste, también se incluye el recorte de la planilla estatal. Son 500 millones de ‘ahorro' en el presupuesto de funcionamiento, siendo planilla el principal componente, que, como ha sido histórico en la partidocracia, se centra en los verdaderos funcionarios y no en el cuerpo de la alta burocracia que recibe sueldos elevados y otras canonjías. El Presupuesto del Estado para el 2019 será recortado en unos 988.3 millones en materia de inversión, alegándose que se trata fundamentalmente de obras que no han iniciado su ejecución, sin atender la necesidad o la urgencia que ellas puedan implicar, mientras que se mantienen obras cuestionadas por su falta de transparencia y nula prioridad.

Pregunta el pueblo ¿cuánto le recortaron al presupuesto de la Presidencia, Despacho de la Primera Dama; por qué no se eliminan los gastos innecesarios y los focos de corrupción?

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI - FRENADESO.