Política económica en tiempos de coronavirus

La pandemia causada por el coronavirus ha puesto en la mesa la discusión sobre qué hacer en materia de política económica en estas circunstancias, y posterior a ella. Se trata de una situación de crisis, pero con características distintas, a la de 2007/8, por ejemplo. Las medidas para contener la propagación del virus han implicado paralizar una parte importante de la actividad económica, por lo que es de esperarse que devenga una contracción de la oferta, debido a que los trabajadores no están produciendo. Aquella pregunta de quién produce la riqueza debería estar saldada. Los propietarios de empresas continúan teniéndolas, pero sin trabajadores nada son. Un ultraortodoxo de la economía contestó una pregunta que hacia un periodista en redes sociales sobre por qué las empresas (empresarios) estaban subiendo los precios ahora en la pandemia, diciendo, “es una cuestión de oferta y demanda”. Cinismo descarado, bien merecido reiterarlo. Pero, acabado el inventario ¿qué tendrán que vender-comprar?

La política económica impulsada por el FMI y otros organismos similares se ha preocupado por salvar a las empresas. Los Gobiernos, a través de las entidades monetarias, han destinado enormes cantidades de recursos a este propósito, acompañadas de medidas fiscales favorecedoras a las grandes empresas productivas, de servicios y financieras. La población en general clama por el congelamiento del pago de servicios básicos (agua, luz, teléfono, internet) y del pago de créditos bancarios, los intereses, alguien del patio, quien en algún momento mandó a la población a buscar agua al río, dijo que “la suspensión de estos pagos podría tener un efecto negativo para las empresas”. Pero hablaba por la clase empresarial. Guillermo Chapman, un asesor neokeynesiano que después de la invasión de EE. UU. a Panamá se pasó a la ortodoxia neoliberal, dijo: “hay que mantener los ingresos de la gente y mantener las empresas aceitadas”. Recomienda que hay que dejar que la banca se autorregule, que se deje al lobo cuidar los pollitos. Otro representante de los gremios empresariales afirmó que “los bancos no pueden dejar de cobrar los intereses de los pagos atrasados”. El punto es que al sector empresarial no se le puede tocar, y menos el financiero, porque es la “catástrofe”, cuando la verdadera catástrofe es que la gente no tenga ingresos para vivir. El mundo al revés.

Algunos Gobiernos han reconocido el pago de salarios a los trabajadores por un tiempo limitado y en porcentajes inferiores, similar al seguro de desempleo que existe en varios países, y que acá, la casta empresarial se alarma cuando se plantea la necesidad de este seguro. La gente no puede tener un trabajo formal, aunque quiera, porque el sistema económico no genera los empleos necesarios para ellos. Socialmente existe una responsabilidad con estos trabajadores.

Contrariamente, todos los recursos se destinan a “rescatar empresas” y los trabajadores que vean cómo sobreviven. Incluso, se ha pretendido penalizar al trabajador del sector público que continúa laborando y recibiendo su salario, obligándolo a aportar al inventado plan “Panamá Solidario”, pero no se le ocurre al Gobierno ponerle un impuesto a quienes han acumulado riqueza a niveles inimaginables; impensable en la mente de quienes responden a los intereses de los grandes capitales, de adentro y de afuera. El Decreto 81 faculta a las empresas a despedir trabajadores sin pago de salarios. El trabajador es el que debe aportar en la crisis y es el que más sufre la crisis. Debe pagar por ella, parece ser la consigna del Gobierno.

Pero, ¿qué política económica corresponde en la coyuntura y posterior a ella? No puede ser una política contractiva, como han anunciado los Gobiernos y recomiendan los organismos internacionales, lo que también ha suscrito el Gobierno de Cortizo.

La desigualdad se acrecienta y la capacidad de demanda se deteriora todavía más, así como la concentración de la riqueza se agrava. Los bancos centrales han disminuido las tasas de interés, con lo cual hay dinero barato para las entidades financieras, pero en nuestros países la tasa de interés no disminuye. Los bancos dicen que otorgan facilidades de pagos, pero continúan cobrando los intereses, con lo cual la deuda aumenta. Como en la crisis de 2007/8, los beneficiados son el capital financiero y los grandes grupos corporativos, sin capacidad de mejorar la distribución de la riqueza, aumentar la demanda de los trabajadores y reactivar la economía.

En Panamá, la política monetaria, por incipiente que sea, la controlan los bancos y la Superintendencia es su instrumento. Requerimos una instancia monetaria-financiera gubernamental con criterio de interés nacional y no privado, que regule las cuestiones monetarias-financieras, en el marco de las limitaciones que se tiene por carecer de emisión de papel moneda, que impida que sean los propios bancos quienes se regulen.

La privatización del sistema de salud y de educación, así como de servicios estratégicos debe ser reconsiderada. El Estado debe destinar recursos a lo que verdaderamente importa; fortalecer el sistema de salud y educación, y tomar control de los servicios estratégicos. La crisis potenciada por la pandemia ha evidenciado que tales servicios, incluyendo los hospitales, no pueden estar absolutamente en manos privadas, para evitar que ejecuten una atención selectiva y elitista. Los monopolios y oligopolios medicamentos y alimentos tienen que ser intervenidos para favorecer las necesidades que exige la pandemia y evitar la especulación. Garantizar un mínimo de ingreso a las familias para que puedan quedarse en casa; sin ingreso, si no mueren por el coronavirus, morirán de hambre.

Después de la pandemia, no se puede esperar que el sector privado sea el que dinamice la economía. Se requiere fuerte inversión gubernamental, reorientar la actividad económica hacia la producción alimentaria autosuficiente y sostenible, retomar el control de los sectores estratégicos (agua, electricidad y comunicaciones), el control de precios para evitar la especulación y el acaparamiento. La deuda se debe pagar según se pueda y no hacerlo una prioridad. La política salarial debe producir aumentos en los niveles de salarios más bajos para estimular la demanda. La política fiscal debe controlar férreamente la evasión fiscal, volver al sistema tributario progresivo y que el que gane más pague más, sobre todo gravar las ganancias de los grandes conglomerados, y reajustar el gasto social, excluyendo lo superfluo (gastos de representación, viáticos, autos, dietas y celulares, entre otros) y priorizar el gasto en salud, educación, agua potable, vivienda, infraestructura rural.

La política de liberalización económica a ultranza ha debilitado las capacidades de respuesta del Estado frente a las crisis; la pandemia solo las ha puesto al descubierto. Es tiempo de dar por terminada la política neoliberal.