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21 de Jan de 2020

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Leopoldo E. Santamaría

Columnistas

Justicia y abogados..., una opinión

La administración de justicia es un servicio público, competencia del Órgano Judicial, cuyas decisiones, no siempre se ajustan a los preceptos citados...

La Justicia es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. La administración de justicia es un servicio público, competencia del Órgano Judicial, cuyas decisiones, no siempre se ajustan a los preceptos citados, bien porque en el funcionario investido de la facultad de decidir predomine la subjetividad, porque el caudal probatorio no elimine las dudas razonables o por imponderables, como suele ocurrir con la venalidad. Por mandato constitucional, la administración de justicia, debe ser gratuita, expedita e ininterrumpida; no obstante, la mora judicial así como las reiteradas denuncias por presunto tráfico de influencias y por falta de independencia, en algunas decisiones, han comprometido, seriamente, la credibilidad en el sistema, de cuyo desempeño, depende la paz y la estabilidad social, basada ésta en el mantenimiento del equilibrio. Desafortunadamente, desde las más altas esferas de la estructura se han señalado irregularidades, que aunque graves, terminaron disipadas, dado que ninguna fue investigada; lo que generó desconfianza e incertidumbre, a niveles tales, que hoy tornan imperativa la necesidad de un saneamiento integral.

Precisamente, en este contexto, el proceso seguido para la designación de los nuevos magistrados, luce como un aldabonazo, por demás, oportuno y premonitorio de rectificaciones, ya que se recurrió a criterios de ponderación, indicativos de respeto y voluntad política para mejorar, así como de interés en salvaguardar la institucionalidad; elementos todos que favorecen la independencia en el ejercicio del cargo. Solo superar el recriminable método del “dedazo”, usado para designar a los magistrados, constituye un avance significativo, congruente con el ideal quintiliano, que valora la justicia como virtud; por lo que es una iniciativa prometedora, que al incluir aspectos de orden ético, permitió anteponer los méritos y la probidad a cualquier consideración ajena al proceso de selección; condicionando ello un ambiente más favorable.

La ciudadanía nacional es consciente que los nuevos magistrados, además de ser minoría, enfrentarán grandes retos, porque han sido tantas las felonías denunciadas, de jueces y de abogados, que sin duda, las expectativas rebasan la capacidad de producir, a mediano plazo, un mejoramiento sustancial en la administración de justicia. Y si bien, nada puede garantizar que se reduzca la corruptela y la degradación de la profesión, la racionalidad exige iniciar un proceso de renovación moral en toda la estructura del sistema. Y aunque con las debidas reservas, convendría recordarles a los nuevos magistrados y suplentes, la anécdota clásica del Derecho, sobre el Rey de Prusia, Federico II, quien primero intentó comprar y luego expropiar un molino que arruinaba la vista de su palacio. El dueño del molino impugnó la decisión y llevó el caso ante un juez, quien, finalmente, le concedió la razón al humilde molinero. Decisión que el Rey, aunque inconforme acató, expresando: “Veo con asombro que aún hay jueces en Berlín“.

El país necesita, con urgencia, jueces de esa clase, con la integridad moral, la probidad profesional y la fortaleza de carácter necesaria, para actuar con independencia y con la convicción profunda, que al impartir justicia, lo hacen en estricto apego a la verdad de los hechos y al ordenamiento jurídico vigente. Que nadie esté por encima de la ley ni existan fueros, privilegios ni discriminación, en razón de ninguna condición, atributo, o status económico, político o social. Jueces que respeten el derecho de todo ciudadano a ser protegidos por el Estado, Jueces que respeten el derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso y a la defensa; para que nadie sea juzgado sino por autoridad competente y en juicio donde se respeten todos los derechos y garantías conferidas por la Constitución y las leyes de la República.

Aunque no tenemos un régimen monárquico, por más que uno u otro advenedizo, con rasgos de soberbia y autoritarismo confunda la realidad con sus fantasías; en el pasado reciente, uno de tales, creyéndose supremo soberano, estableció una procuraduría paralela, que selectivamente y en contubernio con el Ministerio Público, investigó a un grupo de ciudadanos, a muchos de los cuales, incluso, privó de libertad; para lo cual, asumieron como válidas, “noticias” difundidas en medios afines. Situación que debe ser investigada y quienes resulten culpables, que paguen por ello. Solo jueces probos e incorruptibles, conscientes de su deber como custodios de la legalidad podrán devolver la confianza en la administración de justicia. Jueces que actúen en consecuencia con lo que la población demanda y merece, que prevalezca la recta y oportuna administración de justicia. Y sobre todo que tengan muy presente que el encubrimiento, la impunidad y la falta de certeza de castigo, son los mejores promotores de la delincuencia. Nos convendrá dejar pasar semejantes abusos y exponernos a repetir tan vergonzante historia?. Considero que aún hay jueces en Panamá. Usted qué opina?.

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